El consenso en torno a la urgencia de consolidar el maltrecho Estado de derecho en México va creciendo. En menos de una semana EL UNIVERSAL ha dado cuenta de importantes voces que coinciden en ello dentro del gobierno y fuera de él.

El primero en mencionarlo fue el titular de Turismo, quien al ser cuestionado sobre el enojo social en el país –durante un foro con empresarios– dijo que el Estado de derecho en México está quebrado, al igual que las instituciones de justicia, seguridad y combate a la corrupción.

Luego, en entrevista con este diario, el secretario de Hacienda aseguró que una de las prioridades es redoblar los esfuerzos para mejorar el Estado de derecho.

Hoy, en otra conversación que presenta EL UNIVERSAL, el gobernador del Banco de México también señala que el reto es mejorar el Estado de derecho y lo dice con base en las encuestas periódicas que la institución a su cargo realiza entre empresarios y analistas.

La realidad imperante es la casi nula resolución de los casos delictivos, lo que genera un aliciente para criminales, mientras la sociedad queda en la indefensión.

A lo anterior se agrega ahora el más reciente reporte del Índice de Impunidad en el país, realizado por la Universidad de las Américas. La conclusión central es que los niveles de impunidad así como la desconfianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia empeoraron en los últimos dos años.

En 28 de las 32 entidades la situación se considera crítica al encontrarse en un grado de impunidad alta y muy alta; de ese total, 19 están por encima de la media nacional, que es de 69.84 puntos. El Estado de México es la entidad con el mayor grado de impunidad, al ubicarse en 80.06 puntos.

Lo preocupante de los diagnósticos de funcionarios y del estudio de la Universidad de las Américas es que la luz al final del largo túnel de la impunidad no se alcanza a ver todavía, por lo cual el problema puede agravarse ocasionando con ello afectaciones sociales y económicas.

Aun con pocos meses por delante en funciones, el actual gobierno debe adoptar medidas que impidan un mayor deterioro. La coordinación con el Poder Judicial y el estricto control sobre ministerios públicos y cuerpos de seguridad podrían aliviar el problema.

En la coyuntura política actual es urgente también que todos los candidatos a la Presidencia de la República expliquen con detalle su propuesta para hacer de México un país en el cual rija el imperio de la ley.

Ninguna nación podrá aspirar a un mejor futuro si no garantiza ese aspecto.