El próximo 1 de julio se redefinirá en las urnas el destino político de nuestro país. Será un capítulo más en el recorrido hacia la consolidación de la democracia mexicana. A la distancia, la elección se prevé compleja dada la actualidad de la vida pública de México. Se trata de un reto que pondrá a prueba una vez más la fortaleza del Estado, de las instituciones, de los gobiernos y la ciudadanía entera.

El hartazgo y la decepción hacia la calidad de nuestra democracia son los principales desafíos que enfrentará la clase política, misma que buscará el voto ciudadano y usará todos los recursos a su alcance para obtenerlo. Frente a ello, las instituciones electorales deberán fortalecerse para efectivamente ser garantes de justicia en cada fase del proceso. Es una realidad que demanda verdadero civismo de cada uno de los mexicanos.

Por la importancia de la elección, desde ahora es necesario desterrar cualquier tipo de violencia que pueda poner en riesgo la equidad, la certeza del proceso y la integridad de candidatos y ciudadanía. Los enfrentamientos ocurridos en los últimos días entre simpatizantes de distintos partidos políticos en la Ciudad de México han costado la vida indirectamente a una mujer que fue parte de los hechos. Una desgracia de esta magnitud no puede repetirse de cara al 1 de julio.

La tensión en la competencia es típica durante un proceso electoral, no obstante hoy la posibilidad de que derive en violencia política es aún más amplia —por todo lo que está en juego y por el evidente enojo ciudadano hacia los políticos— si no se toman las medidas legales e institucionales adecuadas para impedirlo. La violencia entre simpatizantes de partidos políticos se presenta recurrentemente, en mayor o menor escala, durante cada ciclo electoral. Sin embargo, no hay justificación para ello: ésta debe ser desterrada de las campañas.

Alcanzar el poder no puede ser un incentivo para detonar la violencia. Frente al reto que se avecina, el país requiere civilidad y responsabilidad en principio de parte de los partidos políticos. Es necesario que estas instituciones se revistan de la dignidad y ética debidas para competir dentro del marco legal establecido, de las reglas sociales más elementales. La jornada electoral, el proceso en su totalidad, no deben ser puestos en riesgo por quienes aspiran a algún cargo público ni sus simpatizantes.

Además de pactos de civilidad que aseguren el desarrollo del proceso electoral en toda regla, como ya han sido sugeridos en la Ciudad de México, los liderazgos políticos deben hacer lo necesario para encauzar de forma sensata el ánimo social que hoy respira el país. De otro modo, sin importar los resultados electorales que se obtengan, abdicarán en los hechos a construir un futuro común que atienda al interés público.