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“La jueza y la secretaria, cada vez que me ven, voltean los ojos para mostrarme que no me toleran. Me hacen esperar por horas, no me entregan el expediente, pese a que lo tienen en sus manos. Han sido unas personas bastantes déspotas y que cometen muchos errores como ponerles cuatro apellidos a mis hijos. Me traen a vuelta y vuelta, pareciera que con la intención de cansarme”, detalla la mujer a EL UNIVERSAL.
Pese a que la ley establece un plazo de 24 horas para dar a conocer el asunto y un máximo de ocho días para la admisión de la demanda, fue hasta el 8 de junio de 2017 que obtuvo respuesta.
La primera traba a la que se enfrentó fue que su expareja radica desde hace varios años en Estados Unidos. En un primer momento la jueza acordó emplazar y requerirlo para que realice el pago de alimentos a sus tres hijos, lo que incluye la comida, el vestido, la habitación, la asistencia si hay enfermedad y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; entre otros.
Sorpresivamente, la SRE rechazó realizar este trámite pese a que dentro de sus facultades está “tramitar su solicitud de pensión alimenticia para menores con padres en el extranjero y a darle seguimiento, siempre y cuando el país en el que radica el padre o madre a quien se reclama el pago cuente con algún instrumento internacional de colaboración con México en materia de alimentos”, según asegura la misma dependenciaen su sitio electrónico.
Ante la negativa de la SRE, explica el abogado David Méndez, la jueza en ese entonces, María Eugenia López Morales, debió dictar o buscar otras medidas para garantizar “el interés superior de los menores” reconocidas en la Constitución Política del país y en los tratados internacionales que ha firmado México, pero no lo hizo.
Esta fue la razón de que se recurriera a un amparo ante la justicia federal, el cual se presentó ante el Juzgado Décimo Primero del Estado de Oaxaca con número de amparo 471/2018. Tras casi dos años, el pasado 19 de marzo de 2019 el juez emitió unas medidas necesarias y urgentes para cubrir las necesidades de los menores. Sobre todo, a partir de que uno de ellos con problemas en el corazón dejó de recibir atención médica por el alto costo de su tratamiento.
El juez federal ordenó a la Juez Quinto de lo Familiar del Poder Judicial de Oaxaca dictar medidas para garantizar a los tres menores su demanda de alimentos (que incluye comida, salud, educación y otras). Pero también ordena a las instancias del gobierno estatal otorgarles auxilio económico.
Al director del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso le ordenó tomar las acciones pertinentes para la salud de los menores, a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca (Sedeso) y a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) abocarse a proporcionales programas de asistencia sociales; mientras que al DIF estatal le requirió realizar un estudio socioeconómico para conocer las necesidades de los menores.
El abogado Gabriel Hernández advierte que el caso de María se ha vuelto paradigmático porque abrió la puerta para que en este tipo de situaciones el Estado asuma la protección de los menores, conforme a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales que refieren el interés superior del menor. En tanto María y su familia siguen esperando.