Aborto legal no está al alcance de solicitantes en Oaxaca

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A los 12 años, Mónica, una indígena mazateca, fue abusada sexualmente por uno de sus conocidos y quedó embarazada. Tras los hechos, acudió con su madre ante la agencia del Ministerio Público (MP) a levantar una denuncia y solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La norma 046 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en todo el país, establece que: “Se debe brindar el servicio de ILE a cualquier mujer que, a través de un escrito, manifieste embarazo como resultado de una violación sexual”.

Aunque  el recurso le fue otorgado, Mónica no tenía  los recursos económicos  para solventar gastos  como el traslado desde su comunidad  a un hospital público de la capital, y mucho menos contaba con traductores que la acompañaran durante el proceso médico y legal. Al conocer el caso, el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) la acompañó en el proceso de  interrupción del embarazo, lo cual se logró justo en la semana 12.

“GIRE participó en el presente caso mediante asesoría jurídica al Ministerio Público para el cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos reproductivos de Mónica, promover y asegurar el acompañamiento durante el procedimiento médico y su realización por personal capacitado”, cita el informe del año 2013, cuando se documentó el caso.

En Oaxaca el aborto solicitado, a causa de violación, debe ser aprobado por el MP tras recibir la denuncia correspondiente y sólo si la víctima cuenta con elementos suficientes para acreditar la violación.

También se necesita fe ministerial de las lesiones y de constitución física, fe ministerial de la vestimenta de la víctima; dictamen médico, ginecológico, químico y psicológico; así como una solicitud escrita de los tutores si se trata de una mujer  menor de edad o con alguna discapacidad.

Sin acceso

Libia Edith Valdés Santiago y Sandra Paredes Arellanes, parte del Consejo Directivo de la organización Ixmucane, que trabaja en coordinación con GIRE en temas de género, explican que no todas las oaxaqueñas logran acceder a la ILE.

“En la mayoría de las entidades el aborto sigue siendo un delito. No obstante, en Oaxaca existe la posibilidad de una interrupción legal siempre y cuando se trate de una causal no punible, es decir, cuando se trata de una violación o de una situación que ponga en riesgo la vida de la mujer”, explica la abogada Valdés Santiago.

Además de  la norma 046, la Ley General de Víctimas establece que los casos de solicitud de ILE deben ser atendidos como urgentes; sin embargo, el  personal de  los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO)  desconoce el marco legal.

Además, asegura que las normativas de la entidad  ponen requisitos que frenan el acceso a la ILE,  pues mientras la norma nacional establece que sólo se necesita un escrito “bajo protesta de decir verdad”, la circular que se sigue en Oaxaca pide requisitos, en muchos casos inaplicables, que obstaculizan el proceso; después de cumplirlos, precede un periodo de espera que puede durar meses para su aprobación.

"Existe una falta de armonización legal, pues a pesar de que la legislación mexicana permite el acceso a la interrupción médica del embarazo, ésta puede aplicarse sólo hasta las 12 semanas de gestación". Se trata, detalla, de una carrera a contra reloj. 

Agrega que otra de las situaciones que impiden el acceso a este derecho es que algunas solicitudes han sido presentadas durante los continuos paros de labores en el sector salud.

Salud, en paro

GIRE documentó que durante una asamblea permanente  de  médicos en el Hospital Civil, la solicitud de Mónica fue recibida, pero nunca tuvo respuesta. Por ello,  la víctima tuvo  que solicitar un juicio de amparo para demostrar que el periodo permitido (de 12 semanas) iba a pasar y no había recibido una respuesta.

El embarazo de Mónica fue  interrumpido por cuenta propia en la Ciudad de México, donde    un total de 326 oaxaqueñas han sido atendidas, ante la imposibilidad de tener acceso a la ILE de forma urgente en su estado, de acuerdo con  el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo.

El caso de Mónica fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y  el 18 de abril de 2018, después de un año, resolvió  el amparo  a favor de la solicitante y señaló una violación de derechos humanos, luego que el hospital no garantizó el acceso a la ILE.

El informe Violencia sin Interrupción de GIRE revela que entre     2009 y 2016, en las entidades  se emitieron 43 autorizaciones de aborto por violación, por parte de las instancias procuradoras de justicia; otras  32 solicitudes fueron recibidas por el sector salud y además se realizaron  63 más.

En esos mismos  años, en Oaxaca se otorgaron seis autorizaciones por parte de la Fiscalía General; pero no hay información disponibles de cuántos de esos procesos se realizaron en el sector salud.