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“Nosotros estamos esperando que Contraloría termine algunas auditorías que empezó el año pasado. Como tal, nosotros no queremos meternos y decir si está bien hecho o no, hasta no saber que el expediente está bien”, apunta.
Hernández Ramírez agrega que en cuanto se acaben las auditorías analizarán “si vale la pena o no continuar con el proyecto; pero no queremos continuar con algo que hasta el momento no sabemos cómo está de origen”.
Este abastecimiento de agua se lograría teniendo como fuente el río Atoyac, “aprovechable mediante la construcción de una presa de almacenamiento que garantice los caudales requeridos durante todo el año”. Para ello, se requería levantar una presa de enrocamiento con cara de concreto de 75 metros de altura.
El costo incial se fijó, según el convenio con la Conagua, en 3 mil 341 millones de pesos: 941 millones por la presa de almacenamiento, mil 700 millones por un acueducto y ramales de entrega y 700 millones por la “Mejora Integral de la Gestión”. Luego de siete años, el costo se elevó a 5 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con la CEA.
La obra ha sufrido varios contratiempos, uno de ellos es el conflicto agrario entre Sola de Vega y San Vicente Coatlán, poblaciones que disputan la propiedad de 40 hectáreas de tierra, que divide precisamente el río Atoyac.
Este conflicto, reconoce el titular de la CEA, es uno de los factores principales que tienen parada la obra, pues además de disputarse los terrenos donde pasa la presa, varios municipios también reclaman la propiedad de las tierras por donde cruza el acueducto y “hasta hay personas fallecidas por el tema de la propiedad de los terrenos”.
Pero no es la única causa. En abril de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera “total temporal” el proyecto hidráulico de la presa de Paso Ancho, por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la cual otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Fue la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat la que negó la autorización porque el proyecto “Cortina Presa Paso Ancho” afectaba 1.0251 hectáreas, y porque el Gobierno de Oaxaca “no presentó información técnica y documentación legal faltante”. La empresa Tradeco Infraestructura —responsable de la obra— aceptó no tener permiso de uso de suelo ni estudio de impacto ambiental, por lo cual le aplicaron multas por 350 mil y 300 mil pesos, respectivamente.
“Si surgen anomalías en las investigaciones o auditoría que realiza la Contraloría, la tenemos que parar en su totalidad hasta que no se solventen las irregularidades que surjan”, señala el titular de la CEA, Benjamín Hernández.