Era casi el mediodía del 20 de enero de 2015 cuando Nelson L. conducía un Volkswagen tipo Derby 2003 en Santiago Matatlán, con la intención de comprar cocaína a un supuesto vendedor identificado como Wildemar.
Al llegar a la población, tres vehículos se le emparejaron y uno de ellos le cerró el paso. Luego, de un automóvil gris descendieron varios hombres vestidos de civil que lo obligaron a orillarse.
—Me preguntaron por la droga que llevaba, les dije que no traía, que iba a comprarla. Uno de ellos me da una patada entre las piernas, exigiendo que dijera quién me vendía la droga.
Según Nelson, pensó que al decir el nombre del vendedor saldría ileso, lo que no sabía es que entre esos hombres estaba Wildemar y menos que se trataba de policías.
—Uno de ellos se dirige a otro y lo llama Wildemar. Luego le pregunta si quería que me desaparecieran o meponían la droga, recuerda Nelson.
Los hombres escogieron la segunda opción y mientras dos se llevaban a Nelson en un Jetta blanco, los demás colocaron la cocaína en su carro. Lo que siguió fueron 24 horas de golpes y malos tratos para que aceptara un crimen que no había cometido.
Por su caso, en mayo de 2017 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 05/2017, en la que tras dictámenes médicos demostró que Nelson L. fue víctima de tortura por elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
Como el caso de Nelson, de enero de 2015 a junio de 2018 la DDHPO ha iniciado 137 quejas por casos de tortura. La cifra, advierten organismos civiles, podría ser mucho mayor.
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A Nelson L. los policías le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y lo golpearon en costillas y piernas. Tras aproximadamente una hora lo llevaron a un cuarto blanco donde le pidieron firmar unos documentos que nunca pudo leer. Por su negativa, los golpes comenzaron de nuevo hasta que Nelson lloró de dolor.
Los policías, mientras tanto, lo amenazaban diciéndole que si no firmaba le dispararían. Luego, otra vez la bolsa en la cabeza y la torcedura de un brazo.
—¿Firmas o le seguimos?, recuerda Nelson que lo amenazaban. Pese a ello, se negó otra vez y repitieron la tortura en dos ocasiones más.
—¡Te vamos a matar si no firmas, nadie reclamará a un vicioso!, dice Nelson que le advirtieron.
Tras varias horas bajo tortura, los policías le dijeron a Nelson que “se había salvado” y que lo llevarían ante el agente del Ministerio Público, “total, que ya iba bien cargadito y no iba a salir”.
Nelson agrega que cuando intentó pararse no pudo por el dolor y, como castigo, volvieron a golpearlo. Luego, lo subieron al Jetta blanco y le taparon la cara. Finalmente, lo ingresaron al Centro de Operaciones Estratégicas de la Procuraduría General de la República (PGR). Hasta el día siguiente pudo ver a sus familiares.
No se denuncia
Sara Pilar Méndez Morales, integrante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, sostiene que muchos de los casos como el de Nelson no se denuncian porque la mayoría de la población carece de información sobre qué es la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tampoco saben que constituyen un delito.
De acuerdo con Méndez Morales, también consejera ciudadana de la defensoría, además de las quejas abiertas por este órgano, la Fiscalía General tiene registro de 156 casos de tortura anteriores al sistema de justicia adversarial y otros 29 expedientes posteriores a su entrada en vigor. Todos contra funcionarios del Estado.
Sobre las víctimas de tortura AsiLegal, organismo dedicado a la defensa de los derechos humanos, estima que la mayoría pertenece a poblaciones originarias. Según sus datos, de las mil 174 personas indígenas presas, 50% sufrieron este delito.
Según el informe ciudadano “Bajo ataque los derechos humanos en Oaxaca”, aunque desde el 26 de junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (LGPIST), hasta ahora no existe ninguna pena en la entidad.
Una de las causas, señala, es que la misma autoridad acusada es quien investiga a sus propios elementos, tanto en el ámbito federal como en el estatal.
En el caso de Nelson L., la defensoría demandó a la SSPO iniciar un procedimiento administrativo contra los policías estatales que ejercieron la tortura y contra el médico que omitió certificar las lesiones, así como reparar el daño causado, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Víctimas. También exigió un acto de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa pública para Nelson. Nada se ha cumplido.
