Tortura y malos tratos, vigentes en las cárceles de Oaxaca
33 % de presos son víctimas de tratos crueles y tortura al interior de los penales; robo, lesiones, extorsión o delitos sexuales son los que más padecen
Las personas recluidas en cárceles de Oaxaca son víctimas de tortura, y tratos crueles y degradantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y las quejas presentadas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
El 22 de febrero, internas del Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil, en San Francisco Tanivet, realizaron una huelga de hambre para denunciar malos tratos de directivos y custodios del penal, así como amenazas, incomunicación, tortura, retraso en sus procesos judiciales, prohibición para recibir visitas, aislamiento, desabasto de medicamentos y prohibición de llamadas telefónicas.
No se trata de un hecho aislado
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Inegi detalla que de las 5 mil 606 personas recluidas en Oaxaca, mil 860 fueron víctimas de algún delito, 33% del total.
Dicha encuesta, presentada en noviembre pasado, recupera datos recopilados durante 2016, los cuales indican que entre los delitos que los presos padecen están el robo de objetos personales (mil 466 casos), lesiones (538), amenazas (440), extorsión (233) y delitos sexuales (96).
Además, 347 personas fueron víctimas de corrupción, la mayoría (68.4%) ejercida por custodios a cambio de un beneficio. Estas prácticas no son denunciadas, agrega el estudio, principalmente por temor (31.4%), pero también porque los reclusos consideran que “la corrupción es una práctica común” (26.6%) y “sería inútil” (20.2%), entre otras razones.
Los hallazgos del Inegi, respecto a las condiciones de personas privadas de la libertad en cárceles estatales, están respaldados en los expedientes de la defensoría de Oaxaca.
De acuerdo con la DDHPO, entre 2017 y 2018 se presentaron 36 quejas de reclusos: 14 acusan tratos crueles, inhumanos y degradantes (nueve en 2017 y cinco en 2018), 20 señalan incomunicación (11 casos en 2017 y nueve en 2018) y dos de tortura.
Para Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la DDHPO, aunque de los 36 casos sólo dos acusan directamente tortura, todas las quejas deben considerarse como tal, pues cumplen con dichas características.
El visitador explica que en los centros de reclusión la tortura es un método utilizado aún por las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia, como parte de sus investigaciones, así como para “satisfacer” a personas o autoridades.
“Es una afectación física y psicológica. Tenemos casos tendientes todavía a menoscabar la dignidad de una persona que pueden considerarse como tortura”, dice el visitador.
La realidad supera cifras
Aunque la información del Inegi y la defensoría brinda una aproximación al problema, el informe “Tortura y malos tratos en el Sistema de Justicia Penal en México: una aproximación a su medición” indica que los números oficiales están por debajo de la realidad que se vive en las prisiones.
Según este documento, presentado en Oaxaca por la World Justice Project México, en el país la tortura está presente en 73% de los arrestos cuando se trata de delitos del fuero federal y 70% si son del fuero común. A nivel nacional, casi en cinco de cada 10 casos, esta práctica se manifiesta con amenazas de cargos falsos, ser desvestido y recibir patadas o puñetazos.
El estudio asegura que con el nuevo Sistema de Justicia Penal se ha registrado una disminución en los casos de tortura durante el arresto y custodia del Ministerio Público, pasando de 81% a 75%. En Oaxaca esta reducción va de 74% a 66%.
Para Alba Cruz Ramos, dirigente del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, esta reducción no es suficiente, pues “todavía muchas autoridades, sobre todo la policía investigadora, siguen reproduciendo formas y vicios de la policía judicial”.
Por ello, asegura, organismos civiles, en coordinación con la DDHPO, impulsan un monitoreo para prevenir la tortura en cárceles oaxaqueñas. Explica que la documentación de los casos corresponderá a la defensoría y perseguirla como un delito, a la Fiscalía General. Pese a que ya se presentó el proyecto, aún no hay fecha para su arranque.
