Perdonan sanciones a 39 ex funcionarios de Gabino Cué
Del total de multas e inhabilitaciones que la Contraloría estatal determinó entre 2013 y 2017, sólo dos siguen vigentes, pero ninguna fue pagada
Aunque entre 2013 y 2017 la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) sancionó a 39 funcionarios y ex funcionarios de diversas dependencias del gobierno de Oaxaca, sólo dos expedientes se mantienen vigentes en el Registro de Servidores Públicos, Proveedores y Contratistas Sancionados y el resto fue desechado, según expedientes a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
De los 39 sancionados, 27 de ellos recibieron multas por 112.7 millones de pesos y a ellas se agregan inhabilitaciones para desempeñar un cargo público que van desde los tres meses hasta los 20 años.
Tanto las sanciones económicas como las inhabilitaciones fueron revocadas por la SCTG o por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas (TCAC) porque, según los documentos, se interpusieron cuando ya habían prescrito las “faltas administrativas”, porque se violó el debido proceso o por errores en la integración de las investigaciones realizadas por la contraloría.
Todos estos expedientes corresponden a la administración de Gabino Cué, cuando la SCTG estuvo a cargo de Manuel de Jesús López López, actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y de Perla Woolrich, ex diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN).
Del total de sancionados, 15 son servidores públicos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO). También, figuran en la lista funcionarios de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Procuraduría de la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, de la Secretaría de Finanzas, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y del entonces Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
Además, se incluye personal de dependencias educativas, como el Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca (IEBO), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyteo), el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) y del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula.
Las más altas
Entre las sanciones más altas destaca la de Sofía León Silva, ex directora y encargada de los SSO, multada con 40.6 millones de pesos e inhabilitada para ejercer un cargo público por 20 años, periodo que inició en octubre de 2016 y concluye en 2036. Los detalles de la sanción se desconocen porque fueron ocultados con tinta negra en el expediente 50/RA/2012 de la SCTG.
Con una sanción por 12.7 millones, también destaca Ernesto Mora Guzmán, quien se desempeñaba como subdirector Administrativo del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, dependiente de los SSO; fue inhabilitado por 13 años.
Tanto la sanción de Sofía León como la de Ernesto Mora son las únicas que continúan vigentes ante el Registro de Servidores Públicos, Proveedores y Contratistas Sancionados de la SCTG, pero ninguna de las dos se ha pagado. Incluso, pese a estar inhabilitada, en 2017 Sofía León fungió como asesora de la ex titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Gabriela Velásquez Rosas, ya en la actual administración.
Según los expedientes consultados, el resto de las sanciones e inhabilitaciones contra ex funcionarios fueron anuladas o revocadas por la misma SCTG y el TCA; tampoco aparecen en el Registro de Servidores Públicos, Proveedores y Contratistas Sancionados.
Faltan pruebas
Jesús Ángel Díaz Navarro, actual titular de la SCTG, dice que las sanciones no se sostuvieron porque la dependencia no logró tener las pruebas suficientes o por expedientes integrados de manera deficiente.
“Todo servidor público, una vez que es sancionado, tiene un tiempo para interponer una queja ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde se evalúan todos los elementos para poder ejercer la sanción”, explica.
El presidente del TCA, Adrián Quiroga Avendaño, coincide. Si la investigación no está fundamentada o si está mal integrada, las resoluciones de los órganos de control interno deben anularse o, en su caso, ordenar reponer el procedimiento.
“Eso les beneficia a ellos y afecta a la autoridad que no realizó bien su trabajo. El tribunal es un órgano de legalidad, cumple el mandato de la Constitución que dice que todo acto de la autoridad debe estar fundado y motivado”, puntualiza.
