Violencia digital, sin respaldo a víctimas

Para Adriana, la vida se detuvo. No  sabe cómo esas fotos, en las que se le exhibe desnuda, llegaron a  Twitter. Quería  hacerse invisible para  evitar los señalamientos que la acusaban de inmoral y de “fallarle” a su familia. La idea del  suicidio fue recurrente.

 “Las fotos ya estaban en todos lados y todo el mundo lo sabía. Nadie iba a escuchar si les decía que no fui yo, que alguien usó fotos mías para exhibirme”, se desahoga.

De acuerdo con el Frente Nacional para la Sororidad,  9 millones de mujeres en el país han sufrido  “ciberacoso”, pero “al ser virtual, parece que este tipo de violencia no existe”.

Poco antes de que le sucediera, Adriana compartió en sus redes sociales el caso de una mujer que se suicidó en Coahuila, luego de  que fotos íntimas se difundieron en  redes sin su consentimiento; nunca pensó que días después viviría lo mismo. “Lo peor de las redes es que todo el mundo se siente con el poder de señalarte”, lamenta.

Casi un mes después, decidió enfrentar sus miedos e iniciar un proceso legal de investigación. Fue a través de un correo electrónico a la policía cibernética que  comenzó un lento proceso. El correo fue respondido una semana después y en él, un número de folio oficializaba el seguimiento del delito.

Aunque la joven de  27 años dejo todo en manos de la justicia, cree que pudo haber sido una conocida quien usó su cuenta y datos personales para exhibirla en redes.

“Entregué algunas pruebas, datos de las cuentas que me mandaban mensajes para insultarme, para pedirme más fotos, entregué todo lo que tenía a la mano para probar que estaba siendo acosada”.

 A más de dos semanas, la investigación no ha prosperado.

Mercados de explotación. En Oaxaca hay 200 mercados de explotación sexual y más de 2 mil mujeres que son expuestas sin su consentimiento, apunta el Frente Nacional para la Sororidad.

La mayoría de los mercados virtuales están en Twitter. Hashtags que hacen alusión a  mujeres  de Oaxaca desnudas o de sus  “packs” son comunes; en  algunos casos, incluso, los comercializan.

A través de esa red social, este material privado  es difundido en páginas de contenido sexual, sin que las propietarias se enteren. Además, las mujeres expuestas pueden llegar a ser víctimas de extorsión.

Aunque la ciberpolicía alerta sobre estos casos y asegura que colabora con un Ministerio Público para la atención de los casos, no especifica cuál es el proceso que sigue una denuncia y en qué tiempo podrían obtenerse resultados para dar con los responsables.

Para Adriana, fue sólo cuestión de tiempo para que su familia supiera lo que estaba sucediendo. El infierno se extendió hasta sus actividades cotidianas, comenzó a faltar al trabajo y, debido al estrés y a la profunda depresión que vivió por semanas, su cuerpo fue enfermando de fiebre y dolor.

“Dejé de salir de mi casa. Me daba miedo y vergüenza que alguien por la calle me reconociera, que  me hicieran algo”, lamenta. A pesar de haber vivido su proceso en silencio, fue el apoyo de su familia cercana y de algunos de sus amigos lo que la motivó a denunciar. 

Ante la proliferación de los casos, el Frente Nacional para la Sororidad propuso desde febrero una reforma de ley a los artículos  249 y 250 del Código Penal, en la que se sancione la difusión de este tipo de contenidos y que se  le  tipifique como  violencia digital, un delito grave que se persiga de oficio. Aunque varios legisladores firmaron la iniciativa,  no se ha subido al pleno.

A nivel nacional sólo Zacatecas, Puebla, Chiapas y Yucatán ya consideran la violencia digital como un delito que amerita sanciones administrativas y carcelarias.