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A más de un año de la creación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, cuya legislación entró en vigor en mayo de 2017, su aplicación se tambalea por falta de presupuesto y de un código penal que considere graves aquellos delitos que puedan cometer los servidores públicos, tales como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y peculado, entre otros.
Pese a ello, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, María Isabel Chagoya Méndez, sostiene que la fase de consolidación del sistema está dentro de los cinco más avanzados del país, por la creación de leyes, marcos normativos y nuevas instituciones.
“Son los cimientos de toda construcción, no se logran ver, pero son la base fundamental para que el sistema anticorrupción funcione como tal. A nivel nacional somos el único estado que cuenta con un programa de radio y televisión, y hemos dado capacitaciones constantemente a universidades y municipios para la promoción del sistema”.
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El reto
A 22 meses del cambio de gobierno, los integrantes del sistema se enfrentan al reto de revisar y sancionar, si es el caso, a los ex funcionarios de la administración de Gabino Cué, a quien la saliente 63 Legislatura local no aprobó sus últimas tres cuentas públicas, por las que se estima un daño al erario estatal de 14 mil millones de pesos.
“Tenemos que revisar los dictámenes que la Unidad Técnica del Congreso realizó para para poder determinar que no era procedente aprobar las cuentas. A ellos les costó varios años llegar a esta conclusión, nosotros emitiremos una recomendación al Comité Coordinador para que sean ellos los que apliquen las sanciones correspondientes a estos actos ilícitos”, apunta Chagoya Méndez.
Por ello, advierte que la legislación no considera graves los delitos relacionados con el uso indebido de los recursos públicos.
Explica que sí existen en la ley, pero se contemplan como menores, lo que significa que cualquier funcionario, sea del nivel que sea, “podrá salir con la mano en la cintura y sin que le finquen responsabilidades y lo más grave, sin devolver un sólo peso”.
“Hemos firmado con el Congreso local entrante para que se modifiquen las leyes y no se vuelvan a repetir estos actos que realmente causan un delito grave para nuestra ciudadanía”, asegura.
Otro de los problemas para contar con un Sistema Estatal de Combate a la Corrupción robusto, expone, es la falta de presupuesto, el cual no fue contemplado por los diputados salientes.
Durante nueve meses el Comité de Participación Ciudadana del Sistema, encabezado por Chagoya Méndez, ha operado sin recursos. Apenas, esta semana la Secretaría de Finanzas estatal aprobó un presupuesto económico del que hasta el momento sus integrantes desconocen el monto.
Será en unos días que el Secretario Técnico del Comité informe sobre la cantidad de recursos autorizados por el gobierno estatal.
Chagoya Méndez dice que esta falta de recursos ha propiciado que aún no se pueda crear la plataforma digital que debe contener toda la relación de gastos del gobierno estatal, en todas sus dependencias, y de los municipios.
El costo más económico para una plataforma de este tipo asciende más de 8 millones de pesos, según las cotizaciones realizadas por el Comité de Participación Ciudadana, sin contar el mantenimiento mensual.
“Eso nos daría mayor impulso. Este recurso no fue autorizado, espero que el presupuesto del próximo año sí contemple crear la plataforma digital porque con eso cerramos con broche de oro y quedamos en primer lugar a nivel nacional”, finaliza.
