En un año, cae Oaxaca 27 lugares en transparencia

En un año, Oaxaca descendió 27 posiciones en el Ranking de Portales Estatales de Transparencia: mientras que en 2017 se ubicaba en el lugar número 2 de las 32 entidades, en 2018 cayó hasta la posición 29.

El ranking estudia en las plataformas estatales  las “disposiciones legales”, los “datos abiertos”, la “colaboración vertical” —que mide la posibilidad de evaluar el desempeño  del portal e ingresar quejas sobre funcionarios—,  la “colaboración horizontal” —el uso de redes sociales  para impulsar la participación ciudadana—, y la  “interfase”, que evalúa el interés de proporcionar al ciudadano un ambiente eficiente para hacer sus búsquedas.

El estudio en el que Oaxaca cayó 27 lugares fue elaborado por Rodrigo Sandoval, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), quien considera que  “el vínculo entre los datos abiertos y la corrupción se ha demostrado al analizar los pobres esfuerzos que han hecho los gobiernos estatales para abrir sus datos y permitir la participación”.

Esto se traduce, dice Sandoval,  en “una  falta de compromiso  de las autoridades estatales para impulsar el gobierno abierto”.  Y  agrega que es apenas un síntoma de que se han  implementado “políticas públicas para crear una transparencia artificial y superficial, que muestra la mínima información gubernamental a fin de ocultar los datos y las cuentas de la corrupción imperante”, señala el  académico.  

Estos intentos de ocultamiento contrastan con el aumento de las solicitudes ciudadanas sobre información pública. En 2016, por ejemplo, en Oaxaca  se registraron 4 mil 767; en 2017 fueron 8 mil 36 y de enero a septiembre de 2018 sumaron 7 mil 912.

Ven fomento a la opacidad

El desplome en materia de transparencia en  la entidad también es compartido por Reyna Miguel Santillán, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado Oaxaca (IAIP), quien  incluso afirma que se está  fomentando la opacidad.

El Consejo Consultivo Ciudadano se renovó el 1 de septiembre de 2018 tras el nombramiento de tres consejeras por los diputados locales salientes, pero se les tomó protesta hasta el 3 de octubre, periodo en el que estuvieron en un  limbo jurídico que se sumó a otros cinco meses en los que no era funcional porque  faltaba   designar a los nuevos integrantes.

Por esa razón, Miguel Santillán incluso  advierte una simulación en el discurso oficial al interior del IAIP para impulsar la participación ciudadana. Sobre el tema,  la secretaria técnica del Consejo Consultivo Ciudadano del IAIP, Lydia Sánchez, asegura que los comisionados del organismo no han tomado al Consejo con seriedad, les han quitado un espacio para sesionar e incluso  ignoran sus observaciones.

“La ley señala que el presidente comisionado [del IAIP] está obligado a brindar lo necesario para el buen funcionamiento del Consejo, es de ley que nos debe proporcionar las herramientas para que funcionemos de manera correcta”, afirma.

Este  instituto de acceso a la información es uno de los tres que son nombrados por los legisladores locales a través  de una convocatoria; los otros dos  son los consejos del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

En los tres  órganos los cargos son honoríficos, pero los integrantes del Consejo del IAIP son los únicos a los que los diputados no asignaron salarios ni prestaciones económicas. En el  de   combate a la corrupción, los salarios para los integrantes ciudadanos superan los 100 mil pesos mensuales y en la DDHPO, los 25 mil.

Las funciones del Consejo Consultivo  del IAIP incluyen opinar sobre los programas: anual de trabajo y su cumplimiento,  el de presupuesto general y sobre lo    asignado a programas.  Además, pueden emitir  opiniones no vinculantes sobre transparencia, acceso a la información, accesibilidad, gobierno abierto y protección de datos;   opiniones técnicas para la mejora del ejercicio de las funciones  del instituto.

Las consejeras explican que para cumplir con estas funciones uno de los problemas que han enfrentado, además del  económico, es que  sus opiniones no vinculantes son ignoradas por el Consejo General del instituto.

“Si los comisionados nos ven y no nos dan su respuesta, ya no tenemos formas ni medios económicos ni internos para que alguna opinión que consideremos importante se tome en cuenta”, dice Lydia Sánchez.

“Tampoco se está impulsando la participación ciudadana”, añade Reyna Miguel, “mientras ocurra esto, difícilmente podremos avanzar. Queremos que se elimine la simulación (...). Queremos que nos apoye el IAIP, que no nos vea como un estorbo. Se lo pedimos de manera respetuosa, no queremos ser obstáculo, pero tampoco validar las cosas malas que se hacen”.