Parece que se está haciendo costumbre que cada vez que se da un cambio de delegados, ahora alcaldes, en la Ciudad de México se descubra un desorden —por decir lo menos— en el manejo de los recursos públicos.

Los 16 nuevos alcaldes de la capital del país tienen poco más de 20 días al frente de sus demarcaciones y luego de conocer las finanzas que heredaron se percatan de que el dinero no alcanzará para terminar el año, que los recursos existentes están comprometido por contratos que asignó la autoridad que los precedió, que las cuentas están en ceros o que muchas oficinas fueron saqueadas.

La Secretaría de Finanzas del gobierno central, en cambio, tiene otros datos. En un corte al 30 de septiembre asegura que las 16 alcaldías contarán para el último trimestre con 17 mil 923 millones de pesos, pero la realidad es diferente.

En Iztapalapa, por ejemplo, la alcaldía señala que para el último tramo del año efectivamente tienen 1,894 millones de pesos, aunque solo quedan libres 13 millones 900 mil pesos, debido a que el resto está comprometido en las áreas de materiales y suministros, servicios generales, programas sociales y obra pública. Su margen de maniobra es mínimo, pues más de 99% del presupuesto está asignado.

El resto de las alcaldías se encuentra en situación similar, de acuerdo con al información que publica hoy EL UNIVERSAL.

Hace tres años, en el relevo de administración, la entonces delegada de Tlalpan Claudia Sheinbaum presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Capitalina “en contra de quien resulte responsable” por la falta de equipamiento y mobiliario en las oficinas delegacionales. El titular de Azcapotzalco presentó también una querella por haber encontrado en un deportivo sanitarios y vestidores de lujo para uso exclusivo del delegado que le antecedió y sus funcionarios. En la delegación Xochimilco encontraron que las oficinas de atención al público carecían de computadoras en funcionamiento.

Sin que se considere persecución o cacería de brujas, esta vez como hace tres años los alcaldes entrantes deberían de presentar las denuncias penales correspondientes para que la autoridad llame a cuentas a los encargados de las finanzas anteriores y no quede sin castigo el presunto mal uso de los recursos públicos. La menor sospecha debe ser investigada.

Y para los nuevos responsables de las alcaldías la exigencia mínima es de total transparencia y un manejo correcto de recursos para que la historia no vuelva a repetirse en 2021.