Luis Antonio Ramírez Pineda llegó al ISSSTE como parte de un acuerdo entre el viejo PRI que representa el exgobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez Vázquez, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, de poco ha servido porque el joven oaxaqueño es un director de ornato, un florero en la institución.

Desde el día uno que inició el gobierno, el oaxaqueño se enteró que no podría nombrar responsables administrativos ni delegados del ISSSTE en los estados, a lo que se sumó la incorporación, en febrero de 2019, de Pedro Zenteno como director administrativo.

En abril de 2019, Zenteno —quien venía del IMSS después de un pleito con su entonces director Germán Martínez— declaró que el ISSSTE no tendría viabilidad financiera hacia julio de ese mismo año. La razón era simple: se le habían suspendido los recursos por razones electorales, los estados no pagaban sus adeudos y había una mala administración.

Esto cayó como bomba en la oficina del Luis Antonio Ramírez Pineda, quien señaló que “no le bastaba con nombrar a los directores administrativos en los estados, ahora quiere decirme cómo administrar”.

Desde entonces, Zenteno presumía de su relación con José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, por lo que reportaba directamente a la Presidencia, nombraba delegados administrativos y controlaba las compras sin supervisión alguna.

El ISSSTE vive una crisis financiera de más de 56 mil millones de pesos. Los estados no han pagado sus aportaciones, según el Informe Actuarial del ISSSTE a septiembre. Los que más deben son Veracruz, de Cuitláhuac García, con cerca de 12 mil millones, y Guerrero, de Héctor Astudillo, con 9 mil millones. Ramírez Pineda quiso cobrarles a los gobernadores los adeudos, pero se encontró con el problema de que el ISSSTE carece de herramientas legales para cobrar. Materialmente no tiene dientes.

La inviabilidad económica del ISSSTE es una realidad, ya que más de 70% de su presupuesto se destina a pago de pensiones y préstamos de los afiliados. Con una relación quebrada desde el principio, Luis Antonio Ramírez Pineda y Pedro Zenteno convivieron más de un año. El resultado fue la catástrofe administrativa y la corrupción.

Zenteno compró respiradores pulmonares con un costo unitario de 2 millones 300 mil pesos a la empresa Multicorporación Brexot, por un total de 639 millones, cuatro veces su valor del mercado.

También se adquirieron ultrasonidos portátiles a la empresa Cyber Robotics —la misma del hijo de Manuel Bartlett— con un sobreprecio de 60%; y compraron Rayos X a la empresa Sincronía Médica Aplicada, cada pieza le costó al ISSSTE 3 millones 200 mil pesos, cuatro veces su valor real.

Estos tres últimos ya se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, y la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, quien nunca encuentra nada malo entre sus compañeros y comparsas del gabinete.

Por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación detectó un fraude en el hospital de Delicias, Chihuahua, por un monto de 180 millones de pesos. Entre las razones más graves se encuentra que no se comprobó el gasto de 72 millones de pesos, es decir, que los desaparecieron.

Y para terminar de documentar el horror, los hospitales del ISSSTE en la Ciudad de México son los que presentan mayor letalidad por la pandemia del Covid-19, con 31%, mientras que los del IMSS traen un porcentaje de 22%.

En septiembre llegó a la administración del ISSSTE el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, quien desde el primer día mostró su desdén por Luis Antonio Ramírez. De entrada, no se presentó en la oficina los primeros 15 días. Asimismo, quiere nombrar a los delegados administrativos e informar directamente a Presidencia, así como lo hacía Pedro Zenteno, quien ahora despacha al frente de Birmex, la distribuidora de medicamentos del gobierno de la que se cayó David López tras el escándalo con Pío López Obrador.

Ante este escenario el director del ISSSTE está valorando presentar su renuncia y buscar su sueño: la gubernatura de Oaxaca, previo paso por una diputación federal.

Sea como sea, hay un tiradero en el ISSSTE que cuesta vidas.

Sale cara tecnología en Oaxaca

A finales de octubre, Manuel Vera, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca, anunció con bombo y platillo que se iniciaron los trabajos para migrar su red de radiocomunicación estatal a la plataforma P25 que operará en parte del estado, a través de seis repetidoras interconectadas con el sistema troncalizado de la Secretaría de Marina, bajo el argumento de que las tareas de prevención y procuración de justicia se realizarán con tecnología de vanguardia.

Hasta ahí todo pareciera ir bien; sin embargo, en el sector se asegura que el fallo de la licitación LPE-SA-SE-0017-09/2020 referente a la contratación de un servicio integral de telecomunicación bajo el supuesto de migrar su red estatal a otra tecnología, fue adjudicado a un distribuidor de Motorola, que lleva aquí Vicente Roqueñí López, e incluso se comenta que no tiene racionalidad de costo-beneficio, es decir, que Oaxaca habría pagado 40 millones de pesos por sólo dos sitios de tecnología P25. 

Así, y de acuerdo con expertos, Oaxaca podría haber pagado alrededor de 60 millones y terminar de actualizar al protocolo IP 14 sitios de su red, de un total de 19 instalados, pues cinco ya están en éste, lo que hubiera resultado más barato y con un mayor alcance. La pregunta es, ¿cuáles son los intereses de los involucrados al adquirir a tan alto costo la tecnología P25? Sobre todo cuando las comunicaciones de la entidad que gobierna Alejandro Murat dependen de la Semar.

@MarioMal

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