Bajo el régimen de la pandemia todos somos Damocles. Sobre nuestras cabezas pende una espada, peligro permanente para todos los hombres. Nos impone el confinamiento y la observancia de reglas de conducta sensatas y solidarias. La polarización política perjudica a las comunidades y las tontas discordias desmembran el tejido social. En cambio, los consensos exigen a los dirigentes respeto a la ciencia, apego a la tolerancia y empeño indeclinable en la búsqueda del bien común. Activa también la inteligencia, la reflexión y la comunicación. El pueblo castiga a los provocadores que pretenden manipular la tragedia con fines electorales.

La Cámara de Diputados, depositaria de la voluntad ciudadana, tiene el mandato de conducirse conforme a estricta legalidad y velar en todo momento por el bien superior de la nación. En uso de sus facultades, la Presidenta de la Mesa Directiva ha interpuesto una controversia contra el Decreto del Ejecutivo que “establece la disposición de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” hasta el 2024 —debiendo informar anualmente al Senado sobre el uso que haga de esta competencia— en tanto la Guardia Nacional “desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”.

La mayoría de la Cámara publicó un desplegado que refuta sin argumentos validos la competencia de la legisladora en virtud de la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara. Le espeta además numerosas expresiones peyorativas e injurias personales propias de un machismo exacerbado. Afirma que ese recurso fue interpuesto para beneficiar a su partido —el PAN—, sin percatarse de que la Suprema Corte de Justicia habrá de rechazar dicho recurso ya que el decreto presidencial tiene rango constitucional.

Los impugnadores olvidan que la presidencia rotativa de la Cámara fue fruto de maniobras partidocraticas de la Junta de Coordinación Política, que luego se reflejaron en la ley. Esta dispone que “EN NINGÚN CASO la Presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año en un diputado que pertenezca a un grupo parlamentario que presida la Junta”. Esto último ocurrió cuando fui electo Presidente de la Mesa por el Pleno de la Cámara. En tal caso debió haberse rotado la Presidencia de la Jucopo, aunque el artículo 31 de la Ley Orgánica prevea lo contrario.

En la iniciativa que presenté para la reforma de Ley del Congreso propongo que ambos órganos de gobierno sean presididos por el mismo partido cuando tenga la mayoría absoluta. En tal caso se reafirmarían las atribuciones constitucionales de la Mesa y de su Presidencia que ostenta la representación legal de la Cámara y encabeza además el Congreso de la Unión. Disminuiría por tanto el campo de acción conspiratoria y los excesos de la Jucopo en la conducción del Poder Legislativo.

El artículo 22 de la Ley dispone que el Presidente de la Mesa “expresa la unidad de la Cámara, conduce las relaciones institucionales” con los otros poderes federales y de las entidades federativas. Al conducir las sesiones “velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los Grupos Parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara; asimismo, hará́ prevalecer el interés general por encima de los intereses particulares o de grupo”. Encarna en suma la dignidad republicana y modera el juego político entre los partidos.

En la víspera de las elecciones del año próximo, “las más complejas de nuestra historia”, se juegan 21,328 cargos públicos y más de doscientas mil precandidaturas, lo que implica la reconfiguración de las fuerzas políticas en el país y en el interior de los partidos políticos. La dirigencia de la mayoría en la Cámara exhibe su incertidumbre y nerviosismo ante estos procesos y evidencia su inmadurez política al caer en el juego de oposición. Inventa enemigos imaginarios y pretende exorcizar la presidencia de la oposición en la Cámara. “El niño le pone el coco y luego le tiene miedo”.

Diputado federal