Como publica hoy esta casa editorial, el impacto de las acciones y presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, cumpliendo funciones de seguridad pública, luchando contra las organizaciones de la delincuencia organizada, se ha reducido en cerca de la mitad en varios indicadores importantes, como detenciones de grandes capos y decomisos de droga, armas y dinero.

Lo anterior cuestiona severamente la “estrategia” seguida hasta ahora contra los cárteles, pues pese a no sólo haberse mantenido, sino ampliado el despliegue de militares en el territorio nacional con respecto al sexenio anterior, el abatimiento de las organizaciones criminales parece estar estancado o incluso podría ir en reversa.

Y, muy probablemente como efecto directo de un menor número de decomisos y detenciones, se ha dado un considerable aumento en las cifras de homicidio y delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de drogas, especialmente en los últimos dos años, lo que tira por la borda la versión de que necesitamos simplemente un mayor despliegue militar en tareas de seguridad pública, algo que acentuaría la inoperancia y disfuncionalidad de las entidades y municipios en tareas de seguridad.

Tenemos aquí entonces una estrategia de seguridad que no ha servido —y pese a ello se ha mantenido en los sustancial durante casi dos sexenios—, en la que se da prioridad a la acción de las Fuerzas Armadas, instancias a las que a su vez han ido dotando de cada vez más responsabilidades; en paralelo, tenemos una recientemente promulgada Ley de Seguridad Interior, que busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que corresponden a las autoridades civiles, en el contexto de la “guerra” contra el narco, pese a los nulos resultados y; finalmente, gobiernos estatales y municipales irresponsables e impotentes ante la delincuencia.

Ante este panorama no se entiende el afán de seguir en una misma dirección que ha demostrado su total inutilidad. Claramente el Ejército está sobre extendido, lleno de labores ajenas a su razón de ser. El gobierno federal lleva una década peleando contra el narcotráfico y hasta el momento el problema permanece y presenta inconsistencias.

Lo más grave es que mientras el Ejército está rebasado de tareas y cumple responsabilidades que no les corresponden, autoridades municipales y estatales han dejado de lado sus funciones principales. Y mientras, la población indefensa.

Como asegura María Novoa, de México Evalúa, “la realidad es que pese a la presencia de militares en distintos estados, no hay un combate efectivo a la delincuencia ni golpes al narco porque a los militares no les puedes delegar todo ese proceso”.