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El compromiso de desarrollar esos proyectos quedó estipulado como uno de los acuerdos alcanzados entre las comunidades y los gobiernos federal y estatal, contenidos en el Acta de Acuerdo, documento que nació en septiembre de 2015 tras la primera consulta indígena del país y con la cual se aprobó la construcción del parque de la empresa Eólica del Sur.
En el acuerdo se incluía, además, la instalación de un primer aerogenerador que debería entrar en operación a finales de 2016 y la adquisición de dos predios. El primero se destinaría para la construcción de un centro de energías alternas, que debió ser comprado en el año 2015, y el segundo para instalar otro aerogenerador, que debió ser adquirido en 2016. Sin embargo, ninguno de estos compromisos se ha concretado.
Actualmente, en los recibos del consumo eléctrico que llegan a los domicilios del Istmo, con tarifa 1C, hay dos descuentos. Uno se llama Guendaracané (Ayuda) y el otro aparece como Beneficio Eólica del Sur. No obstante, dice la alcaldesa, esos conceptos no aparecen en todos los recibos, lo que ella califica como un incumplimiento.
“Nos preocupa que los gobiernos federal y estatal no le den continuidad a esos compromisos que son vinculatorios, es decir, que son obligatorios porque no fueron compromisos políticos, sino resultado de acuerdos alcanzados con la aprobación, en una consulta indígena, de la construcción del parque de la Eólica del Sur”, señala.
Para la edil, el hecho de que estos proyectos no se hayan concretado ha generado desconfianza entre habitantes de Juchitán, lo que dificultará que en próximas consultas se apruebe la construcción de nuevos parques eólicos.
Este 2018 se espera la celebración de un par de consultas indígenas en el municipio zapoteca de Unión Hidalgo y en La Ventosa, que pertenece al municipio juchiteco, y donde la empresa francesa, Energies Nouvelles (EDF), pretende instalar el parque eólico Gunaa’ Sicaaru’ (Mujer hermosa), a través de su filial Eólica de Oaxaca.
“Estamos trabajando para que ambas consultas arranquen con todos los protocolos internacionales en el primer trimestre de este año y una vez que concluyan todas sus fases (que podría durar 10 meses), estaríamos iniciando las obras en tres meses después”, ha declarado el representante de la empresa EDF, Víctor Tamayo.
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Las consultas entre las comunidades indígenas para la aprobación de proyectos eólicos están contempladas en el artículo 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada el 5 de agosto de 2014. En Juchitán tuvo lugar, entre octubre de ese año y julio de 2015, la primera consulta indígena del país, donde en diversas fases la población zapoteca aprobó la construcción del parque de la empresa Eólica del Sur.
Dicha consulta fue cuestionada por amplios sectores de la población zapoteca, los cuales afirmaron que no se trató de una consulta libre, previa ni informada, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajo la solicitud de amparo. Aunque los magistrados aún no discuten el tema, la construcción del parque que requerirá de casi 15 mil millones de pesos continúa.
La segunda etapa de la construcción se llevará a cabo entre 2019 y 2020, por lo que se espera que en el municipio juchiteco se realicen nuevas consultas para determinar si se autorizan las construcciones de otros parques eólicos de las empresas Grupo Auxiliar Metalúrgico (Gamesa), de España, la italiana Enel, la mexicana CFE y Zapoteca Energía de España.
Actualmente, operan en el Istmo 23 parques eólicos que producen dos mil 500 megawatts, cuyas construcciones no requirieron las consultas, debido a que no estaban consideradas en la legislación. “Ahora, con la nueva ley eléctrica, debe haber consultas y creo que si el gobierno no cumple, la gente difícilmente votará a favor”, advirtió la edil Gloria Sánchez.