Resurgen denuncias de reclusas en Tanivet por violaciones a derechos

De 2017 a la fecha la Defensoría ha recibido 12 quejas por presuntas faltas a sus derechos humanos

Pie de foto: De las 161 mujeres reclusas 117 se encuentran en incertidumbre jurídica, lo cual también se ha incluido en las quejas emitidas a la DDHPO. Edwin Hernández / EL UNIVERSAL)
Especiales 04/03/2018 17:23 Lizbeth Flores Oaxaca de Juárez, Oax. Actualizada 17:40

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Fernanda, acusada de delitos contra la salud y de portación de arma de fuego del Ejército Mexicano, lleva en prisión dos años y seis meses en Oaxaca sin aún ser sentenciada. Ella, es una de las decenas de reclusas que han denunciado violaciones a sus derechos humanos al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil, ubicado en San Francisco Tanivet, donde el 22 de febrero pasado  11 internas hicieron una huelga de hambre ante supuestos maltratos.

Aislamiento, incomunicación, negativa para hacer llamadas telefónicas, prohibición de visitas íntimas, amenazas, desabasto de medicamentos, tortura y retraso en los procesos judiciales son las irregularidades reportadas por las internas; de las 161 mujeres detenidas ahí,  73% aún no han recibido condena; algunas de ellas, presas desde hace ocho años.

De las quejas más recientes documentadas al inicio de este año por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) está la denunciada el 12 de enero por Fernanda, quien señala que le ha sido negado presuntamente su derecho a ejercer su sexualidad al prohibirle las visitas conyugales.

“Lo que reclama es su ejercicio del derecho a su sexualidad, lo que quiere es tener visita conyugal con su pareja y considera que no le han dado las facilidades en el penal de Tanivet”, explica la Defensoría, que inició una investigación tras la denuncia.

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La mujer alta, de tez morena, la única transgénero recluida en este penal de Tanivet, ingresó en agosto de 2015 luego de haber estado detenida en una cárcel varonil, en la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, según información de Reinserción Social; pero a dos años y seis meses el juez de la causa aún no ha resuelto el caso y ella continúa en prisión bajo la incertidumbre jurídica, como las otras 117 mujeres procesadas.

Violaciones a los derechos

De 2017 a la fecha, la DDHPO ha recibido más de 12 quejas por actos probablemente violatorios a derechos humanos en contra de las reclusas  del penal de  Tanivet, incluyendo las denuncias por el retraso en la resolución de los casos judiciales.

“Una persona que está más de un año sin sentencia es preocupante, la dilación en procedimiento judicial atenta contra el derecho humano del debido proceso, entonces tenemos personas que después de más de 10 años reciben una sentencia absolutoria”, señala el visitador general de la Defensoría, Juan Rodríguez Ramos.

Pero estas denuncias no son todas las irregularidades documentadas en esta cárcel, sino incluso, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado ha incumplido con las recomendaciones emitidas por la DDHPO, como es el caso del expediente 13/2015, donde se instruyó a la SSP reparar el daño a seis reclusas, quienes fueron torturadas física y psicológicamente hace tres años. Según el visitador, ante el incumplimiento de la recomendación, el caso se encuentra en juicio en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado para que se garantice la protección de derechos humanos de las víctimas; la demanda es contra la SSP.

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“Los actos de tortura por los cuales se investigó no han sido subsanados, en reparación del daño, en reparación integral, en mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en reclusión”, explica Rodríguez Ramos.

Los hechos sucedieron el 14 de febrero de 2015 cuando después de una protesta en el comedor del penal de Tanivet para exigir mejores condiciones de vida, seis mujeres de las que participaron en la manifestación fueron desnudadas frente a los custodios; además les pusieron perros, maltratándolas y encerrándolas por tres días en un lugar inadecuado.

Huelga de hambre

El 22 de febrero pasado, las irregularidades dentro de este penal fueron denunciadas nuevamente y 11 reclusas estuvieron en huelga por dos días, por  el presunto abuso de autoridad de la directora Silvia Pulido Diosdado, quien sustituyó a finales de enero a Elsa Gómez,  también señalada de incurrir presuntamente en maltratos.

Derivado de esta protesta, la Subsecretaría de Reinserción Social nombró, de manera provisional, a Chantal Díaz Bautista como encargada; pero a más de una semana de la protesta, Silvia Pulido  no ha presentado su renuncia a la dirección del penal, aunque durante los primeros 20 días al frente denunció que este espacio era gobernado por las propias reclusas. 

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“Fueron muy permisibles, el control lo tienen ellas, si quieres reglamentar algo de lo que estaba mal no lo permiten”, aseguró a EL UNIVERSAL en un recorrido por el penal, antes de la huelga de hambre.

Sobre la situación en este centro de reclusión, la subsecretaria de Reinserción Social, María Concepción Tovar, niega las violaciones a los derechos humanos, pero reconoce que en el lugar existen más mujeres procesadas que sentenciadas, debido a que  44 de 161 recluidas han recibido una condena, lo que representa 27% de la población penitenciaria.

Respecto de las denuncias de abuso de autoridad que derivó en la reciente huelga, la funcionaria guardó silencio, en tanto, sobre el caso de Fernanda, quien señaló la prohibición a sus visitas íntimas, la subsecretaria rechaza la denuncia y asegura que éstas se han llevado a cabo, luego de que el juez correspondiente las  autorizó. 

“Ella pide tener visita conyugal con su pareja, la petición va dirigida al juez y el juez ya nos manda un oficio donde autoriza la visita conyugal y se hace el traslado a la penitenciaría donde está su esposo”, detalla.

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De las 161 mujeres privadas de su libertad, 117 están señaladas de delitos del fuero común y 44 del fuero federal, por secuestro, robo y homicidio; la más joven tiene 18 años y la de mayor edad, 72 años; de ellas, ocho viven con sus hijos. En Oaxaca existen tres mil 639 personas recluidas en los  13 penales del estado.

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