Desde hace 14 meses los tres hijos de María Ramírez Ventura preguntan por el agua. Lo hacen cuando observan la llave seca que antes les traía el líquido fresco, pero sobre todo preguntan por ella cuando tienen que acarrearla desde un pequeño chorro que escurre de la montaña.

Abraham y Jocelyn, los hijos mayores de María, son gemelos y tienen siete años. Todas las tardes ambos niños acompañan a su madre a realizar entre seis y siete viajes para acarrear agua. Para ello usan carretillas o la cargan en la espalda con un mecapal. Incluso Marian, la hija menor de dos años, ayuda a la tarea con pequeñas anforitas.

Al igual que María y sus hijos, la rutina de los casi 3 mil habitantes de la cabecera municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla cambió desde junio de 2017, cuando autoridades de Tamazulápam del Espíritu Santo, un municipio vecino, les negaron el derecho a acceder al agua potable, como resultado de un conflicto limítrofe en el que se disputan las 150 hectáreas de tierra donde se asienta el manantial que abastece a esta comunidad mixe.

En agosto de 2017 autoridades de Tamazulápam destruyen los tanques y la infraestructura hidraúlica de la comunidad vecina, derivado del conflicto agrario

Luego de un primer enfrentamiento, habitantes y autoridades de Tamazulápam también destruyeron los tanques y la infraestructura hidráulica con la que contaba la comunidad.

—Los niños sí preguntan cuando acarrean, les decimos que tenemos problemas con otro pueblo que quiere quitarnos el agua. Preguntan, están espantados, tienen miedo, porque cuando nos quitaron el agua los niños escucharon todo. Decían que no querían morirse cuando supieron que mataron a un vecino, cuenta María.

Como resultado de este conflicto agrario, uno de los 364 que se mantienen activos en Oaxaca, los pobladores de Ayutla, ubicada a 100 kilómetros de la capital, viven como si el pueblo estuviera en una sequía que no termina. Las actividades cotidianas, como lavar ropa o bañarse, ahora dependen de que el cielo se cargue de lluvia y de que sus brazos no se venzan para seguir acarreando el agua.

—Es muy difícil, traemos, pero no rinde, no alcanza para lavar ropa ni para bañarnos diario. Ya nos cansamos todos, lamenta María, quien se dedica a la elaboración de tortillas, una actividad que requiere grandes cantidades de agua para realizarse.

—Ya no tenemos casa limpia, ya no se lava el baño. Ya está todo sucio, agrega. Como parte de la racionalización, el baño diario se convirtió en un privilegio que sólo recuerdan.

Para afrontar la crisis los habitantes de Ayutla debieron de armarse con recipientes para acumular agua de lluvia 

María, por ejemplo, prioriza la higiene de sus hijos y procura bañarlos dos veces a la semana; cómo van a la escuela, el uniforme también necesita estar limpio. Para los adultos el baño se restringe a una vez a la semana y el lavado de la ropa se logra llevándola a donde bajan pequeños chorritos. Ahí se acumula el agua y la gente se forma para transportarla en cubetas. La situación, explica la mujer, se complica porque en Ayutla abundan las familias grandes, como la de ella de ocho integrantes, por lo que no hay agua que alcance ni espalda que resista.

—El agua que ocupamos es de la lluvia, no viene clara. Ahí arriba se junta entre los árboles cuando llueve. Escarbaron un hoyito y ahí se junta, pero no está limpia, explica.

Pero la sed de Ayutla no tiene otra forma de saciarse que la lluvia acumulada, por lo que desde el despojo del manantial las enfermedades gastrointestinales se han disparado, según informaron los responsables de la clínica municipal desde el año pasado, y como lo afirma María:

—Hace dos meses nos enfermamos de diarrea todos, ya no queríamos comer por una semana. Nadie quedó sano. Mi papá, mi mamá, yo, mis tres hijos y mi otro hermano.

Para María no hay duda que la falta de agua es lo que ha ocasionado que se agrave la situación de salud en Ayutla. Explica que antes del conflicto el agua alcanzaba para todo el pueblo y podían tener todo limpio en sus casas. Ahora, dice, no hay cómo hacerlo.

Los habitantes padecen enfermendades gastrointestinales, debido a que usan el agua que recolectan de la lluvia o escurrimientos

El agua como rehén

La era de la sed que vive San Pedro y San Pablo Ayutla tiene sus orígenes en un conflicto que inició hace más de cinco siglos, cuando junto con Tamazulápam y otros tras tres comunidades mixes formaron una alianza política para defenderse de ataques externos de otros pueblos, pero manteniendo sus límites territoriales.

José Galván, un joven de Ayutla que se ha dedicado a documentar el conflicto, explica que esa unión política evolucionó en la figura de la mancomunidad, en la que se reconocían a estos cinco municipios mixes como pueblos autónomos con límites internos, la cual se oficializó en 1975 y se terminó de ejecutar hasta el año 2000 sin el consentimiento de varios de los pueblos mancomunados.

La negativa de los pueblos mixes de seguir como una mancomunidad se originó porque desde los años 90 Tamazulápam comenzó a invadir territorio de Tlahuitoltepec, otro de sus vecinos, lo cual se sumó al conflicto que históricamente arrastraba con Ayutla por sus intenciones de expansión.

“Hasta 1943, la línea divisoria con Tamazulápam estaba a cuatro leguas, unos 20 kilómetros, ahora los tenemos a kilómetro y medio porque van invadiendo”, explica José. Es esa misma disputa de tierras la que ha seguido intensificándose y ahora ha escalado hasta el reclamo de las hectáreas del manantial sobre el que Ayutla tiene la concesión 10OAX129282/28H0GR99, expedida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 1999.

“Nunca se había reclamado el manantial, incluso ellos venían a pedir permiso para agarrar el agua. Fue en 2004 cuando comenzaron a reclamar derechos sobre él, primero derechos sobre el uso del agua, luego sobre el manantial en sí y después sobre los terrenos”, asegura José.

Para este joven ayuuk, como prefiere el pueblo mixe que se le nombre, Tamazulápam sólo usa el agua como un rehén y se trata de un pretexto para que Ayutla ceda la posesión de esas tierras, que se sumarían a la invasión histórica que, según han documentado, alcanza más de 20 mil hectáreas.

“La realidad es que ellos tienen suficiente agua en su comunidad, por eso siempre Ayutla se opuso porque decía que era un pretexto para invadir tierras”, explica.

Abraham y sus hermanas tienen que apoyar a su madre en el acarreo de agua desde que estalló el conflicto

Llega la violencia

Las exigencias de Tamazulápam sobre el manantial de Ayutla se intensificaron desde 2015, pero fue el 18 de mayo de 2017 cuando escalaron con la expulsión de seis familias, encabezada por autoridades municipales. Por ese nuevo choque se iniciaron 22 carpetas de investigación por el delito de despojo y el 5 de junio peritos acudieron al paraje acompañados de los afectados.

Fue entonces cuando se desató la violencia. En medio de las pesquisas comenzaron las agresiones y habitantes de Tamazulápam detonaron armas de fuego contra la gente de Ayutla. En el ataque fue asesinado Luis Juan Guadalupe y otras seis personas resultaron heridas de bala.

También fueron retenidas por la fuerza cuatro mujeres y el invasor se hizo con el control del manantial. El 25 de agosto destruyeron el tanque y las tuberías que alimentaban a Ayutla.

De acuerdo con Yolanda Pacheco Morelos, la presidenta municipal de Ayutla, la prioridad ahora es abastecer de agua a los habitantes, antes que confrontar a los invasores. Esto porque algunas familias desesperadas por el desabasto deciden acercarse al manantial, que se mantiene vigilado, para llenar tinacos y poder tener un poco de esa agua que corre cristalina sin que nadie la aproveche.

Esa misma labor la realiza el ayuntamiento para llevar agua a escuelas y a la clínica, así como a familias que no pueden pagar los 200 pesos que cobran por llenar un tinaco y transportarlo a las viviendas.

—Nuestra gente va ahí con ese riesgo, pero es una necesidad, la comunidad no cuenta con otros cuerpos de agua. Va uno con ese miedo porque sabemos que esa gente está ahí.

La autoridad municipal sólo puede abastecer con agua a escuelas y centros de salud, habitantes colectan de la lluvia.

Esta decisión la tomaron desde hace meses porque, de acuerdo con la autoridad municipal, sus vecinos no muestran voluntad de que el conflicto termine y así ha quedado demostrado en una treintena de mesas de diálogo, en las que no se ha logrado ningún avance.

—Las veces que íbamos a los diálogos de conciliación, a través de la Secretaría General de Gobierno (Segego), se firmaba una minuta de acuerdo, pero vienen acá a hacer todo lo contrario, nunca cumplieron. Al principio creímos que habría disposición por la vía pacífica, pero el tiempo mostró que las palabras no se convertían en hechos.

Un ejemplo de lo que describe la edil sucedió el ocho de mayo pasado, cuando ya se había acordado que Tamazulápam permitiría que Ayutla se conectará a un nuevo tanque, pero cuando acudieron las autoridades estatales, habitantes volvieron a impedirlo y se posesionaron de nuevo del lugar. Como respuesta, 100 madres de familia pidieron al gobierno estatal y federal que no se les deje morir de sed. 

Justo por el nulo avance, la presidenta municipal señala que ha buscado con insistencia un espacio para hablar con el gobernador Alejandro Murat, pero en los 14 meses que lleva el conflicto no lo ha conseguido.

—Hace poco nos avisaron que anda recorriendo el gober comunidades para poner la primera piedra de algunas obras, a mí me gustaría mejor que viniera y que viera lo que está pasando en nuestro pueblo, cómo estamos sin agua y la situación se agrava a más de un año del despojo, sentencia.

Ante esa situación, Ayutla decidió no volver a sentarse a las mesas de diálogo, la última de ellas fue convocada el martes pasado, luego de que comuneros emitieran un posicionamiento exigiendo la renuncia de Héctor Anuar Mafud Mafud, titular de la Segego y a quien señalaron de buscar evadir su responsabilidad en los conflictos agrarios que existen en la entidad. A esa junta sólo llegaron las autoridades de Tamazulapám porque las de Ayutla informaron que sólo continuarán por la vía legal.

Por la crisis que enfrenta Ayutla, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tienen abiertos dos expedientes, pero aunque reconoce que el derecho humano al agua suficiente, saludable y accesible está contenido en el artículo cuarto constitucional, el visitador general Juan Rodríguez Ramos asegura que aún no tienen elementos para determinar que en Ayutla se violenta ese derecho.

Amado Chiñas Fuentes, juez Tercero de Distrito de Oaxaca, piensa diferente, pues el 31 mayo otorgó el amparo 795/2017 en el cual determina que las autoridades de Tamazulápam, el gobierno de Oaxaca y la Segego han impedido que Ayutla acceda al agua, los primeros por negarles disfrutar del manantial y los últimos por ser omisos, por lo que les pide “garantizar que la comunidad tenga acceso al agua”. EL UNIVERSAL buscó la versión de la Segego a través de la Junta de Conciliación Agraria, pero no se obtuvo respuesta.

Ahora, María, sus hijos y los demás habitantes de Ayutla deberán esperar otros tres meses a que se ratifique la sentencia y así termine esta sed.