Cuerpos de seguridad priistas se meten a la 4T

Mario Maldonado

Hace más de 30 años, los gobiernos del Estado de México construyeron una corporación de corte policiaco que se quedó en el limbo entre las labores de seguridad pública y privada, pero que cumplió el objetivo de desviar recursos del erario mexiquense.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la corporación conocida como Cusaem extendió sus servicios de vigilancia al ámbito federal y, en contra del discurso de honestidad y transparencia que abandera la administración de Andrés Manuel López Obrador, sigue recibiendo jugosos contratos de diversas dependencias.

Con fecha de creación del 29 de junio de 1988, los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México –nombre completo y actual del Cusaem– fueron creados para ofrecer servicios de vigilancia a las dependencias del sector público, según los propios funcionarios del Edomex, en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno estatal, quienes las reconocían en todo momento como un brazo de apoyo.

Durante años, su accionar y naturaleza pasaron prácticamente desapercibidos a nivel nacional, hasta que Peña Nieto, ya en la Presidencia, la consolidó como su policía privada. De 2013 a 2018, la corporación pseudo policiaca obtuvo contratos con las dependencias peñistas por más de 3 mil millones de pesos.

A la corporación se le vincula directamente con el expresidente de la República, pues fue en sus administraciones, tanto en el Estado de México como en el Ejecutivo federal, cuando el organismo experimentó sus momentos de bonanza, pero la operación real del negocio se atribuye a sus colaboradores Luis Miranda Nava y Alfonso Navarrete Prida, quienes colocaron a sus cercanos en la titularidad del organismo.

A pesar de ser un ente que se presentaba a las adjudicaciones como privado, y por tanto no susceptible de ser auditado como un organismo público, el Cusaem se encuentra finalmente en la mira de la Auditoría Superior de la Federación por dos contratos que suman más de 800 millones de pesos para resguardar las instalaciones de la Policía Federal, firmados entre abril y mayo de 2018.

En la Fiscalía General de la República ya existe una denuncia contra los funcionarios de la PF que intervinieron en dichos contratos, toda vez que no hay evidencia de que se hayan prestado los servicios, aunado a que resulta extraño que las fuerzas de seguridad más nutridas y especializadas del país hayan contratado a un proveedor externo para resguardarse a sí mismos y a sus instalaciones.

Para extender sus servicios a un considerable número de instancias federales, Cusaem utilizó diferentes razones sociales, entre ellas las de Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México; Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Toluca, y Jefatura Industrial del Estado de México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco.

Las empresas siguen vigentes en los contratos públicos para los ejercicios de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para 2029, el primer año de la nueva administración, los cuerpos de seguridad mexiquenses obtuvieron 49 contratos por una cantidad acumulada de 675 millones de pesos, con dependencias como la SCT, la Secretaría de Salud, la Sader, el ISSSTE, Conagua y Segalmex. Para 2020, y a pesar de los múltiples señalamientos que se han hecho en su contra, Cusaem aún cuenta con cuatro nuevos contratos para resguardar las instalaciones del Indaabin y la Profepa.

Nueva orden de aprehensión contra Gil White

Un Juez de Control de la Ciudad de México libró ayer una nueva orden de aprehensión contra Gonzalo Gil White, Carlos Enrique Willamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann Delong, relacionados con la empresa Oro Negro.

El asunto tiene que ver con el presunto uso de empresas factureras para desviar recursos de Oro Negro, según lo expuesto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Al exdirectivo se le imputan cerca de 100 millones de pesos direccionados hacia la empresa Elementos Visionarios, la cual fue incluida como facturera en la lista que publica la Secretaría de Hacienda a través del SAT. También se acreditó que esos recursos se enviaron por servicios que nunca fueron prestados.

Esta es la cuarta orden de aprehensión que se emite contra Gil White. Aquí contamos que hace poco logró que se cancelara la ficha roja de la Interpol, pero aún mantiene órdenes de aprehensión en México.

 

SB Biosensor obtiene registro para pruebas rápidas

La firma coreana SD Biosensor desarrolló la prueba Standard Q AG para detectar de manera temprana la infección por Covid-19, misma que cuenta con el aval de la OMS y en México acaba de ser aprobada por la Cofepris.

Se trata de una prueba con un nivel de especificidad de 100%, de acuerdo con evaluaciones del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. De las tres pruebas que actualmente cuentan con permiso para ser comercializadas en México, esta es la que obtuvo los mejores resultados.

En México, la prueba es distribuida por la empresa Kana Undesa, de Fernando Godoy, y PMI, de Mauricio Villanueva, las cuales unieron su experiencia de 15 años en el ramo farmacéutico para realizar este proyecto.

Otra ventaja de esta prueba, además de la rapidez del diagnóstico, es su bajo costo y la facilidad para llevarla a lugares en zonas alejadas de las grandes ciudades. A través de un código QR, las personas que se realicen la prueba podrán descargar una guía que contiene acciones concretas a seguir dependiendo del resultado obtenido, ofreciendo una orientación valiosa para el usuario final.

La efectividad de la prueba se constató en miles de personas que se la aplicaron en Corea del Sur y China, quienes en 15 minutos posteriores se pudieron enterar de si eran o no positivos al Covid-19.

 

Van contra ciberataques

Hoy se llevará a cabo la entrega de los reconocimientos del concurso “Innovation 4 Security - Cybersecurity Challenge 2019”, organizado por la firma Silent4Business, que lleva Layda Delgadillo, y que tuvo como objetivo reclutar talento mexicano de 36 universidades que participaron en el scouting para desarrollar iniciativas, productos o servicios en el rubro de la ciberseguridad.

Esta apuesta es fundamental para el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación, pues México se ubica entre los primeros 15 países a nivel mundial que reciben ciberataques y segundo en América Latina, sólo después de Brasil. Asimismo, el sector financiero ha sido de los más vulnerados con pérdidas estimadas en los 100 millones de dólares.

@MarioMal

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