La herida del sismo del pasado 19 de septiembre continúa abierta en la ciudad. En la colonia Roma, en la zona de Villa Coapa, en la Unidad Habitacional Tlalpan y en Xochimilco, por mencionar las áreas más afectadas, aún pueden verse los edificios dañados y encontrarse con familias que viven a la intemperie.

Demoler y reconstruir no es una tarea fácil, pero se vuelve más complicada si para la autoridad no se convierte en un asunto prioritario. Los recursos existen, pero no para ello.

Información que publica hoy EL UNIVERSAL señala que las 16 delegaciones de la capital del país recibieron en 2018, en conjunto, una bolsa de 5 mil 301 millones de pesos de los cuales pudieron haber utilizado todo —si se lo hubieran propuesto— para labores de apoyo en beneficio de los damnificados; de ese dinero sólo 4%, poco más de 211 millones de pesos, se destinaron para dichas tareas. Cuatro delegaciones fueron las únicas que asignaron recursos para atender afectaciones: Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

De acuerdo con lo reportado por las demarcaciones, el dinero restante sirvió para comprar papelería, productos farmacéuticos, llantas, equipos de cómputo, rehabilitación de parques y de sedes delegacionales.

Con esos datos queda claro cuáles son las prioridades para la autoridad.

Los recursos relacionados con el 19 de septiembre han estado inmersos en la polémica. A finales de diciembre la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa asignó para labores de reconstrucción un fondo de casi 8 mil millones de pesos a 10 dependencias, pero la aprobación para distribuir esa bolsa recaería en tres diputados locales. El comité ciudadano que se creó para acompañar la distribución de recursos fue marginado. En protesta, el titular y varios integrantes decidieron renunciar a su encomienda. La promesa de que la ciudadanía estaría cerca de la autoridad para el buen uso del presupuesto al final se desvirtuó.

En la forma que se ejerce el gasto es manifiesto que las prioridades de autoridades delegacionales van en sentido contrario de las demandas más sentidas de la población.

Ocho meses han pasado desde el 19 de septiembre y el proceso de reconstrucción marcha con lentitud y en medio de la opacidad.

Las voces de organismos sociales y de grupos de damnificados parecen ahogarse en el desierto del desdén político, pues esa ha sido la respuesta —hasta ahora— ante la tragedia. Con voluntad, aún podría enderezarse el camino.