El año que está por terminar fue de dificultades, especialmente en materia de seguridad. Prácticamente todos los índices delictivos en la mayoría de los estados son superiores en comparación con el año previo. Uno de los rubros que empeoró es el de policías muertos en el desempeño de su labor.

EL UNIVERSAL publica hoy que 2017 se convirtió en el periodo que más muertes de policías municipales, estatales y federales registra, con 530, la cifra más alta desde 2011, cuando el Inegi contabilizó 517. Las policías municipales y estatales se llevaron la peor parte, pues 84% de las víctimas laboraban en ese tipo de corporaciones.

Los números son el reflejo de uno de los principales problemas que enfrenta el país actualmente: la incapacidad de las corporaciones policiacas para hacer frente de manera eficaz a los grupos criminales.

A pesar de que desde finales del sexenio anterior comenzó un proceso de profesionalización, éste se encuentra inacabado en la mayoría de las entidades y en muchas más apenas toman las primeras acciones.

Uno de los objetivos que se privilegiaba en la transformación de los agrupamientos policiacos era el de instaurar controles de confianza. Las pruebas del polígrafo y toxicológicas debían ser una cuestión fundamental, pero no siempre son realizadas, con lo cual aumentan las probabilidades de que las corporaciones sean infiltradas por organizaciones criminales.

Es en este momento cuando se presenta una doble vulnerabilidad; primero, la de los agentes policiacos al volverse blanco de los grupos rivales a los que protegen, y después la de la sociedad al quedar desprotegida y en medio de la disputa de bandas delictivas.

La falta de preparación es otra causa del alto número de muerte de policías. No basta con invertir en armamento, patrullas o chalecos. Hay elementos policiacos que carecen de la elemental formación en las situaciones de riesgo que tendrán que enfrentar.

La situación generó un círculo vicioso. Ante la debilidad de las policías, la fuerza militar entró al auxilio de municipios y estados, pero los gobiernos estatales no han cumplido con el compromiso de preparar de manera profesional a sus agentes.

Desistir en crear cuerpos de seguridad pública bien equipados, con remuneraciones dignas y constante capacitación es una decisión reprobable. Si a alguien hay que exigir cuentas por el medio millar de policías caídos es a las entidades.