En la violencia que azota diversas regiones del país los periodistas han sido blanco frecuente de los grupos criminales durante la última década, pero este año superó todos los registros y se convirtió en el periodo con más homicidios de periodistas en la historia.

Reporteros y grupos defensores de derechos humanos han exigido a los tres niveles de gobierno mayor protección y el esclarecimiento de los crímenes, sin que sus demandas sean cumplidas.

Hoy los relatores especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas presentarán un informe sobre la situación en México, así como sobre el seguimiento a las recomendaciones que dichos organismos hicieron hace siete años. Ante los ataques a los trabajadores de los medios de comunicación, el resultado que den a conocer no tendría por qué ser halagador. Edison Lanza, relator de la CIDH, tiene clara la línea que debe seguirse para contener el problema: “La mejor política es aquella en la que el Estado adopta la investigación como medida de prevención”.

Precisamente la falta de investigación deviene en impunidad, que es el sello de la gran mayoría de los asesinatos, agresiones e intimidaciones cometidos contra periodistas. El mensaje que se envía a cualquiera que se sienta agraviado por el derecho de la prensa a la libertad de expresión es la facilidad de silenciar al emisor, sin que exista algún castigo como consecuencia.

El gobierno federal puso en marcha en 2012 un mecanismo de protección a periodistas, pero no basta con ello si no hay seguimiento a las causas que llevan a distintos trabajadores a invocar su resguardo.

A pesar de esa instancia, la situación de amenazas y ataques no ha variado. La indefensión en la que se encuentran integrantes del gremio, principalmente en los estados, ha llevado a 37 medios de comunicación a anunciar –en un desplegado que dan a conocer hoy– la adopción de una estrategia conjunta para incidir en la prevención de ataques contra periodistas y medios de comunicación. Para ello un grupo de trabajo establecerán acciones de corto, mediano y largo plazos.

La poca eficacia mostrada por el Estado para dotar de seguridad a la prensa y para investigar los asesinatos contra sus integrantes no permite más opción a los medios que dejar el ámbito de las exigencias para pasar al de la acción, en tanto autoridades municipales, estatales y federales cumplen con la demanda de seguridad que se escucha por los distintos rincones del país. Basta ya de impunidad.