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“GIRE participó en el presente caso mediante asesoría jurídica al Ministerio Público para el cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos reproductivos de Mónica, promover y asegurar el acompañamiento durante el procedimiento médico y su realización por personal capacitado”, cita el informe del año 2013, cuando se documentó el caso.
También se necesita fe ministerial de las lesiones y de constitución física, fe ministerial de la vestimenta de la víctima; dictamen médico, ginecológico, químico y psicológico; así como una solicitud escrita de los tutores si se trata de una mujer menor de edad o con alguna discapacidad.
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Libia Edith Valdés Santiago y Sandra Paredes Arellanes, parte del Consejo Directivo de la organización Ixmucane, que trabaja en coordinación con GIRE en temas de género, explican que no todas las oaxaqueñas logran acceder a la ILE.
“En la mayoría de las entidades el aborto sigue siendo un delito. No obstante, en Oaxaca existe la posibilidad de una interrupción legal siempre y cuando se trate de una causal no punible, es decir, cuando se trata de una violación o de una situación que ponga en riesgo la vida de la mujer”, explica la abogada Valdés Santiago.
"Existe una falta de armonización legal, pues a pesar de que la legislación mexicana permite el acceso a la interrupción médica del embarazo, ésta puede aplicarse sólo hasta las 12 semanas de gestación". Se trata, detalla, de una carrera a contra reloj.
Agrega que otra de las situaciones que impiden el acceso a este derecho es que algunas solicitudes han sido presentadas durante los continuos paros de labores en el sector salud.
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GIRE documentó que durante una asamblea permanente de médicos en el Hospital Civil, la solicitud de Mónica fue recibida, pero nunca tuvo respuesta. Por ello, la víctima tuvo que solicitar un juicio de amparo para demostrar que el periodo permitido (de 12 semanas) iba a pasar y no había recibido una respuesta.
El embarazo de Mónica fue interrumpido por cuenta propia en la Ciudad de México, donde un total de 326 oaxaqueñas han sido atendidas, ante la imposibilidad de tener acceso a la ILE de forma urgente en su estado, de acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo.
El caso de Mónica fue llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el 18 de abril de 2018, después de un año, resolvió el amparo a favor de la solicitante y señaló una violación de derechos humanos, luego que el hospital no garantizó el acceso a la ILE.
El informe Violencia sin Interrupción de GIRE revela que entre 2009 y 2016, en las entidades se emitieron 43 autorizaciones de aborto por violación, por parte de las instancias procuradoras de justicia; otras 32 solicitudes fueron recibidas por el sector salud y además se realizaron 63 más.
En esos mismos años, en Oaxaca se otorgaron seis autorizaciones por parte de la Fiscalía General; pero no hay información disponibles de cuántos de esos procesos se realizaron en el sector salud.
