La teoría criminal del caso implicaría que César Duarte Jáquez consiguió un banco y, a cambio, se prestó para financiar, con dinero federal, las campañas del PRI. De esto está convencido Javier Corral Jurado, el gobernador panista en Chihuahua y de poco a poco va probando sus argumentos.

La historia comenzó cuando Duarte y su secretario de Finanzas, Jaime Herrera, invirtieron en comprar la Unión de Crédito Progreso para luego obtener el permiso de operar esa intermediaria financiera como banco.

Duarte puso 65 millones para adquirir el diez por ciento de esa empresa que después recibió en administración buena parte de la tesorería de su estado, alrededor de 85 mil millones de pesos.

No hubiera sido posible convertir una caja de ahorros local en el Banco Unión Progreso sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria, y por tal motivo desde que este asunto turbio se hizo público hubo señalamientos en contra de la Secretaría de Hacienda como posible instancia implicada.

Durante el año 2015 estalló este escándalo que con el tiempo se ha venido confirmando como verdadero. Hoy César Duarte vive fuera del país y varios de sus ex colaboradores de gabinete se encuentran sometidos a proceso judicial, entre ellos Jaime Herrera, el antiguo secretario de Finanzas.

Durante los dos últimos años flotó sin respuesta una pregunta: ¿por qué la SHCP ayudó a Duarte para que se volviera banquero? No bastó como explicación el poder político del ex gobernador, ni la amistad que sostiene con algunos de los dirigentes más importantes de su partido.

Es aquí donde se completaría la segunda parte de la hipótesis: la SHCP habría ayudado a Duarte Jáquez para que se comprara un banco, a cambio de que, a través de su gobierno, transfiriera fondos de la Federación para favorecer a los candidatos del PRI que acudieron a las urnas durante las elecciones de 2016.

Jaime Herrera, socio del banco Unión Progreso y ex secretario local de finanzas, confesó que, por instrucciones de su jefe, César Duarte, participó en una operación fraudulenta para obtener 246 millones de pesos de la hacienda pública federal.

Se ha querido desestimar este testimonio argumentando que Herrera fue presionado por la justicia local para mentir, ya que sólo así recibirá indulgencia por sus delitos. Sin embargo, no se trata de la única prueba que sustenta el argumento del fraude. Otros integrantes del gabinete de Duarte han corroborado la misma versión.

Con ambas piezas juntas del rompecabezas, el permiso de operación para el banco Unión Progreso —entregado de manera sospechosa por la SHCP—, y el financiamiento presuntamente fraudulento a favor del PRI, es que emerge la hipótesis completa: Luis Videgaray habría intercambiado un favor personal para el ex gobernador Duarte a cambio de que éste garantizara el triunfo del PRI en su estado, con recursos provenientes de la Federación.

Todavía faltan varios eslabones para probar la tesis del actual gobernador, Javier Corral. Sin embargo, todos los días se añade una pieza más a este entramado. A diferencia de otros casos, el mecanismo de la delación está funcionando como pólvora humeante para descifrar los fraudes supuestos.

El actual gobernador de Chihuahua está decidido a llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias. Ayer exigió al presidente Enrique Peña Nieto para que tramite la solicitud de extradición en contra del ex gobernador priísta César Duarte: “Ya no hay justificación alguna —dijo— para el retraso, se les está pasando de tueste”.

ZOOM: No es común que una fiscalía estatal sea mejor que los poderes federales para perseguir actos de corrupción. El actual gobierno de Chihuahua parece ser la excepción, pero ya topó con pared. No hay proceso de extradición que pueda resolverse si el gobierno federal no interviene. El problema es ese procedimiento depende nada más ni nada menos que del actual canciller, Luis Videgaray.

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