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Con la nueva estructura, las comunidades verán afectado su acceso al agua, al territorio y a sus formas de vida, acusan activistas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Al menos 67 proyectos hidroeléctricos en el estado de Oaxaca significan una amenaza para los territorios indígenas, advierte Ana María García Arreola, del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa).
Explica que en Oaxaca más de 80% de la tierra es propiedad ejidal y comunal, mientras que los proyectos para la producción y comercialización de energía, bajo el nuevo marco legal, desconocen los derechos agrarios mediante la expropiación.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Energías Renovables (Inere), elaborado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener), se han identificado posibles proyectos de inversión “verde” en territorio estatal.
El modelo, acusa, sólo privilegia a las grandes empresas nacionales y extranjeras que puedan cumplir con los requisitos de sostenibilidad financiera.
“Estamos, evidentemente, ante una asimetría en la relación empresa, Estado, pueblos y comunidades, dejando a estos últimos sin mecanismo de defensa de sus derechos y donde el Estado abandona progresivamente la responsabilidad de protección de esos derechos”.
Con la reforma energética se permite la entrada de empresas a todas las etapas del proceso productivo, lo cual representa oportunidades de negocios, pero una amenaza para los territorios.
El impulso a la política de “energía limpia”, explica, promueve la captación de recursos a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) “para el cumplimiento de metas contra el cambio climático”.
“En este año se realizó la primera subasta de 6.3 millones de Certificados de Energías Limpias (CEL), por parte de CFE para empresas privadas, que concluirá con la asignación de contratos a largo plazo, de 15 a 20 años”.
La activista asegura que, de acuerdo con expertos, hay un problema en la definición de energías limpias en las leyes mexicanas, por ejemplo, incluyen a las hidroeléctricas y la energía nuclear, sin considerar que éstas ocasionan raves impactos ambientales.
García Arreola sostiene que la nueva estructura del sector energético en México se contrapone con todos los avances en materia de derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos. Esto significa, acusa, que las comunidades verán afectadas su acceso al agua, al territorio y a sus formas de vida y organización.
Juez y parte
“En la reforma energética se incorpora la consulta como un requisito [a pesar de que esta reforma no fue consultada], en su implementación los gobiernos y las empresas son juez y parte, conducen el proceso y encaminan a la negociación sin posibilidad de veto o cancelación. Esta situación contraviene los principios de la consulta y la jurisprudencia internacional en la materia”, sostiene.
Aunque la Ley de la Industria Eléctrica incorpora un nuevo estudio de Impacto Social al conjunto de requisitos, este es realizado por las empresas sin que las comunidades puedan tener acceso a los resultados del estudio, ni argumentar en los mismos. Además, los resultados no son considerados para el otorgamiento de los permisos.
A ello se suma, advierte García Arreola, que existe una gran opacidad en la información de las empresas, pero también en la información que el gobierno mexicano brinda, en cuanto a los proyectos a ejecutarse en estos territorios.