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Los agentes despojan a Deimos de su celular. A mentadas, les preguntan sus nombres, los fotografían y graban. El periodista exige a los agentes que dejen de apuntar sus armas contra su hija y esposa; en respuesta, los agentes cortan cartucho.
Desde su instalación, la fiscalía presume que de los 118 expedientes que existen, 67 se arrastran de años anteriores y que desde la creación de la unidad a septiembre de 2018 se han iniciado 51, principalmente por amenazas contra la libertad de expresión, lesiones, robo y abuso de autoridad, entre otros. De esos 118 casos, 64 se concluyeron, pero sólo cinco se han judicializado.
En julio de 2018, la Unidad Especializada se quedó acéfala luego que su titular, Jorge Flores, fue designado como vicefiscal en la región Mixteca. A más tres meses del cambio no hay fecha para nombrar a quien la encabezará.
Las cifras que proporciona la fiscalía difieren de recuentos de organismos civiles y de derechos humanos. La DDHPO, por ejemplo, ha iniciado 154 expedientes de 2016 a septiembre de 2018: 74 en 2016, 55 en 2017 y 25 en este año. Mientras que el “Reporte de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos para Personas Defensoras y Periodistas 2017” reveló que Oaxaca es la segunda entidad con más agresiones contra periodistas, al acumular 45 casos, antecedido por Chiapas con 56.
A su vez, organizaciones ciudadanas en el informe “Bajo ataque, los derechos humanos en Oaxaca” contabilizan 144 agresiones, sólo en 2017. De ellas, 37 fueron contra mujeres y tuvieron connotaciones misóginas. Por estos ataques se emitieron 18 medidas cautelares para proteger la integridad de 15 hombres, dos mujeres y una para las instalaciones de un medio.
El cambio de escenario que defiende el fiscal se debe, dice, a diferentes factores, “entre ellos que los periodistas han aprendido y ejercido medidas de autoprotección, pero también a que hemos [como fiscalía] enviado mensajes de que no habrá impunidad”.
Pese a los dichos de la fiscalía, un factor de riesgo para los periodistas es que los ataques provienen de una diversidad de agresores. Durante 2016, por ejemplo, la defensoría identificó a organizaciones sociales, elementos de las policías Municipal y Estatal, así como de agentes de investigación, pertenecientes a la propia fiscalía, como los principales perpetradores. Las agresiones fueron amenazas, golpes e intentos de homicidio.
Mientras que en 2017 se suman a lista los particulares y sindicatos, tanto de transportistas como de trabajadores de la educación, quienes ejercieron hostigamiento, intimidación y vigilancia, así como amenazas y agresiones físicas. Aún así para la DDHPO, los funcionarios siguen a la cabeza de la lista, pero la fiscalía asegura que son los particulares quienes más agreden.
