En 1985 las heridas que dejó el sismo del 19 de septiembre en la capital del país perduraron durante varias décadas; años después de la tragedia grupos de damnificados seguían demandando una vivienda digna; resulta difícil de creer, pero todavía a finales del año pasado se entregaron inmuebles a quienes resultaron afectados hace 32 años.

La historia que se presenta este 2018, luego del terremoto del 19 de septiembre de 2017, no se encuentra muy alejada de aquella. Son épocas diferentes, con gobiernos y tecnologías diferentes, pero la lentitud parece ser la misma. A casi medio año de ocurrido el temblor, aún prevalecen edificios que carecen de dictaminación oficial sobre su futuro: reforzamiento o demolición. La reconstrucción va a marchas forzadas y sometida a cuestiones políticas.

Información que hoy presenta EL UNIVERSAL destaca que hay 5 mil inmuebles que aún se deben dictaminar para conocer sus daños. Que de 422 escuelas con daños menores, menos de la mitad ha sido reparada.

Para la asignación de recursos, con el fin de que el proceso fuera transparente y bajo la mirada ciudadana, se formó un comité de reconstrucción, que zozobró luego de que en el momento decisivo ninguna figura de la sociedad pudo intervenir. En un movimiento de último momento, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sin atender las recomendaciones de los integrantes de la Comisión de Reconstrucción, asignó casi 8 mil millones de pesos a 10 dependencias capitalinas. La acción ocasionó una desbandada en el comité de reconstrucción, y lo que al principio parecía una manera diferente de hacer las cosas terminó en la tradicional ruta de la imposición política.

Mientras en la cúpula gubernamental aún se realizan sumas y restas para determinar la cantidad total para la reconstrucción, miles de familias continúan con una vida rota por lo que representó la pérdida de su patrimonio y la incertidumbre de si volverán a contar con él.

Fuera del círculo de los damnificados, el tema queda con frecuencia sepultado por otros asuntos que dominan en la opinión pública. La carencia de lo elemental para miles que duermen a la intemperie, debajo de tiendas de campaña, no resulta prioridad para quienes tienen la obligación de responder ante la emergencia.

Para lo anterior hay una definición: indolencia, que aplica para quienes no se afectan o conmueven. Si eso domina en tareas que deben ser de atención inmediata, poco se puede esperar para otras áreas de la vida pública.