Tentativamente le han denominado Plan Nacional de Apoyo al Empleo con Bienestar Social en la Contingencia Económica y su borrador ya está en el escritorio presidencial. Añade a los apoyos crediticios a las pymes ya anunciados, incentivos a empresas grandes sin adeudos fiscales. Cumplida esa condición, se daría curso a una de las más enfáticas exigencias de las cúpulas empresariales.

Llama la atención que en el referido borrador se mencione que no es descartable el uso gradual de la línea de crédito flexible (LCF) por 61 mil millones de dólares que México tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confiaron a esta columna fuentes de la secretaría de Hacienda.

El plan, motivo aún de debate en el gabinete económico, es parte o el todo de las medidas de recuperación económica que AMLO dijo ayer que dará a conocer la semana entrante, presumiblemente el viernes próximo, para “desatar todas las acciones de apoyo a la economía en mayo y junio”, meses para los que las autoridades sanitarias proyectaron en modelos matemáticos el pico de la pandemia (entre el 8 y el 10 de mayo) y su eventual conclusión (24 de junio).

 Que se mencione en el borrador del plan de marras la LCF del FMI, obliga a plantear al menos dos interrogantes:

1. ¿Si el Presidente ha insistido vehementemente que “el compromiso es salir de esta crisis sin endeudar a México”, recurrir a la LCF no es tomar deuda?

2. ¿Esos recursos pueden usarse para fondear el salvamento de empleos y empresas?

Respecto a la primera pregunta, algunos economistas consultados explican que ese mecanismo de financiamiento no se contabiliza como deuda en las cuentas nacionales, aunque implica inevitablemente el reembolso del recurso del que se disponga. Se trata de una discusión técnica contable.

Respecto a la segunda, todo apunta a que el uso de esos recursos está asociado al apuntalamiento de la estabilidad macroeconómica del país (tipo de cambio, inflación y otras variables) y para su disposición el gobierno requiere del aval del Banco de México.

Éste mostró ayer el apego a su autonomía y reglamentación interna cuando su gobernador, Alejandro Díaz de León rechazó la petición que López Obrador le hizo en el Palacio Nacional de adelantar el pago de los remanentes de operación que el banco central debe hacer por ley cada año al gobierno a más tardar en el mes de abril. Su argumento: “la importancia de observar el procedimiento y los tiempos”. Entonces recibirá este mes los remanentes de operación del año pasado, estimados antes de los efectos del Covid 19 en 239 mil millones de pesos por el Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. La caída en el ingreso de divisas al país por la pandemia, ajusta el estimado a 149 mil millones de pesos.

Si esa es la línea, lo previsible es que el Banxico no avale el uso de la LCF para fines de rescate de empleos y empresas. Y si llegara a avalarlo, ¿no se estaría enviando la señal de que se recurrió a él porque algo ocurre en la estabilidad macroeconómica del país?  

La línea de crédito flexible fue creada por el FMI para atender la demanda de préstamos de prevención y mitigación de crisis proveniente de países “con marcos de política e historiales económicos muy sólidos”. Permite enfrentar choques y riesgos que no sean resultado de condiciones económicas internas, sino externas.

Hasta ahora la han gestionado solo tres países: México, Polonia y Colombia. Se renueva cada dos años. Colombia ya no lo hizo. Polonia y México sí. Nuestro país la renovó en noviembre pasado mediante el pago de una comisión de 159 millones de dólares.

La primera vez que se contrató fue en el gobierno de Felipe Calderón por 84 mil millones de dólares. En el de Peña Nieto se mantuvo por 71 mil millones de dólares y en el actual es por 61 mil millones de dólares. Por mantenerla el país ha pagado de 2009 a la fecha diez mil millones de dólares.

Falta saber si es utilizable para fines distintos a los de la estabilidad macro, si el Banxico la avala y si AMLO acepta disponer gradualmente de ella como se refiere en el borrador del plan que aguarda en el escritorio presidencial.
 

Instantáneas:

 

1. TASAS. El borrador del plan de marras incluye una nueva reducción de un punto porcentual en la tasa de interés del Banxico. Con eso bajaría de 6.5% a 5.5%. Todo esto con el fin de reducir el costo del dinero y ampliar la disponibilidad crediticia en tiempos de contingencia.

2. CONTAGIOS. Tras conocerse ayer estadísticas por municipio del Covid 19 queda claro que: de los dos mil 463 que tiene el país, 463 (18.7%) registran contagios, mil 21 (41.4%) son vecinos de contagio y 979 (39.7%) no tienen contagios ni son vecinos de contagiados.

3. AMNISTÍA. El Senado sesionará en sus instalaciones el próximo lunes 20 de abril a las 12 horas, con medidas de sana distancia dictaminadas por las autoridades sanitarias, para discutir y en su caso aprobar la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Amnistía. La minuta les fue enviada por la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre.

El principal objetivo de la amnistía es aliviar injusticias al acceder a la justicia pronta y expedita, y tiene como potenciales beneficiarios a quienes no sean reos reincidentes, no hayan sido condenados por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, contra la integridad corporal o secuestro, que provocaran lesiones graves con secuelas permanentes y a quienes en la comisión de sus delitos no hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Al solicitar la realización de la sesión del lunes, el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal argumentó que la aprobación de la Ley de Amnistía sería una contribución invaluable para reducir la población penitenciaria que causa deficiencias en las condiciones humanitarias y que en la actualidad pone en riesgo de contagio de Covid 19 a sectores de la población carcelaria como adultos mayores y mujeres embarazadas.
 

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