Una persona puede salir por la puerta de la casa a su trabajo o a divertirse y no regresar nunca al seno familiar. Sus padres, sus hijos, su esposa o esposo, sus hermanos y hermanas acudirán a hospitales, llamarán a servicios de emergencia, interpondrán denuncias, removerán cada piedra en su búsqueda, pero el esfuerzo no dará frutos. No volverán a saber de la persona desaparecida. Y en esa impotencia generalmente van solos, sin el apoyo de la autoridad.

La espiral de violencia que se desató a mediados del sexenio pasado trajo consigo, además de un mayor número de homicidios, la desaparición de personas. La presión de grupos civiles obligó a modificaciones constitucionales para establecer los derechos de la víctima o del ofendido.

El fenómeno alcanzó tal magnitud que hace unos días se promulgó —con más de año y medio de retraso— la Ley General sobre Desapariciones Forzadas con la cual este tipo de delitos se perseguirá de oficio y tendrán carácter de permanente mientras no se determine el paradero del desaparecido.

Se estima que en una década se ha producido la desaparición de más de 30 mil personas… y casi nada se sabe de ellas, para bien o para mal.

Grupos ciudadanos y colectivos de mujeres han prestado oído a rumores sobre predios y parajes donde se encontrarían fosas clandestinas. Con escasa herramienta y a veces con sus manos han removido la tierra. Cualquier resultado es una mezcla de esperanza y de dolor: no hallar cuerpos enterrados o encontrar osamentas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, reconoce que ante el cúmulo de casos, ya no es noticia una desaparición, por lo que plantea la necesidad de hacer visible el problema con toda su crudeza para sensibilizar tanto al Estado como a la sociedad.

¿Es el Estado el culpable como refieren decenas de grupos que han vivido en carne propia el dolor de una desaparición? Quizá no sea el culpable directo, pero con su actitud de alejamiento del fenómeno, con su omisión y su lentitud para impartir justicia se está convirtiendo en un virtual cómplice.

Hay una deuda con miles de familias que apenas está comenzando a saldarse. Han demostrado que de forma organizada lograron respuesta del Estado y modificaciones legales. Las estructuras se están creando. Hay que fortalecerlas y permitirles la mayor libertad de actuación posible.