Dicen algunos de los que participan en ellas habitualmente, que las cotidianas y tempraneras reuniones del gabinete de seguridad en el Palacio Nacional no son nada fáciles, pero que la del lunes 26 de octubre pasado se tornó ríspida.
   
Se había expuesto en la mesa el estado de malestar e insatisfacción prevaleciente entre las fuerzas armadas por la respuesta, tibia para muchos, que el gobierno de México había dado al de Estados Unidos, respecto a la forma en que la DEA investigó y detuvo al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
   
No se debatía sobre su culpabilidad o inocencia, lo que habrá de determinar con pruebas la Corte de Nueva York que lo acusa de vínculos con el narcotráfico, sino que las pesquisas, realizadas en México por agentes antinarcóticos estadounidenses, habrían violado nuestra soberanía y que no se informara de ellas ni de la pretendida detención de quien fuera el más alto jefe militar del país, conforme marcan acuerdos de cooperación aceptados por los dos países.
   
La detención del general Cienfuegos en Los Ángeles ocurrió, como se sabe, el pasado jueves 15 de octubre y la investigación de la DEA abarcó el periodo de diciembre de 2015 a febrero de 2017. Nada sabía México, según sus autoridades, de una pesquisa iniciada hacía cinco años.
   
AMLO había reaccionado al hecho en sus conferencias mañaneras del 16, 19 y 20 de octubre. Dijo haber sido notificado quince días antes de una investigación al extitular de la Sedena por la embajadora en Washington, Marta Bárcena, lo que se confrontó con la inverosímil versión de que el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea no haya dado señal alguna cuando visitó México el 26 de septiembre anterior.
   
En esas mañaneras, habló del caso siempre con cautela ante la cercanía de las elecciones presidenciales estadounidenses y cuidadoso de no trastocar los delicados equilibrios de la relación. Esa prudencia (¿o tibieza?) dejó en segundo plano declaraciones, también expuestas, de confianza en las Fuerzas Armadas y en los titulares de la Defensa y la Marina, de la necesidad de cuidarlas y defenderlas porque son “pilares del Estado mexicano” y de que, si Cienfuegos era culpable como caso aislado, no significaba que lo fuera toda la institución armada.
   
Y si bien se precipitó al señalar que serían suspendidos todos los militares que resultaran involucrados en el caso, también recordó que los pasados gobiernos estaban totalmente infiltrados por agencias extranjeras que, con su anuencia, decidían sobre seguridad y narcotráfico en flagrante violación de la soberanía nacional.
   
En esos procederes es donde radica el agravio y el desánimo que círculos militares confirman que prevalece entre las fuerzas armadas y que fue expuesto el lunes pasado en el gabinete de Seguridad, donde, se asegura, se definieron algunos de los pasos por tomar.
  
En la conferencia mañanera de ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que ya se hizo saber al gobierno de Estados Unidos el descontento del de México por no compartir la información del caso Cienfuegos. Dijo que se lo planteó desde la semana pasada al embajador estadounidense en nuestro país, Christopher Landau y que también ya lo hizo mediante un documento.
   
Se trata, en efecto, de una nota diplomática que la Dirección General para América del Norte de la cancillería envió el miércoles pasado en la que se plantea el “profundo extrañamiento y descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país… lo que no va de acuerdo con la confianza y cooperación que ha caracterizado la relación entre ambos países”. Esta nota diplomática fue enviada a la embajada mexicana en Washington para que ésta la haga llegar al Departamento de Estado norteamericano.
   
Ebrard declaró ayer que después de las elecciones estadounidenses del martes próximo se valorarán y tomarán acciones subsecuentes. Una de ellas —según pudo conocer esta columna— será replantear los términos de la relación con la DEA.
   
Ésta, históricamente, ha sido más o menos fluida con la Marina. Con el Ejército ha sido mala y de hecho la evita, porque la agencia antinarcóticos actúa por la libre, en franca violación a un acuerdo del 2 de junio de 1992 que exige a sus agentes limitarse a ser enlace para intercambiar información, no realizar tareas reservadas a las autoridades de nuestro país y transmitirles, inmediatamente, cualquier información que obtengan en territorio nacional.
   
Nada de eso hicieron en el caso Cienfuegos.

Instantáneas:

1. VIEJOS AGRAVIOS. Son varios los casos de la actuación por la libre de la DEA en México. Después del asesinato de uno de sus agentes, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido el 5 de febrero de 1985 en Guadalajara a manos del narcotraficante Rafael Caro Quintero tras el descubrimiento del rancho El Búfalo, enorme predio productor de mariguana, la venganza emprendida por la agencia antinarcóticos se volvió infinita. En 1990, sus cazarrecompensas detuvieron y se llevaron a Estados Unidos al doctor Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener con vida a Camarena mientras era torturado. En 1991, ocurrió el enfrentamiento entre militares y agentes de la Policía Judicial Federal durante el aseguramiento de un cargamento de droga que venía en la avioneta que aterrizó en el Llano de la Víbora del municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. La DEA acusó al Ejército de proteger el cargamento, mientras que éste acusó de lo mismo a los agentes antinarcóticos estadounidenses. En 1998, el gobierno mexicano protestó por no haber sido informado del operativo Casablanca en el que se acusó de lavado de dinero a doce instituciones bancarias mexicanas. En 2011, se revelaron operativos encubiertos de lavado de dinero en nuestro país, de los cuales el gobierno de Felipe Calderón dijo no tener conocimiento. Y en 2018, René Verdugo Urquidez fue secuestrado en Mexicali por policías estatales al servicio de la DEA, acusado de ser partícipe del asesinato del “Kiki” Camarena ocurrido 33 años antes.

2. ¿ESTRATEGIA? A propósito de la pregunta formulada aquí de por qué el PRI ha promovido un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que la defensa del general Salvador Cienfuegos sea sufragada con recursos públicos, un amable lector me propuso la siguiente hipótesis: El tricolor, de cara a las elecciones del año que entra y de las presidenciales de 2024 hizo política fina lanzándole al Ejército un recurso de desagravio como no lo había hecho nadie hasta ese momento. La propuesta tricolor, comunicada por el líder nacional de ese partido Alejandro Moreno, es dictaminada en la Comisión de Defensa de la cámara baja.

3. CANDIDATURAS. Mañana formalizará David Monreal su renuncia a la coordinación nacional de Ganadería de la SADER. Buscará la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas. Las encuestas lo posicionan como un claro ganador, no solo de la candidatura, también de la gubernatura.

4. COMISIONADOS. El Senado designó anoche a los dos nuevos comisionados del INAI. Se trata de Julieta del Río Venegas quien obtuvo 79 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Y Adrián Alcalá, con 78 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Son los más expertos en la materia, dicen los que saben.

5. CUENTA PÚBLICA. La Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados recibirá hoy de la Auditoría Superior de la Federación su informe de la cuenta pública del primer año de gobierno de AMLO. Lo hace seis meses después del plazo establecido por la ley. ¿Solo será por las demoras ocasionadas por la pandemia o también por algunos ajustes de última hora? Es pregunta.

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