Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha descartado ninguna hipótesis sobre las causas del incendio en el Metro que inmovilizó hasta el martes pasado sus líneas 4, 5 y 6, y mantiene paralizadas las líneas 1, 2 y 3, técnicos, trabajadores y exfuncionarios del sistema que es eje del transporte colectivo de la Ciudad de México, no alcanzan a vislumbrar evidencias de que se haya tratado de un sabotaje.

Las razones y responsabilidades serán determinadas por tres peritajes a cargo de la Fiscalía capitalina, el Grupo Mexicano de Seguros y la empresa privada “Profesionales en Supervisión Eléctrica”, que serán verificados por el comité de Accidentes Relevantes del propio Metro. Mientras tanto, las fuentes consultadas por esta columna apuntan a atribuir el incendio de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión del “Buen Tono”, a la histórica insuficiencia de recursos para el mantenimiento del sistema derivada, por mucho, de reducciones presupuestales que AMLO negó en días pasados, pero que están documentadas.

El presupuesto anual del Metro tuvo incrementos siempre insuficientes, pero constantes, hasta 2018.
De los 15 mil 100 millones de pesos asignados en 2015 aumentó a 17 mil 600 millones en 2018. Para 2019 —ya con el gobierno de Sheinbaum—, el Congreso de la Ciudad de México aprobó para el STC un presupuesto general de 15 mil 600 millones de pesos, esto es, dos mil millones de pesos menos.

Para 2020 se le asignó un monto presupuestal igual al del año anterior, tomando ya en consideración la necesidad de transferir fondos extraordinarios para la atención de la pandemia. Los legisladores capitalinos compensaron el recorte sostenido por segundo año con la autorización de un endeudamiento de hasta 38 mil millones de pesos, pagadero a 20 años, para ejercerse de 2020 a 2024. La dirección del sistema, a cargo de Florencia Serranía, planificó su uso para renovar el sistema eléctrico de las líneas 1, 2 y 3, y adquirir nuevos trenes para la uno. Y para este 2021, se asignó un presupuesto general de 15 mil millones de pesos, esto es, 600 millones de pesos menos que el año pasado.

De acuerdo con el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, el STC debería gastar anualmente unos 20 mil millones de pesos para estar bien dotado. Esto significa que opera con un déficit de cinco mil millones de pesos. El gasto en mantenimiento, según estimación del hoy líder de la fracción del PRD en el Congreso capitalino, absorbe el 30 por ciento del total presupuestal anual, monto equivalente a los cinco mil millones de pesos que se le han recortado a su presupuesto ideal.

El pésimo mantenimiento es entonces el gran problema del Metro, como lo ha denunciado durante años el líder de sus trabajadores, Fernando Espino. Y el incendio de la subestación eléctrica del “Buen Tono” se adelantó, para mala fortuna de todos, a la ejecución de los recursos obtenidos, vía endeudamiento, para la renovación y/o mantenimiento de sus equipos y transformadores, la explosión de uno de los cuales fue lo que desató el siniestro.

Entre los trabajadores del Metro circula la versión de que por primera vez en el medio siglo de vida del sistema, no se les dio mantenimiento a esos transformadores, porque la directora Florencia Serranía no asignó el presupuesto correspondiente.

Las pruebas de tal aserto estarían en las oficinas de Instalaciones Fijas, una, sobre todo: la del sistema llamado POA (Programa Operativo Anual del Metro), donde todas las áreas, incluida la de Instalaciones Fijas, suben cada año sus requisitos financieros y necesidades presupuestales.

Pero resulta que el miércoles pasado, a las siete de la noche, les cortaron la luz y fueron evacuadas esas oficinas, sin que nadie pudiera sacar papeles oficiales, dispositivos USB o discos compactos, según denuncia de los propios trabajadores. La información que enviaron a esta columna sugiere que se quiere fincar la responsabilidad del accidente a quien encabeza el área de Instalaciones Fijas, un funcionario que se acaba de ocupar del cargo después de quince meses de estar acéfalo y a quien se asegura que Serranía le ha recriminado no haberla notificado personalmente de sus necesidades presupuestales, aunque ella sabe que el mecanismo formal es el POA.

Después de los escandalosos dispendios de administraciones pasadas se entienden y se aplauden las políticas de austeridad, pero es negligente que, en nombre de ella, se afecten sistemas vitales. Ya alguien inventó por ahí un término ejemplificador: austericidio.

Instantáneas:

1. DENUNCIA. Los diputados capitalinos panistas Federico Döring y Andrés Atayde Ruibiolo, así como Jesús Adrián Alfaro Reyes, concejal del mismo partido en la alcaldía Gustavo A. Madero, presentaron ayer ante la Fiscalía General de la Ciudad de México una denuncia de hechos contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la directora del Metro, Florencia Serranía, en la que las acusan de homicidio, ejercicio ilegal y abandono del servicio público y uso ilegal de atribuciones y facultades. Les atribuyen probable responsabilidad en el incendio del sábado pasado en el centro de control del Sistema de Transporte Colectivo de “Buen Tono”, en el que perdió la vida la policía bancaria e industrial María Guadalupe Cornejo. A Serranía le recuerdan que en la sesión virtual que sostuvo el 30 de noviembre pasado ante la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, ella misma se asumió como directora del STC y como subdirectora de Mantenimiento.

2. EXONERADO. La Fiscalía General de la República se desistió anoche del ejercicio de la acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre pasado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero; y regresado a México el 18 de noviembre tras el retiro de los cargos. El pasado 9 de enero, el general Cienfuegos conoció aquí las imputaciones hechas por las autoridades estadounidenses, así como las investigaciones realizadas al respecto por la FGR. De ellas se concluyó que quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña Nieto, nunca tuvo encuentro ni tratos con integrantes de la organización delictiva investigados por las autoridades norteamericanas, razón por la cual lo exoneró. La Fiscalía refirió que desde 2013, la DEA inició, sin el conocimiento ni la colaboración del gobierno mexicano, la investigación contra Cienfuegos y corroboró la debilidad de las imputaciones que le fincaron, según referimos en este espacio (https://bit.ly/2MVDOsX).

3. AGENTES EXTRANJEROS. Precisamente hoy entran en vigor los lineamientos que regularán la relación de servidores públicos con agentes extranjeros en funciones de seguridad. El Diario Oficial de la Federación los publicó ayer en seguimiento al decreto del 18 de diciembre pasado que adicionó diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. No es su objetivo reducir el nivel de cooperación sino ordenar los términos de su operación, desordenada y abusiva, como se comprueba ahora con el caso Cienfuegos. De ahí que establezca su acreditación como funcionarios consulares ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (previo acuerdo con las de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina); la obligación de dar cuenta al gobierno mexicano de la información que generen y la obligación de mantener el carácter de confidencialidad de la misma. El canciller Marcelo Ebrard se reunió ayer con sus funcionarios de primer nivel para definir la hoja de ruta conforme a la cual explicarán dichos criterios a los embajadores de los países que tienen presencia de agentes extranjeros en México. Las encabezarán los subsecretarios Maximiliano Reyes y Carmen Moreno, así como Roberto Velasco, director para América del Norte. Son veinte los países que tienen en México agentes en funciones de seguridad, entre otros Estados Unidos, Guatemala, España, Israel, el Reino Unido, Rusia y China.

4. CONTRARRÉPLICA. Acuso recibo de las réplicas enviadas a esta columna y publicadas íntegras por EL UNIVERSAL en su edición de ayer, de las empresas Emerging America y Gas Natural del Noroeste. En ellas rechazan haber sido legalmente amenazadas por CFEnergía por no cumplir la compra comprometida por contrato de gas natural que les suministra esa filial de la empresa eléctrica estatal, como aquí se afirmó. En contra de lo ahora argumentado por ellas –no obstante que fuentes a su interior cuya identidad me reservo, hicieron llegar la denuncia a esta columna-, otras gaseras se han sumado al reclamo de marras. Parece que aquí solo hay de tres: que la renegociación del contrato obligó a la confidencialidad sobre la coacción denunciada, que prefirieron ya no meterse en más litigios con la CFE o que los denunciantes actuaron con intenciones aviesas. Ya lo sabremos.

5. FÉLIX Y EL SILENCIO. Mientras que Félix Salgado Macedonio, virtual candidato de Morena al gobierno de Guerrero, parece apostarle al silencio y a la inacción de la justicia en relación con la demanda de violación de la que aquí hemos dado cuenta, inquieta que nada se sepa del paradero de la víctima con identidad reservada para su protección con las iniciales JDG. La reactivación del caso para su judicialización quedó en manos de la Fiscalía de Guerrero que ayer informó que ha ofrecido a la víctima asistencia jurídica, atención sicológica especializada y medidas cautelares. Entre tanto, el ex fiscal Xavier Olea, bajo cuya gestión se llevó a cabo la investigación, se amparó ayer luego de que se supo que se procedería en su contra tras declarar que la carpeta no se judicializó por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo. La candidatura morenista de Salgado Macedonio aún no está firme, ya que otro de los precandidatos, Pablo Amílcar Sandoval, está en espera de la resolución del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación respecto a la impugnación que interpuso contra la encuesta que lo eligió y en la que argumenta que Morena no analizó adecuadamente el perfil del exalcalde de Acapulco y senador con licencia, involucrado en al menos un caso de abuso sexual.

6. ATENCIÓN CIUDADANA. Benjamín Marina Martín asumió la Secretaría de Atención Ciudadana de la Ciudad de México. Al hacerlo se comprometió a fortalecer la asesoría jurídica y el acompañamiento legal gratuito para las personas físicas. La Secretaría de Atención Ciudadana depende del Tribunal de Justicia Administrativa de la capital de la República.

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