Justicia en espera, rezagados 63% de los juicios familiares en Oaxaca
De 11 mil 588 demandas en Oaxaca durante 2018, sólo se resolvieron 4 mil 299: tribunal
La delicada salud de uno de sus tres hijos y la insuficiencia económica para sostenerlos con el fin de garantizar su alimentación, educación y vestido llevó a María (nombre cambiado por cuestiones de seguridad) a demandar a su ex pareja el pago de una pensión alimenticia.
Jamás imaginó que se convertiría en un camino lleno de trabas y de un trato déspota de las jueces del Tribunal Superior de Justicia, mismo que se ha prolongado por dos años.
“La jueza y la secretaria, cada vez que me ven, voltean los ojos para mostrarme que no me toleran. Me hacen esperar por horas, no me entregan el expediente, pese a que lo tienen en sus manos. Han sido unas personas bastantes déspotas y que cometen muchos errores como ponerles cuatro apellidos a mis hijos. Me traen a vuelta y vuelta, pareciera que con la intención de cansarme”, detalla la mujer a EL UNIVERSAL.
Su caso es una muestra de la lentitud de las instancias de procuración y administración de justicia en Oaxaca para resolver este tipo de demandas y la negligencia con la que actúan los que están a cargo de estas instituciones, de acuerdo con los abogados David Méndez y Gabriel Vladimir Hernández. Además, abre la puerta para que el estado asuma su responsabilidad de garantizar el interés superior de los menores.
Acumulan expedientes
El caso de María está lejos de ser aislado. Del 1 de diciembre de 2017 al 5 de diciembre de 2018 se iniciaron ante el Poder Judicial de Oaxaca un total de 11 mil 588 demandas de carácter familiar, la mayoría (4 mil 802) en juzgados de la región Valles Centrales, seguida del Istmo de Tehuantepec (3mil 149) y de la Cuenca del Papaloapan (mil 273).
En ese mismo periodo, según datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado,se resolvieron y concluyeron 4 mil 299, es decir, sólo 37% de los expedientes; el resto, un 62.9%, quedaron rezagados. La situación es una constante. Un año antes, en2017, se presentaron 12 mil 857 demandas de este tipo, con un porcentaje de rezago similar.
María interpuso la demanda el 23 de mayo de 2017 ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiar del Poder Judicial de Oaxaca. Su caso fue turnado con el número de expediente 389/2017 al Juzgado Quinto de lo Familiar en la primera Secretaría, entonces a cargo de Genoveva Rodríguez Marcial. A través de este recurso demandó el pago de la pensión alimenticia, tanto provisional como definitiva.
Pese a que la ley establece un plazo de 24 horas para dar a conocer el asunto y un máximo de ocho días para la admisión de la demanda, fue hasta el 8 de junio de 2017 que obtuvo respuesta.
La primera traba a la que se enfrentó fue que su expareja radica desde hace varios años en Estados Unidos. En un primer momento la jueza acordó emplazar y requerirlo para que realice el pago de alimentos a sus tres hijos, lo que incluye la comida, el vestido, la habitación, la asistencia si hay enfermedad y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; entre otros.
Paralelamente, envió una carta rogatoria al agente consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que desde la embajada de México en Estados Unidos emplace a la expareja de María.
Sorpresivamente, la SRE rechazó realizar este trámite pese a que dentro de sus facultades está “tramitar su solicitud de pensión alimenticia para menores con padres en el extranjero y a darle seguimiento, siempre y cuando el país en el que radica el padre o madre a quien se reclama el pago cuente con algún instrumento internacional de colaboración con México en materia de alimentos”, según asegura la misma dependenciaen su sitio electrónico.
Más denuncias
En los últimos tres años y los primeros dos meses de 2019, en Oaxaca se han presentado ante la Fiscalía General del Estado 248 denuncias por el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, es decir, el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia. En 2016 se presentaron 83, en 2017 fueron 43, en 2018 aumentó nuevamente la cifra al registrarse 96. Entre enero y febrero de este año ya suman 26 demandas.
Ante la negativa de la SRE, explica el abogado David Méndez, la jueza en ese entonces, María Eugenia López Morales, debió dictar o buscar otras medidas para garantizar “el interés superior de los menores” reconocidas en la Constitución Política del país y en los tratados internacionales que ha firmado México, pero no lo hizo.
Esta fue la razón de que se recurriera a un amparo ante la justicia federal, el cual se presentó ante el Juzgado Décimo Primero del Estado de Oaxaca con número de amparo 471/2018. Tras casi dos años, el pasado 19 de marzo de 2019 el juez emitió unas medidas necesarias y urgentes para cubrir las necesidades de los menores. Sobre todo, a partir de que uno de ellos con problemas en el corazón dejó de recibir atención médica por el alto costo de su tratamiento.
El juez federal ordenó a la Juez Quinto de lo Familiar del Poder Judicial de Oaxaca dictar medidas para garantizar a los tres menores su demanda de alimentos (que incluye comida, salud, educación y otras). Pero también ordena a las instancias del gobierno estatal otorgarles auxilio económico.
Al director del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso le ordenó tomar las acciones pertinentes para la salud de los menores, a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca (Sedeso) y a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) abocarse a proporcionales programas de asistencia sociales; mientras que al DIF estatal le requirió realizar un estudio socioeconómico para conocer las necesidades de los menores.
El abogado Gabriel Hernández advierte que el caso de María se ha vuelto paradigmático porque abrió la puerta para que en este tipo de situaciones el Estado asuma la protección de los menores, conforme a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales que refieren el interés superior del menor. En tanto María y su familia siguen esperando.
