La riqueza de un país es generada por la productividad de su población y de sus empresas, por la sólida relación entre oferentes de bienes y servicios y consumidores. Del mismo modo los contribuyentes son quienes, con el fruto de su trabajo, pagan obligaciones fiscales a los gobiernos, para que éstos, a su vez, puedan administrar el tesoro público.

La tarea de gestión que realizan los gobiernos es fundamental para garantizar el funcionamiento de las instituciones, así como para que el Estado ofrezca los bienes públicos que permitan organizar la vida en comunidad. Así pues, desde el ideal, tanto gobiernos como empresas y contribuyentes tienen los incentivos necesarios para participar en este proceso de manera armónica.

No obstante, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, durante 2016, los hogares de mayores ingresos fueron los que más pagaron impuestos en todas sus variantes. La institución señala que aquel año los hogares de mayores ingresos contribuyeron con 50.2% de la recaudación de impuestos, en tanto que los de menores ingresos con 11.1%.

Es razonable que exista una relación entre el nivel de ingreso de personas físicas y morales con la aportación realizada. No obstante, en la realidad económica existen situaciones que podrían ayudar al incremento en la recaudación de recursos para los gobiernos. La formalidad, por ejemplo, es un fenómeno de gran peso en la economía nacional, ¿cómo incorporar a los amplios sectores que no laboran en ella para beneficio del patrimonio público?

La carga fiscal que han asumido las personas de mayores ingresos puede aligerarse en la medida en que existan políticas orientadas a una distribución más equitativa de la riqueza producida. Es decir, en cuanto se incremente la productividad de los sectores de menores ingresos, también será más justa la contribución al fisco para quienes más dinero ganan con su actividad económica.

En correspondencia a ello, el gobierno federal y los locales deberán responder con servicios públicos de calidad. La tarea de las autoridades es, entre otras cosas, garantizar el uso legítimo de la fuerza, así como administrar los bienes públicos para beneficio común. No es aceptable, por ejemplo, que se cobre más impuestos a quienes más ganan, pero que no se les garantice seguridad alrededor de sus actividades, de sus inversiones.

En tiempos de campaña, en los que estará a discusión el modelo de país que queremos conformar, los candidatos presidenciales deberán plantear propuestas en materia fiscal orientadas a la justa recaudación. La visión es que todos paguen lo que les corresponde para construir un tesoro público blindado a tentaciones, y que en el camino se invierta en los que menos tienen, para que superen su situación. La discusión debe construirse.