El actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, es amigo, subalterno y ex abogado de Enrique Peña Nieto y del PRI. Las pesquisas sobre presuntos desvíos hacia campañas de EPN (casos Duarte, OHL, Odebrecht) no deben ser encabezadas por quien formó parte del equipo, junto con Emilio Lozoya, del hoy Presidente.

Es como esperar que persiga a quienes espiaron a periodistas de manera ilegal con el software Pegasus adquirido por su dependencia. Para colmo, comprado a través de prestanombres. La dirección de uno de los inmuebles coincide con la de una empresa fantasma de Duarte. Historias macabras que se entretejen.

No es de extrañar pues, la dilación, ineficiencia, opacidad u omisión con la que actúa.

Mientras en otros países los sobornos de Odebrecht han llevado a prisión a altos funcionarios y a ex presidentes, en México la PGR reservó información y hasta el día de ayer Emilio Lozoya acudió al Ministerio Público.

A falta de autoridades, periodistas.

Fueron Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna, de Quinto Elemento Lab, quienes el domingo dieron a conocer las declaraciones premiadas de altos ejecutivos de Odebrecht detenidos en Brasil. Luis Alberto Meneses señaló a Lozoya como el hombre que le pidió millones de dólares y le indicó el nombre de Latin American Asia Capital Holding para hacer los depósitos en 2012.

Lozoya saltó. Difundió que eran chismes sin sustento y contrató a uno de los abogados más duros (por decirlo de alguna manera), a Javier Coello Trejo.

Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, amplió la información. Mostró los estados de cuenta de las transferencias a empresas que, de acuerdo con los testimonios de los delatores, están ligadas a Lozoya. Depositaron 40 millones de pesos, al tipo de cambio de aquel entonces, cuando la campaña de Peña. Después, siendo Emilio Lozoya director de Pemex, “cayeron” más.

Ayer en conferencia de prensa recalcó: “No hay elementos ni pruebas que sustenten que yo recibí dinero”.

Los contratos que ganó Odebrecht existen, los depósitos a cuentas bancarias, también. Entonces, si no fue Emilio, ¿quién sacó los dólares? ¿Dónde quedó la bolita?

Raúl Cervantes puntualizó que castigará con todo el peso de la ley a quienes hayan recibido sobornos.

¿Incluso si los recursos llegaron al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto?

¿Cómo investigará a su jefe, a sus pares, colegas de partido, clientes de antaño?

Una de las condiciones necesarias para combatir la corrupción es la autonomía de fiscales y todos aquellos encargados de procurar e impartir justicia.

En México no existe tal premisa. Estamos atrapados en el círculo de simulación y cinismo de los “juez-parte”, de las “cuotas-cuates”.

Raúl Cervantes tiene que irse. En su lugar debe llegar un fiscal independiente, sin conflictos de interés, ni vínculos con los presuntos delincuentes poderosos.

Así de lógico y así de complicado.

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