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A estas indagatorias se suman otras mil contra ex funcionarios del Poder Ejecutivo estatal, principalmente por un probable daño al erario que rebasa los 5 mil millones de pesos.
De dichas auditorías se obtuvieron observaciones por más de 802.7 millones de pesos, de este monto se solventaron 190.6 millones y 618.5 millones quedaron sin aclarar, “por lo cual entran a un proceso de responsabilidad resarcitoria”.
Que se desconozca cómo y en qué gastan los recursos públicos los municipios ha sido la constante en la entidad. A penas el 18 de septiembre los diputados locales resolvieron no aprobar las cuentas públicas de 14 municipios de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, por irregularidades que ascendieron a 213.3 millones de pesos.
Entre estos destacan San Pedro Mixtepec, con irregularidades superiores a los 56.9 millones de pesos; Santa Cruz Xoxocotlán, con más de 29.9 millones; Cosolapa, con 24.2; San Jacinto Amilpas, con 21.7; San Pedro Huamelula, con 17.6; San Baltazar Chichicápam, con 15.8; San Gabriel Mixtepec, con 12.8, y Ejutla de Crespo y San Jerónimo Sosola, con más de 9 millones cada uno.
Iruegas Álvarez explica que no necesariamente las investigaciones que se tienen abiertas en la fiscalía anticorrupción son resultado de las observaciones de la OSFEO y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues no en todas las anomalías que detectan se tiene competencia para indagar.
“Muchas de las veces es recurso federal y si el delito es en detrimento de la administración pública o patrimonial, se tiene que atender al origen del recurso y en este caso sería PGR la que iniciará y consignará al Poder Judicial de la Federación”, dice.
Abunda que no todo lo que se observa deriva en una denuncia penal, porque aunque se establece un monto de observación, falta el proceso de comprobación. Tras ese periodo puede que el monto observado no sea tal y la sanción ni siquiera llegue al ámbito penal, sino que se quede en una falta administrativa.
En el caso de los mil millones de pesos que se presume fueron desviados por ex autoridades municipales, explica que el monto se calcula con base en las denuncias y algunos dictámenes, pero que la cantidad aún no es conclusiva.
Pese a que la fiscalía tiene esa cantidad de investigaciones abiertas y procesos ya judicializados, Iruegas Álvarez señala que los casos no avanzan por falta de recursos y personal en la fiscalía que encabeza, lo que los mantiene congelados.
“De nada sirve que yo diga y lleve tantos asuntos ante el juez si no tengo la capacidad para estar presente en las audiencias para poder defenderlos. Entiendo que para el próximo año a partir de la reforma del Congreso que dota a la fiscalía de autonomía administrativa se nos etiquetará un recurso”, menciona.
