Roban datos y defraudan a un centenar de profesores
Les adjudicaron adquisición de créditos falsos con la empresa HXTI; por suplantación de identidad, la Condusef se declara incompetente
El 14 de septiembre de 2017, la profesora Rocío Vásquez Hernández acudió a la institución bancaria Santander en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz para retirar el pago de su quincena; pero al revisar su estado de cuenta, descubrió que su sueldo quincenal no estaba depositado completo.
No le dio importancia, en un principio, al creer que se trataba de un error en el sistema; el 29 de septiembre acudió de nueva cuenta a retirar su salario, pero otra vez estaba incompleto.
Decidió acudir a las oficinas de pagos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) ubicadas en la capital del estado. Ahí le informaron que se le estaba descontando un crédito que supuestamente ella había solicitado pero que nunca autorizaron.
Rocío Vásquez es parte de un grupo conformado por al menos un centenar de profesores de Oaxaca adheridos a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que fueron víctimas de fraude por la empresa HXTI S. A. de C. V., una institución financiera dedicada a otorgar préstamos o créditos.
La identidad de los maestros fue suplantada para la contratación de préstamos superiores a los 100 mil pesos y quincenalmente el IEEPO les descuenta cantidades de alrededor de tres mil pesos de su salario quincenal.
Cada una de las denuncias fue presentada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de Delitos Patrimoniales del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y a las cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Las autoridades del IEEPO le informaron a Rocío Vásquez que otros profesores pasaban por la misma situación con la misma empresa y, le recomendaron ir a las oficinas de HXTI S. A. de C. V. para recibir una explicación; pero no encontró al representante de la financiera llamado José Guadalupe y ahí le recomendaron hacer un oficio dirigido a la empresa para pedir una explicación sobre el crédito que presuntamente ella autorizó y solicitar la devolución de los descuentos.
Posteriormente un segundo representante de nombre Marcelino le dijo que su caso se resolvería en 20 o 40 días y si resultaba favorable, se le cancelarían los descuentos y se devolvería el dinero. Hasta la fecha, continúan los descuentos quincenales.
El contrato con la empresa fue realizado por la Sección 22 del SNTE con la empresa HXTI S. A. de C. V. para la prestación del servicio a los profesores, por lo que la maestra también fue a quejarse con su sindicato; pero ahí la abogada del sindicato, Edith Santibáñez, únicamente le dijo que interpusiera la denuncia penal.
A Rocío Vásquez le descuentan quincenalmente tres mil 322 pesos por un crédito de 116 mil 500 pesos a una plazo de 120 pagos quincenales, que nunca contrató. Hortencia Hernández Hernández, otro de las profesoras defraudadas, recibe un descuento igual por un préstamo por la misma cantidad.
En la comparecencia ante la Condusef, Adalberto Soriano Ramírez, apoderado legal de la HXTI S. A. de C. V., presentó pruebas de la contratación de los créditos.
Sin embargo, entre sus pruebas destacan fotografías de mujeres y hombres que no corresponden a los profesores defraudados y copias de credencial de elector alteradas y firmas falsas, según se desprende de los expedientes a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
“No estoy de acuerdo con el informe presentado por el apoderado legal de HXTI S. A. de C. V. SOFOM E. N. R., ya que las firmas estampadas en los contratos no corresponde a la suscrita, de igual manera la identificación con fotografía y la fotografía que anexa no es la suscrita”, respondió Rocío Vásquez, en la comparecencia.
La Condusef se declaró incapaz para resolver el caso por tratarse de un asunto penal ante la suplantación de identidad; mientras que el IEEPO se ha negado a suspender los descuentos a favor de la empresa financiera.
En tanto, los profesores demandaron a la empresa por los delitos de fraude, falsificación de documentos, robo y suplantación de identidad.
