Hace un año, en junio de 2019, una fuente militar del más alto nivel le informó a un grupo de gobernadores que tenían en las áreas de inteligencia castrense un reporte confirmado sobre una reunión que convocaron y llevaron a cabo varios de los capos y jefes de los principales cárteles del narcotráfico en México. El general no daba muchos detalles sobre dónde y cuándo había ocurrido la “cumbre del narco” pero sí confirmaba, con base en la información que tenía la Defensa, tres datos: el encuentro se produjo, el acuerdo de los líderes del narco era “bajarle dos rayitas a la violencia en el país” y de todos los cárteles reconocidos que operan en México, sólo uno no asistió a esa reunión ni avaló la propuesta de disminuir la violencia: el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ese hecho, que nos refiere uno de los gobernadores que conoció la información de primera mano, puede explicar por qué de todos los grupos del narcotráfico, el que encabeza Nemesio Oseguera “El Mencho” es en estos momentos no sólo el más agresivo y violento, con atentados como el fallido contra Omar García Harfuch y amenazas de muerte como las que le hacen al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también el más perseguido y afectado en sus integrantes, sus intereses y sus cuentas por el gobierno de la 4T.

La organización del Mencho se ha convertido no sólo en el grupo criminal más violento y con mayor fuerza armada y territorial en el país, con presencia en 27 estados de la República y catalogado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por la DEA como “una de las cinco organizaciones criminales y terroristas más violentas” del mundo; hoy es también una amenaza para la estabilidad social y política, en la medida que la ofensiva que ha lanzado Nemesio Oseguera en contra del Estado mexicano incluye dos acciones nunca vistas en ningún cártel de las drogas que inciden directamente en la gobernabilidad: la primera, las amenazas directas —y ya se sabe, reales— contra figuras importantes del gabinete presidencial y contra un gobernador de un estado y la segunda su intención de controlar, dominar y someter a la capital del país, la Ciudad de México, sede de los poderes federales.

Ese es el tamaño del desafío que el CJNG ha lanzado, no sólo al gobierno de la 4T, sino al Estado mexicano en su conjunto. A sus confrontaciones por territorio que han disparado la violencia en toda la República, pero particularmente en estados como Guanajuato y Colima, donde se enfrenta al Cártel de Santa Rosa de Lima, en el primer caso, y al de Sinaloa, al que le disputa el control del Puerto de Manzanillo, se suma ahora su confrontación directa y abierta con el gobierno federal en la que el grupo de Oseguera Cervantes tiene claramente una estrategia desestabilizadora que comenzó con el asesinato de un juez federal, Uriel Villegas y su esposa; continuó con el atentado al secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, y planea seguir con las amenazas a al menos cuatro secretarios y directores del gabinete federal, además de las amenazas al gobernador Alfaro y a la presidenta de la CNDH.

Con ese panorama y una cifra oficial de 54 mil muertos en 18 meses de gobierno, llegará el presidente López Obrador la próxima semana a Washington en su polémica primer visita para encontrarse con el presidente Donald Trump. Aunque el evento que los reúne, en el que aún no se sabe si se sumará de último momento el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es el arranque del T-MEC. El mandatario mexicano ha dicho que hablará con Trump del tratado comercial pero también podría hablar de beisbol y del operativo “Rápido y Furioso” ocurrido hace 10 años. La realidad es que habría temas mucho más importantes y prioritarios entre los dos países y uno de ellos, sin duda es la amenaza del CJNG.

El reporte de la DEA de “Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019”, ya ubicaba que el cártel del Mencho ha rebasado las fronteras mexicanas y opera a gran escala en ciudades importantes de los Estados Unidos como Nueva York, Los Angeles, Miami, Atlanta, San Diego, Chicago y Denver, hasta donde llevan drogas como las metanfetaminas, de las que son ya el principal productor e introductor al territorio estadounidense. “CJNG es una de las organizaciones criminales trasnacionales de más rápido crecimiento en México…Es responsable de una proporción significativa de drogas que ingresan a EU y de niveles elevados de violencia en México”, señala el reporte de la agencia antidrogas.

Es posible que en el esperado encuentro de la próxima semana en la Casa Blanca, ni el narcotráfico ni el beisbol sean parte de los temas que toquen los presidentes de México y Estados Unidos, pero sin duda la amenaza de la violencia criminal y el desbordamiento de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, sí serán un tema destacado en la campaña de Donald Trump, porque en Washington lo saben muy bien, y así lo dijeron desde 2018 en la orden que dio el propio Trump para desmantelar a las organizaciones criminales más peligrosas para Estados Unidos, entre las que se encuentra en el primer lugar el CJNG y su líder Nemesio Oseguera “El Mencho”, a cuya cabeza le han puesto un precio de 10 millones de dólares.

Haría bien el presidente López Obrador en dejar a un lado la frivolidad beisbolera y los asuntos del pasado como el ilegal operativo “Rápido y furioso” para concentrarse en la amenaza real de desestabilización que hoy enfrenta el Estado con el CNJG y su descontrolado líder Nemesio Oseguera. Sería un tema mucho más apremiante y necesario no sólo para tratar con Donald Trump, sino para tomarse en serio y poner a trabajar a su gabinete de seguridad, que con todo y su tesón y por más que se reúna todos los días muy temprano, no se caracteriza por los mejores resultados.

¿Supieron antes en Palacio Nacional de amenazas a Alfaro?

A propósito de las amenazas de un atentado en contra de Enrique Alfaro, confirmadas por el mandatario jalisciense a varios medios, en Guadalajara se dice que hace unos días supieron de las intenciones del CJNG, a través de una llamada de un funcionario federal que les dijo que existían amenazas de atacar al gobernador por no apoyar a ese grupo delictivo.

Ayer el ofrecimiento de apoyo y de protección que hizo el presidente para Alfaro y para la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, fue sin duda un gesto importante y necesario ante la gravedad de esas amenazas. AMLO sabe muy bien que su gobierno no puede permitir que se atente contra una funcionaria del nivel de la ombudswoman ni contra un gobernador por el impacto que eso tendría en la estabilidad del país y de su propia administración. Por eso, a pesar de las serias diferencias y de lo mucho que se había molestado porque lo mencionó por su nombre en los señalamientos sobre las marchas violentas ocurridas en Guadalajara, tuvo que ordenar acciones puntuales a su gabinete de seguridad y a las Fuerzas Armadas para que vigilen la seguridad del gobernador de Jalisco.

Eso lo reconocen y agradecen en el Palacio de Gobierno jalisciense, donde valoran el gesto republicano y responsable que tuvo el Presidente, pero sólo les queda una duda: ¿el nombre de Alfaro aparecía también en la llamada capturada por las áreas de inteligencia y que se presentó en la reunión del Gabinete de Seguridad del pasado 11 de junio en Palacio Nacional?
Porque Arturo Durazo confirmó en su momento la existencia de esa llamada interceptada por el CNI y los nombres de Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto y el mismo secretario Durazo, que aparecieron mencionados como objetivos de atentados, y ayer mismo el presidente López Obrador volvió a decir que desde hace 10 días supieron de la amenaza contra García Harfuch. Y hay quien dice que en esa misma llamada aparecía también el nombre del gobernador de Jalisco. Si eso es real y nadie le avisó desde ese momento a Enrique Alfaro que corría peligro, el asunto sería más que delicado.

Notas indiscretas

A la breve visita a Washington, el presidente López Obrador invitó a algunos empresarios y dirigentes del sector empresarial que participaron en el cuarto de junto del T-MEC para que lo acompañen a la ceremonia de inauguración en la capital estadounidense. El canciller Marcelo Ebrard ha estado llamando a algunos de los invitados, entre los que se encuentran el líder del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, y el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, entre otros. Eso sí, los invitados del Presidente tendrán que tomar el mismo vuelo, con escala en Dallas, que tomará él y no habrá las comodidades ni atenciones que en otros tiempos les daban a los empresarios cuando eran parte de las comitivas en viajes presidenciales. Pero lo que cuenta, dicen en las cúpulas empresariales, es el gesto porque parece que ahora Marcelo también se va a encargar, entre sus múltiples chambas, de tratar de restañar el diálogo fracturado con los organismos del sector empresarial… A propósito de cúpulas, al que están a punto de darle las gracias es a Carlos Salazar, el presidente del CCE. Entre los integrantes del Consejo existe ya un acuerdo para que el ingeniero termine su gestión al frente del CCE y nombrar a un nuevo dirigente porque sienten que el regiomontano “ya no nos representa ni tiene la fuerza para pelear por los intereses del Consejo”. Y es que para los empresarios de todo el país que forman ese organismo está claro que don Carlos apostó todo por la 4T y por el presidente López Obrador, que al final no sólo le dio la espalda y lo desconoció, sino que lo traicionó y le cerró las puertas de Palacio Nacional, además de sobajarlo al pedirle que se volviera cobrador de impuestos para el SAT. En fin que ya preparan el relevo en el organismo cúpula… Ahora que la Fiscalía General de la República ha anunciado prepara la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para que enfrente los cargos que se le imputan por el caso Odebrecht, sería bueno que comenzara por cumplir las resoluciones emitidas por el INAI para conocer lo que se tiene de la investigación. Y es que desde 2018, el INAI el instruyó a la entonces PGR abrir la averiguación previa del caso, así como las actuaciones de los agentes del Ministerio Público, en versión pública, y a la fecha, la Fiscalía sigue dándole vueltas al asunto. Así que contrario a lo que ayer dijo el Presidente, que al parecer tenía información vieja sobre el tema, el INAI ya hizo su trabajo; esperemos que la Fiscalía, ahora en manos de don Alejandro Gertz, se disponga a entregar la información que exige la ciudadanía para constatar los avances de la investigación en uno de los casos de corrupción más graves en el país y a nivel internacional…Se baten los dados. Serpiente doble.

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