La sacudida en el sector de Comunicaciones y Transportes, con la militarización de las terminales portuarias y el relevo de Javier Jiménez Espriú, amenaza con reactivar las investigaciones por corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que pondría a la justicia mexicana en un verdadero circo de tres pistas.

Por un lado, la Fiscalía General de la República impulsa el caso Lozoya hacia una negociación política, en la que, con señalamientos de posibles sobornos a personajes que en 2013 aprobaron la reforma energética, se legitimen las actuales directrices en materia de energía y, de paso, se obtenga un beneficio en materia electoral.

Se apunta con esta estrategia a posibles rivales de la 4T en las urnas, como una buena parte de los mandatarios integrantes del grupo de Gobernadores de Acción Nacional, mejor conocido como GOAN, y a los exsenadores también del PAN que mantienen vínculos con el expresidente Felipe Calderón.

En una segunda pista se encuentra el caso Odebrecht, quizá uno de los más escandalosos por sus dimensiones internacionales, y en el que México se mantiene como único país en el que las investigaciones no han resultado en un adecuado proceso de judicialización.

Aquí mucho tienen que ver los españoles: el exjuez Baltasar Garzón, abogado de Emilio Lozoya, junto con Antonio Navalón. Ambos entraron a un caso prioritario para su país de origen, pues, dar seguimiento al caso Odebrecht y a sus involucrados, aleja las investigaciones de otro gran escándalo del sexenio anterior: los beneficios a OHL.

Más que la brasileña Odebrecht, la española OHL se convirtió en el símbolo de la corrupción de Enrique Peña Nieto, no sólo en la Presidencia de la República, sino durante su gubernatura en el Estado de México, precisamente durante la gestión del hoy fallecido Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Esta es justamente la tercera pista, la que se abre también con la posible judicialización de las investigaciones contra el grupo cercano a Ruiz Esparza, en las que incluso estaría involucrado su hijo Gerardo Ruiz Dosal y, por supuesto, el grupo que presidía en España Juan Miguel Villar.

La UIF de Santiago Nieto ya presentó ante la Fiscalía General de la República un par de denuncias contra estos funcionarios; específicamente, por las irregularidades cometidas en las contrataciones de proyectos carreteros, las cuales se mantienen vivas a pesar del fallecimiento de quien sería el máximo responsable de estas adjudicaciones.

Se espera igualmente que la sacudida en el sector de los puertos alcance al excoordinador de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, a quien se le encomendó en ese entonces la tarea de modernizar los 16 puertos federales del país, con un presupuesto de 76 mil millones de pesos para manejar a manga ancha.

En consecuencia, la investigación alcanzaría a su amigo, compañero de juego en las canchas de golf y de vuelos en helicóptero: el exsenador Emilio Gamboa Patrón, pues como le hemos relatado en este espacio, todos los grandes proyectos pasaban por su escritorio antes de licitarse o adjudicarse.

Se recuerda la anécdota en la que Gamboa Patrón, en compañía de Ruiz de Teresa, fueron exhibidos por violentar la reserva natural protegida Arrecife Alacranes, en Yucatán, al aterrizar el helicóptero Bell 412 para luego seguir con su camino en yate.

En ese viaje los acompañó el contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Díaz Castellanos, situación que en ese entonces constituyó un evidente conflicto de interés, a pesar de que el empresario y Emilio Gamboa mantenían una relación desde la adolescencia que se fue fortaleciendo a la par de que ambos fueron ganando terreno en lo corporativo y en lo político, respectivamente.

La caja de Pandora y los amplios expedientes de la UIF y la FGR sobre el sector de Comunicaciones y Transportes del gobierno pasado, en especial de los personajes más cercanos al exsecretario Gerardo Ruiz Esparza, tanto políticos como empresariales, están por abrirse, con el beneficio político-electoral que esto representa al gobierno del Presidente López Obrador.

El nuevo titular de la SCT

Si bien la salida de Jiménez Espriú de la SCT estaba cantada, lo que nadie se esperaba era que llegara a su puesto Jorge Arganis Díaz Leal, sobre todo porque el fin de semana pasado el Presidente instruyó a su coordinador de asesores Lázaro Cárdenas Batel estar atento ante una posible designación.

Jiménez Espriú pidió encarecidamente al Presidente dejar al frente de la SCT a un ingeniero. Arganis Díaz Leal es ingeniero por la UNAM y hasta ayer se desempeñaba como director de la filial de Pemex PTI Desarrollo de Infraestructura, encargada de la refinería de Dos Bocas.

Su historia con la 4T no es la mejor. En mayo de 2019 fue el encargado de definir a Grupo Huerta Madre como empresa que prepararía los terrenos para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Este grupo ha sido relacionado con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y su familia, mientras que arrastra cuestionamientos por haberse constituido días antes de que el gobierno le entregara un contrato multimillonario.

Sobre su nombramiento al frente de la SCT, hay dos hipótesis: que desde Comunicaciones y Transportes se apoye a PMI en la construcción de la refinería, o que le quitaron a Nahle a este funcionario por los escándalos de presunta corrupción.

Limpian Segob sin seguro social

El equipo de Zoé Robledo debe poner el ojo en los 550 trabajadores de limpieza que prestan sus servicios a la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, quienes se habrían quedado sin seguridad social en plena pandemia, debido a que Industria de la Construcción y Proyecto Vial S.A. de C.V. no los habría afiliado al IMSS, tal como lo denunció desde abril pasado la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza.

La organización, a cargo de Marco Reyes Saldívar, hizo llegar una misiva a la directora General de Incorporación y Recaudación del instituto, Norma López Castañeda, para exponer la situación de los cientos de afectados, quienes no solo se habrían quedado desprotegidos frente a uno de los virus más letales de la época actual, ya que tampoco habrían cotizado debidamente ante el Infonavit y Fondo de Pensiones. Para el instituto, la falta de inscripción, presuntamente cometida de marzo a abril, representaría la evasión de cuotas obrero-patronales, tan necesarias para su financiamiento, sin olvidar que la empresa tabasqueña habría violentado la Ley del Seguro Social.

 
@MarioMal
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