José Heriberto Rojas Lemus fue detenido en Ojinaga, estado de Chihuahua, al lado de presuntos miembros del grupo criminal conocido como La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez.
El 25 de julio de 2008, en los meses más efervescentes de la Operación Conjunta Chihuahua, militares de una unidad especial, la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada, CINE, trasladaron a Rojas Lemus y los otros detenidos, entre los que había algunas mujeres, a una instalación militar.

Al joven Rojas Lemus, que no llegaba aún a los 20 años de edad, lo empaparon, le dieron toques en los testículos: querían sacarle información sobre el asesinato de Isauro Pérez, soldado al que alguien había acribillado hacía unos días.

Rojas Lemus se convulsionó y desvaneció durante la tortura. Cuando dejó de moverse, los militares llamaron a un médico, a fin de que “lo reviviera”. Al joven, sin embargo, se le había ido la vida.

El cuerpo fue subido a una camioneta y conducido a un rancho cercano, El Virulento. Los militares, al mando del mayor Alejandro Rodas Cobón, le prendieron fuego y luego dispersaron las cenizas en un arroyo.

Habían hecho lo mismo un mes antes con otro hombre apodado El Azteca.

En agosto de ese año una denuncia llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Secretaría de la Defensa se vio obligada a llevar a cabo una investigación. En un primer momento negó que hubiera militares involucrados en los hechos y que existiera registro de que un José Heriberto Rojas Lemus hubiera ingresado alguna vez a instalaciones de carácter militar.

Se comprobó finalmente que elementos de la Tercera Compañía, a quienes los medios bautizaron como “El Pelotón de la Muerte”, habían realizado sistemáticamente, entre 2008 y 2009, en tiempos de la guerra decretada por Felipe Calderón, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, torturas, asesinatos y violaciones a las leyes de inhumación.

En el alojamiento de uno de los implicados, el teniente coronel José Julián Juárez, se hallaron envoltorios de cocaína y mariguana. Juárez confesó que eran empleados “para agravar el delito de las personas que se detienen por narcotráfico”.

El excomandante de la guarnición militar de Ojinaga, el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien según las autoridades había dado órdenes directas para que Rojas Lemus fuera desaparecido, fue acusado también de robar los inmuebles que “el pelotón” cateaba. Se le acusó de haber extraído de una casa, en julio de 2008, recámaras, un juego de sala, dos DVD’s, joyas, una laptop, ropa, una lavadora e incluso una camioneta Tahoe que hizo pintar de verde, a la que le puso números oficiales, y empleó para su uso particular.

Moreno Aviña recibió en abril de 2016 la pena más alta que ha recibido en México un militar de su rango: 52 años (a los que se sumaron otros diez al ser hallado responsable del robo al inmueble).

Él se declaró “chivo expiatorio” del Ejército en un momento en que, por razones políticas, a la Sedena le era necesario “sacrificar oficiales de alto rango”.

El caso del general Moreno Aviña es considerado hoy por los altos mandos del Ejército como una de las grandes traiciones al instituto militar cometidas en los años recientes. Resulta paradójico que días antes de que la sentencia fuera dictada, el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreciera una disculpa pública a la sociedad, por los actos de tortura que dos miembros del Ejército habían cometido en contra una mujer en Ajuchitán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.

Cienfuegos dijo entonces, ante 26 mil soldados, que “quienes actúan como delincuentes, no solo incumplen la ley, sino que no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas”. En un discurso que fue considerado histórico entre los generales, el general secretario dijo que los malos integrantes del Ejército “empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres”: “el esfuerzo aportado por alrededor de 50 mil compañeros, todos los días, en todo el país, hasta en los rincones más apartados, en las sierras, costas, en áreas urbanas y rurales altamente conflictivas”.

Altos mandos de la Sedena recuerdan hoy ese discurso, y entienden que la detención por agentes de la DEA del exsecretario de la Defensa representa una crisis mayor, y también un golpe devastador para la moral de una tropa que lleva más de una década enfrascada en “una lucha que nadie quería librar y que ha sido sostenida por lealtad”.

En los días que han pasado desde la aprehensión, la cúpula militar ha transitado del estupor, a la consternación, al dolor, a la extrañeza.

Militares de alto rango consultados ayer afirman que Cienfuegos fue un modelo dentro de la Sedena. Durante un cuarto de siglo ocupó cargos en el sistema educativo militar (fue director del Colegio Militar; subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor, director del Centro de Estudios del Ejército) y fue un ejemplo: el responsable de la formación de miles de militares.

El Ejército entero trabajó bajo sus órdenes. “Todos somos los mismos, los que estuvimos con Calderón, los que estuvimos con Peña Nieto, los que estamos ahora con el presidente López Obrador. Por eso la noticia nos tiene consternados”, relata un general.

Dentro del Ejército hay gran expectación por la audiencia que se llevará a cabo en unas horas. “En una estructura tan vertical, los malos pasos se huelen, se sienten. Los operativos implican movilización de gente, de armas, de dinero, de recursos. Todo eso implica mucha gente y entraña para el que los ordena responsabilidades legales y administrativas que no pueden ocultarse”, me dicen.

Pregunto qué tan verosímil suena, para la cúpula militar, la acusación de la DEA. Transcribo la respuesta:

“No tenemos información. Hasta que no haya algo más, le damos a Cienfuegos el beneficio de la duda”. 

@hdemauleon