En momentos en que al presidente López Obrador se le ha visto “muy molesto” por el escándalo de la compra de ventiladores a sobreprecio del IMSS al hijo de Manuel Bartlett, sobre el que ya ordenó una investigación a la Función Pública, ayer Marcelo Ebrard prácticamente exhibió las irregularidades que se asoman en esa compra, más allá del posible conflicto de interés o tráfico de influencias, cuando frente al mismo presidente, el canciller informó, desde la mañanera, que él compró “directamente al fabricante de Estados Unidos y sin intermediarios” 211 ventiladores marca Hamilton a precios de entre 384 mil y 600 mil pesos cada respirador, tres veces más bajo del 1.5 millones que pagó el Seguro Social a León Bartlett por ventiladores chinos. 

“Estos (ventiladores) son hechos en Suiza, la marca es una de las mejores del mundo, que se llama Hamilton…También han puesto precios habituales, son cuatro modelos los que México está adquiriendo: el T1 Militar, el T1, el C1 y el C3 y valen 21 mil dólares (cada uno) 19 mil dólares, 16 mil dólares y 24 mil dólares. Aquí no hubo ningún intermediario, fue directamente con la empresa que los produce”, dijo Ebrard ayer en Palacio mientras mostraba, con el presidente atento, las imágenes con la llegada de los cargamentos en una operación presentada con toda la intención como limpia y por la que agradeció incluso el apoyo al presidente Donald Trump, con la frase de que “es en las adversidades donde conoces a los amigos”. 

¿Sería casual que Marcelo hiciera este anuncio un día después de que el presidente ordenó a la Secretaría de la Función Pública que “hiciera su trabajo” y que investigara y sancionara el contrato que el IMSS le dio a León Bartlett Alvarez por 33 millones de pesos por la compra de 22 ventiladores de fabricación china, cada uno cotizado a 1.5 millones de pesos? Todo indica que no. 

Una vez más, el presidente utiliza los oficios políticos de su secretario de Relaciones Exteriores para mandar un mensaje con clara dedicatoria: la emergencia sanitaria y la urgencia de hacer compras de insumos importantes para la pandemia, no justifica ni el pago a sobreprecio, ni el abuso de contratistas, echando por tierra el argumento con el que Zoé Robledo pretendió justificar el pago millonario al hijo de Bartlett, cuando dijo que ante la emergencia “la entrega inmediata eso es lo más importante hoy en el precio de un ventilador, el cual puede entregarse de manera inmediata”. Parece que, aún en la premura y la urgencia, Ebrard consiguió ventiladores a mucho mejores precios, tres veces más barato y, según lo dijo el mismo canciller, también de mejor marca. Con los 33 millones que el IMSS pagó por 22 ventiladores chinos, el canciller compró 70 ventiladores de fabricación suiza. 

El tema de fondo, más allá de los mensajes y las formas, es que Ebrard sigue apareciendo como el funcionario al que el presidente recurre para poner orden y realizar funciones que otros secretarios y miembros del gabinete no realizan o las hacen mal. Si ya lo habíamos visto entrar como el bombero a controlar y apagar el fuego de la migración centroamericana, en lugar de la Segob, o a negociar la no imposición de aranceles o el TMEC, en vez de Economía y Hacienda, o también a revisar temas de inseguridad y violencia ante la ineficacia de Durazo, y ahora hasta a hacer las compras de la Secretaría de Salud, ayer el titular de Relaciones Exteriores pareció asumir ahora la chamba de Irma Eréndira Sandoval, en la Función Pública, al mostrar en menos de 1 minuto, cómo se hace una compra transparente, legal, de buena calidad y eficiente en el gasto, sin sobreprecios, intermediarios ni posibles conflictos de interés. 

Tantas funciones y atribuciones que le da el presidente a Marcelo despiertan celos en el gabinete, no sólo por la interpretación que se le dé afuera al papel del canciller “multichambas”, sino porque cuando López Obrador decide recurrir a Ebrard, exhibe y expone a los secretarios y directores que no están haciendo bien su trabajo. Ayer decían fuentes cercanas de Palacio Nacional que al presidente lo veían “enojado y muy molesto” tras el reportaje periodístico de Mexicanos contra la Corrupción que reveló el que puede ser el primer gran caso de corrupción en su gobierno. Por eso ordenó la investigación a Sandoval con el encargo de que “si hay elementos” se castigue no sólo al proovedor, en este caso León Bartlett, sino también al funcionario que le dio el contrato, y ahí no se sabe todavía si la responsabilidad recaerá en Zoé Robledo o en la delegada del IMSS en Hidalgo, Claudia Díaz, a la que ya mandó el director a dar la cara como responsable del contrato. 

Y por eso también, en un intento de deslindar a su imagen y a su gobierno del posible caso penal por conflicto de interés, sobreprecios o tráfico de influencias, el presidente mandó ayer a Marcelo a demostrar, en su conferencia mañanera, que las compras del gobierno, aún con la emergencia de la pandemia, también tienen que ser legales, transparentes, eficientes y éticas, aunque acorde a la visión y al enfoque de este gobierno, más bien dirían “compras moralmente impecables”. ¿Está preparando López Obrador el terreno para una sanción en el caso del hijo de Bartlett y el IMSS?

NOTAS INDISCRETAS…

A unos días de haber celebrado el Día del Trabajo, al menos 60 mil personas dedicadas al aseo de dependencias gubernamentales de la zona metropolitana se quedaron sin empleo, siendo la mayoría adultos que superan los 50 años en promedio. Lo más curioso es que se trata de un efecto provocado por el mismo López Obrador, quien por decreto presidencial ordenó a todas las dependencias federales recortaran en 75% las partidas presupuestales antes disponibles para servicios generales, materiales y suministros. 

Aunque en el Diario Oficial de la Federación se estableció que “no será despedido ningún trabajador”, desde las secretarías y órganos dependientes del Gobierno Federal, la tijera se pasó pareja y afectó precisamente a los operadores de limpieza. Así, a pesar de que con los recortes de austeridad quieren obtener recursos para combatir la pandemia por Covid-19, se reducen paradójicamente las plantillas dedicadas a la desinfección e higiene de instalaciones del gobierno. Los trabajadores afectados se preguntan dónde están los líderes sindicales que prometieron alzar la voz para salvaguardar sus derechos y mencionan, por ejemplo, a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), donde su secretario, Pedro Haces Barba, prometió cuidar los empleos de los trabajadores con un decálogo que hoy no ha funcionado si se mide con los 346 mil 800 desempleados contabilizados solo de 13 de marzo al 6 de abril, y los que faltan… Bien dicen que la justicia en México tiene muchas varas y que los jueces a veces miden su fallos, según el dinero, la consigna política o el poder del acusado. 

Y es que la semana pasada un juez federal le negó Rosario Robles una petición para que le dieran el beneficio de la prisión domiciliaria por el temor a contrer Covid19 en el penal de Santa Martha donde está recluida, y en un caso similar, otro juez hace unos días le dio ese mismo beneficio, de prisión domiciliaria por el riesgo de Covid, a un abuelo que violó a su nieta por más de cinco años. Se trata de Jaime Sacal Micha, prominente empresario, que huyó hacia EU y se escondió allá por más de un año, pero gracias a las gestiones de la FGR y la PGJCDMX fue hallado y entregado el jueves pasado a las autoridades que lo presentaron ante su Juez. Agustín Moreno Gaspar, Juez de Control de la CDMX, mandó a Sacal directo al Reclusorio Oriente a enfrentar su juicio en prisión preventiva, como manda la Ley. Hasta ahí todo iba bien, pero resulta que Sacal mandó a sus abogados a Pachuca, Hidalgo, probablemente con un portafolio, a visitar un tal Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado, a quién le pidió un “servicio especial”, un amparo para ordenarle al juez de CDMX que lo mandara a su casa para no incomodarlo en el Reclusorio con el argumento de que podía contraer el coronavirus en prisión. 

El presunto agresor sexual, que fue denunciado por su propia hija, no andaba tan preocupado por el Covid-19, se paseaba en EU. Y ante esa petición el juez de CDMX se vio obligado a dejarlo ir a casa a pesar de que la ley lo prohíbe. ¿Con qué criterio a un presunto violador de su propia nieta le dan un beneficio legal que le niegan a Rosario Robes por supuesto “riesgo de fuga”? El Consejo de la Justicia Federal tiene que tomar cartas en  el asunto e investigar al juez Fredy Francisco. ¿O acaso en la 4T seguimos teniendo justicia para ricos y cárcel para los pobres y para los adversarios políticos? Qué coraje...Se baten los dados. Capicúa. Repetimos el tiro.

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