En los tiempos que corren, el país requiere que los Poderes de la Unión ejerzan sus responsabilidades con visión de Estado por medio del trabajo conjunto. El equilibrio entre los tres poderes es parte de la madurez democrática, lo cual constituye un objetivo por cumplir de forma permanente para dar sostenibilidad a cualquier proyecto de futuro planteado para el país.

La base de las democracias son los pesos y contrapesos entre instituciones públicas, de manera que la vigilancia mutua se convierte en un sano ejercicio cotidiano para garantizar el cumplimiento del contrato social. México ha logrado avances importantes en este apartado durante las últimas décadas y, ante la coyuntura actual, es indispensable continuar en este camino.

Una pieza fundamental que ha ayudado al equilibrio entre los Poderes de la Unión es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se ha erigido como contrapeso de las decisiones legales tomadas por aquellos poderes que violentan garantías individuales o contradicen las leyes fundamentales. En la etapa de la alternancia, realizar esta labor frente al poder político le ha dado a la Corte fuerza y legitimidad.

En entrevista que hoy publica EL UNIVERSAL, el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, afirma que es previsible que en el futuro próximo la Corte contienda con el poder político y se enfrente a retos que no había tenido. A propósito de que el próximo 30 de noviembre concluye su labor en el máximo tribunal del país, luego de 15 años de servicio, Cossío señala el tipo de desafíos que tendrá la SCJN en breve.

El ministro se retira un día antes de la llegada al poder del presidente más fortalecido por el voto popular en las últimas décadas, quien además cuenta con una mayoría partidista dentro del Congreso federal para llevar a cabo cualquier proyecto de gobierno que se plantee. En este sentido, es necesario insistir en la necesidad de que en la democracia mexicana existan los debidos contrapesos para que las políticas públicas y las leyes incluyan a todos, sirvan a todos.

Ante esta realidad, el papel de una Corte fuerte e independiente, como ha sido hasta ahora, ayudará a mantener el equilibrio de poder, a garantizar la fidelidad a la Constitución de parte de los poderes públicos y a cuidar el respeto de los derechos fundamentales. La fuerza democrática de nuestro país requiere del equilibrio entre poderes, de tal modo que permanezca la costumbre de la vigilancia mutua entre instituciones. Esta es una virtud de nuestra vida pública que hay que mantener.