¿Se puede vivir del presupuesto público, ser poco o nada transparentes en el ejercicio del gasto y luego demandar mayores recursos para “sobrevivir”? ¿Es posible exigir apoyos federales, a pesar que se descubre que hubo un derroche de millones de pesos en compras de artículos superfluos?

En la situación anterior se encuentran al menos dos universidades públicas.

De acuerdo con información que hoy publica EL UNIVERSAL, la Auditoría Superior de la Federación documentó que varias universidades estatales utilizaron los recursos asignados para ampliar la cobertura y cubrir la demanda de educación superior en la compra de arreglos florales, regalos del Día de las Madres, decoración con globos, contratación de música y compra de alimentos.

Además, en lugar de invertir en ampliar la matrícula de alumnos, se hicieron pagos en exceso en el rubro “Servicios Personales”, que corresponde a prestaciones para empleados.

De las 11 casas de estudio que incurrieron en el derroche, hay dos que se encuentran en condición económica crítica: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estas universidades, en conjunto con otras seis, han solicitado fondos de emergencia para subsistir en 2018.

Pertenecer al grupo de universidades que dilapidan recursos y que en este momento claman por apoyos federales para sobrevivir es una combinación que de manera natural reclama atención para deslindar responsabilidades por el correcto ejercicio del dinero. A alguien se debe responsabilizar de la delicada situación económica de las universidades.

Las universidades públicas, como creadoras de conocimiento e innovación, tendrían que ser las primeras en actuar con base en los principios de máxima transparencia y no en tirar recursos en compras innecesarias en lugar de destinarlos a labores de investigación, tareas docentes o actividades para los universitarios.

Es cierto que no sería nada sano abandonar a su suerte a las universidades, por el relevante papel como formadoras de jóvenes y generadoras de conocimientos, pero las casas de estudio deben adoptar compromisos de óptima utilización de los recursos y de rendición de cuentas.

Sin violar la autonomía de las universidades, autoridades estatales y federales deben convertirse en las garantes del ejercicio correcto del presupuesto. El país y millones de estudiantes resultarán beneficiados.