Decenas de ciudades y de estados cuentan con patrullajes y vigilancia del Ejército. Los operativos van y vienen. Soldados se quedan semanas o meses en una región y poco después se trasladan a otra para tratar de contener la violencia que produce el enfrentamiento de grupos rivales pertenecientes al crimen organizado. El país lleva 11 años con ese escenario.

La Constitución marca que las tareas de seguridad estarán a cargo de agrupamientos civiles, pero el poder de las bandas delictivas llegó a un punto en el que las corporaciones policiacas —municipales y estatales— quedaron rebasadas por el poder de fuego de los criminales o, peor, fueron infiltradas. La Policía Federal tampoco resultó suficiente. La solución, entonces, fue enfrentar al crimen con la fuerza militar. La profesionalización de cuerpos de seguridad estatales quedó solo en los planes, pues son pocos los avances logrados.

La tarea que realizan los soldados no ha estado exenta de errores, y el mismo Ejército lo ha reconocido y ofrecido disculpas por ellos. Las Fuerzas Armadas no pidieron estar en el primer frente de combate a la delincuencia, incluso han señalado la necesidad de que se regule su participación en tareas de seguridad.

Para ello, el Congreso trabajó en la Ley de Seguridad Interior, pero el resultado final estuvo lleno de críticas, de organismos nacionales e internacionales, así como de peticiones para modificar o de plano suspender la normatividad.

Las posturas en favor y en contra tienen cada una argumentos sólidos. Por un lado, la realidad de las policías en México es de deficiencia y de incapacidad ante el crimen organizado, lo que vuelve necesaria la participación del Ejército en tareas de seguridad. Por el otro, es cierto que el despliegue de militares para combatir a grupos del narcotráfico no debe ser la normalidad en una sociedad democrática.

¿Dónde quedó el punto medio que debió prevalecer en el Congreso? La exigencia principal, de avanzar en forma paralela por un enésimo intento de profesionalizar las policías del país, fue relegada. La ley de mando único policial sigue sin aprobarse, a pesar de que lleva años en el Legislativo; apenas ayer comenzó a destrabarse, pero se plantea una consulta popular que llevaría a discutir el tema a mediados de 2018.

Tampoco hubo intención de modificar la percepción de que el país decidió ignorar la ruta de contar con instituciones de seguridad civiles.

La ley da respuesta a una de las partes, pero la otra mitad, integrada por grupos civiles y organismos internacionales, también quiere escuchar noticias favorables.