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Estos entes serían los responsables de la lucha contra la corrupción, misión para la que apenas se les incrementó el presupuesto, o ni siquiera les asignaron recursos.
En 2017, por ejemplo, el Poder Legislativo asignó para la entonces Auditoría Superior del Estado 71 millones 300 mil pesos, este año al ya renombrado Órgano Superior de Fiscalización apenas le destinaron 4 millones más, un incremento de 5.6%. Lo mismo se repitió en el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP), donde a pesar del aumento de tareas del Sistema, los diputados tuvieron el mismo presupuesto del año anterior: 28 millones 212 mil 990 pesos. Mientras que al Consejo de la Judicatura, que recibió en 2017 651 millones 93 mil pesos, le subieron 1.3% y quedó en 660 millones 58 mil pesos.
El fiscal Anticorrupción denuncia que el ente no sólo carece de recursos propios, sino que en fechas recientes el poco personal con el que contaba ha sido reasignado, e incluso despedido.
Con más de 2 mil 200 carpetas de investigación abiertas contra funcionarios, señala que es prácticamente imposible trabajar sólo con tres ministerios públicos y dos policías investigadores. Inclusive, reconoce que siete investigaciones que pudiesen turnarse al juez permanecen a la espera, por falta de personal.
Los órganos que son la excepción son la Secretaría de la Contraloría, a la que le fueron presupuestados 16 millones 317 mil pesos más que en 2017, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que este año recibió por primera vez un recurso propio por 42 millones 491 mil pesos.
Pero el presupuesto no es el único punto débil. Desde su integración, el Sistema Estatal Anticorrupción ha registrado múltiples señalamientos, tanto en la conformación de los nuevos entes — por ejemplo, el Comité de Participación Ciudadana—, como por la transformación de la Auditoria estatal en Órgano Superior Fiscalizador.
Al respecto, Víctor Leonel Martínez, presidente de la asociación Nosotroxs, denuncia la complicidad de la clase política para evitar que se combata a este problema. Asegura que los nombramientos, efectuados por el Congreso, de quienes forman parte de los nuevos entes “no obedecen a la experiencia o capacidad”, sino que están sujetos a cuotas e “intereses partidistas”.
Afirma que “las leyes están bien hechas, pero hay un claro interés en que el Sistema no funcione para menoscabar el trabajo de la sociedad civil que lo impulsó”. Es por esa razón, asegura, que no hay recursos para su operatividad, por lo que entes como la Fiscalía Anticorrupción sólo se tratan de “elefantes blancos que tienen como objetivo blindar a los servidores públicos”.
A pesar de estas carencias, desde el arranque del Sistema Anticorrupción, en Oaxaca han sido detenidos cuatro ex secretarios del gobierno de Gabino Cué: el de Salud, Germán Tenorio; dos titulares de Finanzas, Gerardo Cajiga y Arnaud Viñas, así como el de Transporte, Carlos Moreno.
Lo anterior, pese a que en múltiples ocasiones el senador Benjamín Robles ha afirmado que presentó una denuncia directa contra Cué, pero reconoció en entrevista que la querella, en realidad, fue en contra del ex secretario de Administración, Gerardo Vargas, de Jorge Castillo y de corresponsables.
