Una de las instituciones con mayor reconocimiento por parte de la población es el Ejército. Encuestas que registran la aprobación de diversas instituciones usualmente colocan a la cabeza o en los primeros sitios a las Fuerzas Armadas.

Hasta hace una década la labor de las tropas era principalmente de corte social y de apoyo ante desastres naturales. Esa orientación se modificó en 2006 cuando por orden presidencial grupos de militares fueron enviados a Michoacán para colaborar en la contención de la inseguridad que se había desbordado en ese estado.

La propagación de grupos criminales, en combinación con corporaciones policiacas débiles o infiltradas por la delincuencia, tuvo como consecuencia que se volvieran escenas comunes los patrullajes del Ejército y la asignación de tropas a tareas de seguridad pública, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución establece que esa función corresponde a cuerpos civiles a cargo de la Federación, de los estados o los municipios. Organizaciones sociales, de derechos humanos —nacionales e internacionales—, así como el propio Ejército, señalaban la inconsistencia.

Durante todo este tiempo el Ejército ha venido realizando funciones que hasta ayer no se encontraban en ninguna normatividad.

Este jueves se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley de Seguridad Interior, que busca otorgar un asidero legal a la actuación de fuerzas militares en el combate al crimen.

La iniciativa ha sido cuestionada por expertos y grupos civiles, pues consideran que representa una virtual militarización del país e implica riesgos para los derechos humanos.

La ley aprobada ayer parece una salida fácil por parte de legisladores y autoridades que la impulsaron, pues no va acompañada de acciones complementarias para fortalecer las corporaciones policiacas. En lugar de planear su fortalecimiento se apuesta por la disciplina militar.

El texto aprobado enuncia en uno de sus párrafos que la intervención de la Federación en estados o municipios, por medio de las Fuerzas Armadas, requerirá una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”, que no podrá exceder de un año, pero al final confiere al Poder Ejecutivo la facultad para prorrogar dicho periodo.

Aunque se han registrado violaciones a los derechos humanos por parte de elementos castrenses, que han obligado a la institución a adoptar programas de capacitación en ese sentido, el sitio del Ejército se ha ubicado del lado de la población y no contra ella. Por esa razón, cabe la pregunta ¿cuál es el sentido de prolongar su presencia en actividades que no les confiere la Constitución?