"Fiscalía no tiene ni gasolina para buscar a los desaparecidos"

Federico Cruz Morales y Álvaro Bernardo Reyes Cruz, autoridades agrarias de San Miguel Cajonos, desparecieron un 27 de diciembre de 2017 tras un enfrentamiento con sus vecinos de San Pedro Cajonos por un conflicto de límites de tierras. En esta disputa violenta también murieron otras dos personas esta última comunidad.

Desde entonces no hay ningún avance en las investigaciones para dar con su paradero y castigar a los responsables, pese a que existen siete órdenes de aprehensión que no se han ejecutado contra los probables autores materiales, entre los que se encuentran autoridades y habitantes de San Pedro Cajonos.

Una situación similar ocurre en Huautla de Jiménez, en la región Cañada, pues en el último año han desaparecido más de 12 personas sin que haya algún indicio sobre qué sucedió con ellos, quién se los llevó, por qué y en dónde se encuentran. 

La historia se repite con Fidel Gabriel Vásquez, quien desapareció el 22 de marzo de 2018. Era intendente de una escuela secundaria técnica en Santa María Huatulco. 

Y de Joselyn Alejandra Varga Ortiz, quien desapareció en Huajuapan de León el 28 de agosto de 2018. 

Estos son sólo algunos entre muchos otros casos que muestran que en Oaxaca una persona puede esfumarse sin dejar rastro alguno. Y sin que las autoridades garanticen su búsqueda. 

A la fecha, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) reconoce que no tiene un registro del número de personas desaparecidas en el estado, ya sea de manera forzada (por autoridades o representantes del Estado), o por particulares, porque apenas está en proceso la creación de un registro estatal.

Pero informa que actualmente se tienen abiertas 97 carpetas de investigación, ocho de ellas por el delito de desaparición forzada y el resto presuntamente cometida por particulares.

De esas 97, 84 se abrieron en los últimos 12 meses por desaparición de personas y en ese mismo periodo, se han realizado 25 procesos de búsqueda en diversas partes del estado.

Además, en su sitio electrónico, la Fiscalía difunde ficha de búsqueda de 101 personas que desparecieron en Oaxaca; de ellas, 20 son mujeres mayores de 18 años de edad; siete niñas y adolescentes entre los cuatro y 17 años y tres niños y adolescentes entre los 1 y 14.

Según la información de las fichas de búsqueda, los municipios que resaltan con mayor número de mujeres desaparecidas es Oaxaca de Juárez con cinco, San Juan Bautista Tuxtepec con tres y Santa Lucía del Camino con dos. 

Sólo en los primeros cuatro meses del año, el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), con corte a abril de 2019, señala que en Oaxaca 5 personas fueron víctimas de desaparición, 1 de ellas de desaparición forzada. 

Además, el registro contabiliza 26 víctimas indirectas de este delito; se trata de familiares y dependientes de los desaparecidos y quienes tienen derecho a la reparación del daño. 

Lo han vendido todo

Abigail Cruz Ortega, miembro de los comités Oaxaqueños exigiendo justicia y Familiares de desaparecidos de San Miguel Cajones, es hija de Federico Cruz quien desapareció hace cerca de dos años.

Para ella, las autoridades responsables como las fiscalías estatal y la General de la República (FGR) han incurrido en omisiones y errores, y acusa que hay simulación en la búsqueda de las personas desaparecidas.

El comité de Oaxaqueños exigiendo justicia está integrado por 15 familias de igual número de personas desaparecidas.

“A raíz de que no sabíamos ni cómo empezar para estos casos de desaparición forzada, nunca sabes ni qué hacer, familiares hicimos un comité de familiares de personas desaparecidas de San Miguel Cajonos”, relata.

Apenas el pasado 26 de agosto, tras un año de solicitarle audiencia, por fin los familiares de las víctimas se reunieron con el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, para conocer los avances en las investigaciones; sin embargo, aunque este se comprometió a iniciar las búsquedas, les dijo que no hay recursos en la Fiscalía  de Oaxaca para gasolina con la cual mover las camionetas, ni personal ni agentes estatales de investigación.

También, dijo, se comprometía a hacer un llamado al gobierno estatal para resolver el problema de la falta de presupuesto para cumplir con esta obligación.

Por omisiones como éstas fue que Abigail Cruz pidió a la FGR atraer el caso de la desaparición de su padre y de Bernardo Reyes; pero el resultado es el mismo, no hay ningún avance.

Denuncia, además, que los familiares de las víctimas son obligados a cubrir el costo por acceder a las carpetas de investigación, a las que por ley tienen derecho, porque en la fiscalía oaxaqueña  nunca tienen hojas, ni tinta.

Además, para las búsquedas de sus familiares están obligados a conseguir vehículos para trasladar a los policías y agentes de investigación, dinero para la gasolina e incluso para cubrir sus gastos de alimentación “porque si no, no aguantan el recorrido”.

“¿Cuál recorrido? Cuando vamos a buscar, ellos ya están cansados y lo hacen de mala gana. Luego todavía te dicen que van a llevar caninos de búsqueda, cuando llegan solo traen un perro para peinar grandes zonas”, cuestiona.

“Ha habido mucha negligencia”, agrega, “muchas omisiones y nosotros nos preguntamos donde están los recursos, dónde está ese dinero que se tiene que aplicar para estos casos; prácticamente se va a los bolsillos de los funcionarios y nosotros somos los que realmente hacemos y pagamos la búsqueda. Algunas familias se han gastado todo, han hipotecado sus casas, han vendido lo poco que han tenido”.

Dependencia sin recursos

Consultado sobre el tema, Rubén Vasconcelos dice a EL UNIVERSAL que la Fiscalía a su cargo tiene tres responsabilidades en el tema de las desapariciones: la investigación del delito, realizar la búsqueda y dar atención a las víctimas; es decir, apunta, son el órgano investigador, la comisión de búsqueda y la de víctimas.

“En virtud de esas tres actividades, hemos estado desplegando planes de búsqueda para casos específicos. Este año hemos realizado 25 búsquedas en diferentes regiones del estado, de diferentes personas, y estamos en comunicación con los familiares de las víctimas y con otras agencias de seguridad”, afirma.

El funcionario reconoce que se pide a los familiares de las víctimas que cubran los gastos de gasolina, traslado y alimentos de los agentes de investigación en las búsquedas por falta de recursos. Pero asegura  que esto sólo se hace de manera "excepcional". 

“Excepcionalmente por desgracia ha ocurrido esto. Nosotros somos una institución sin recursos, que tenemos que hacer todas esas actividades”, justifica.

Finalmente, acepta que no se conocer la cifra real de personas desaparecidas en el estado; a excepción de las 97 carpetas de investigación abiertas.

“Creamos una unidad de investigación para personas desaparecidas y estamos acumulando todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación que hay desde que se tipifico el delito, para tener un registro. Es lo que te decía que estamos creando nuestro registro estatal de personas desaparecidas”, finaliza. 

Mientras tanto Abigail y otras familias siguen buscando.