Una votación histórica y tan observada como la que tuvo el jueves la Suprema Corte no puede estar exenta de que en el resultado final haya un balance sobre lo ocurrido y sobre quienes salieron bien y mal librados de la decisión trascendental. De entrada, en el juicio popular y de opinión pública que se erigió contra los ministros juzgadores que hoy fueron juzgados, el más dañado sin duda fue el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se expuso de más y asumió la mayor parte del costo al haberse inscrito como el primer orador que salió a combatir la ponencia del ministro Luis María Aguilar y a defender la constitucionalidad de una Consulta Popular que, si bien era un ejercicio de democracia ciudadana y participativa, también era la apuesta política del Jefe del Ejecutivo federal al que defendió con vehemencia el presidente de otro poder autónomo.

Zaldívar pudo y debió ser el orador final y el voto que definiera, como correspondía a su investidura, pero eligió ser el ariete de una propuesta claramente marcada con el sello del presidente López Obrador y de la 4T, a la que había que quitarle su eminente carácter político y electoral para darle un baño de legitimidad constitucional. Fue tan clara y abierta la posición a favor del ministro presidente, que se llevó el mayor desgaste y la mayor parte de los reclamos de quienes no compartían la viabilidad de una Consulta que, en sentido estricto, no era necesaria para lograr el objetivo de acusar y enjuiciar a los expresidentes y que además tendrá un costo de miles de millones de pesos en su organización y realización para los mexicanos. Casi podría decirse que en la sesión del jueves, no tanto por el sentido de su voto sino por su premura de apoyar a priori la propuesta presidencial y ser quien enfrentara de inicio al ministro ponente, el presidente de la Corte pasó de “la arrogancia de su libertad” a la “humildad de su sometimiento”.

Lo más grave para el presidente de la Corte es que al final no terminó bien ni con Dios ni con el Diablo. Porque aunque fue parte fundamental de una aprobación que celebró López Obrador, también tuvo que aceptar y participar la modificación de la pregunta original planteada por el Ejecutivo, algo que en su intención de ser tan neutro y cuidadoso de no afectar las garantías individuales, que terminó no sólo desagradando al Presidente, quien la consideró “confusa y poco clara”, sino también abriendo la posibilidad de que, más que un juicio a los cinco expresidentes que se pretendía (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña) se pueda revisar, investigar y procesar a todas “las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos”, algo que si bien abarca los 30 años del llamado “neoliberalismo”, también abre la puerta para que sean investigados o enjuiciados los “actores políticos” del presente, es decir que las decisiones de López Obrador o de sus secretarios de Estado puedan ser investigadas y sometidas a juicio por los los años pasados de 2019 y lo que va del 2020.

Por lo demás, los ministros que terminaron votando a favor y los que lo hicieron también en contra, salvo honrosas excepciones, no tuvieron mucho margen ante el despliegue de operadores políticos que se metieron a la operación y el cabildeo de las dos posiciones en este asunto. De un lado, promoviendo votos en contra y hablando con varios ministros para que rechazaran el proyecto de López Obrador y avalaran el dictamen de inconstitucionalidad de Luis María Aguilar, se vio a Eduardo Medina Mora. El exministro de la Corte que renunció a su ministerio antes de concluir en medio de señalamientos de movimientos financieros no explicados, se dedicó a hablar con varios de sus excompañeros para buscar una mayoría que declarara la inconstitucionalidad de la consulta. Medina Mora, quien tuvo relaciones cercanas con los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón (con quien fue procurador y embajador de México ante EU) y con Enrique Peña Nieto, es referido por fuentes internas de la SCJN como “operador en contra de la consulta”.

Del otro lado, a favor de la constitucionalidad del ejercicio que propuso López Obrador, quien operó fuerte fue el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien lleva por encargo directo del Presidente la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Scherer estuvo hablando con varios de los ministros y revisando quiénes apoyaban o no la propuesta presidencial  y fue, en gran medida, el responsable de construir la apretada mayoría que terminó avalando, primero la constitucionalidad de la Consulta Popular, y luego la modificación de la pregunta y la nueva redacción que terminaron aprobando ya no seis, sino 8 ministros a favor y 3 en contra.

LOS DOS VOTOS MÁS DIFÍCILES

En la construcción de la mayoría que declaró la constitucionalidad de la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes, hubo dos ministros que no fueron fáciles de convencer y cuyos votos se habían mantenido en la incógnita hasta el último momento. El primero fue el del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien por sus antecedentes y trayectoria no se ubica precisamente en el ala pro 4T de la Corte. Propuesto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y exdirector del SAT en su gobierno, con formación en la UNAM y una maestría en Harvard, Gutiérrez Ortiz Mena fue el voto más sorpresivo al avalar la Consulta, aunque desde el principio expresó dudas sobre la redacción de la pregunta.

El otro voto que fue decisivo y que también fue de los más complicados, por la independencia y autonomía que se ha manejado desde que llegó a la Corte, fue el de la ministra Margarita Ríos Farjat. La abogada regiomontana que fue propuesta por el presidente López Obrador ha demostrado con sus votos y posiciones en la Corte no ser precisamente incondicional y ha defendido su autonomía en varios asuntos que ha promovido el gobierno lopezobradorista. Por eso su voto se mantenía hasta la víspera de la votación como una incógnita pues no se sabía cuál sería su posicionamiento y su argumentación, ni si estaría a favor o en contra de la Consulta.

Al final, cuando votó a favor de declarar la constitucionalidad del ejercicio, la ministra Ríos Farjat fue la única en interpretar que el instrumento de la Consulta Popular era también un mandato constitucional que hasta ahora, después de haber sido aprobada en 2011, no había sido utilizado ante la falta de un criterio jurídico que permitiera transitar de la reforma constitucional que le dio origen, la emisión de la Ley de Consultas Populares en 2014, a la materialización en la práctica del derecho constitucional que tienen los mexicanos para ser consultados y participar de las decisiones políticas que se toman en el país. “Yo creo que hay que utilizar siempre los canales institucionales porque están partiendo de un derecho constitucionalizado. Creo que nuestra misión como tribunal constitucional es destrabar los contenidos constitucionales y permitir un tránsito a través de ellos. Si gustó o no gustó, es un papel difícil que tenía la Suprema Corte, creo que somos muy conscientes, porque era analizar una esencia muy distinta a lo que está acostumbrada a hacer. Sí es un derecho constitucional, pero el tipo de procedimiento que es, es eminentemente político”, comentó en su argumentación la ministra Ríos Farjat.

Así que al final esta votación, con todos su saldos y costos para los ministros, dejó en claro que la Corte, al igual que el resto del país, acusa ya también los efectos de la polarización política que vivimos. El tribunal supremo del Poder Judicial está dividido en dos grandes bloques: de un lado un ala proclive al actual gobierno, en el que se ubican claramente 4 ministros; del otro el ala contraria y adversa a esta administración, donde hay otros 4 ministros claramente identificados, y en medio al menos tres ministros que no quieren definirse por ninguno de los dos bloques y que, manteniendo su independencia, pueden inclinar la balanza para uno u otro lado, como en este caso lo hicieron al darle la mayoría a la primera Consulta Popular que conoceremos los mexicanos con una pregunta que quedó tan abierta y neutral, que lo mismo puede servir para revisar la actuación de los últimos 5 expresidentes de México, que para revisar los primeros años del actual gobierno de López Obrador y sus “decisiones políticas” no siempre acertadas.

NOTAS INDISCRETAS…

La imagen ayer del presidente López Obrador en Ciudad Juárez, encabezando un acto público sin la presencia del gobernador del estado, Javier Corral, rompe de golpe con toda una tradición de cortesía política y protocolos institucionales de la Presidencia de la República, según los cuales siempre que el Jefe del Ejecutivo Federal iba a una entidad federativa, tenía que invitar al Ejecutivo estatal para que lo acompañara en los eventos públicos o reuniones privadas. Las diferencias personales y políticas, aunadas al conflicto por el agua de las presas de Chihuahua, cuyos agricultores han impedido que el gobierno federal extraiga el líquido para pagar su adeudo con Estados Unidos, pudieron más que la institucionalidad de la Presidencia, que antepuso los problemas políticos a la relación institucional y constitucional con un estado de la República. “No tiene caso, en este momento, ese encuentro, porque nos han ofendido”, dijo el presidente antes de viajar a Chihuahua, donde en pleno acto público retomaría su explicación de por qué no estaba ahí el gobernador, con una frase que ilustra el motivo político de su decisión: “Hay que dejar atrás las hipocresías. No vamos a abandonar a Chihuahua, las diferencias actuales no son con la gente, sino con las autoridades”, dijo el Presidente. La respuesta de Javier Corral al desplante del Presidente no se hizo esperar: “López Obrador quiere sólo hablar él y que nadie lo contradiga. No está acostumbrado a que lo contradigan”, dijo el gobernador al acusar que el jefe del Ejecutivo federal confundió las cosas y trasladó las diferencias y el pleito que ambos tienen a las investiduras y las instituciones que ambos representan. En fin, que no es nuevo que en México un presidente y un gobernador no se lleven bien, ni siquiera que se lancen dimes y diretes en público, pero romper los protocolos y la cortesía política e interrumpir el diálogo no llevará a ninguna solución en este conflicto… Se agitan los dados. Escalera doble. Semana intensa.