Disputa en el Istmo por los daños ambientales a consecuencia del huachicol
Tras una semana de bloqueos Pemex aceptó pagar por la contaminación causada hasta 2017
El olor a gasolina preocupó Eleazar Cruz Santos cuando acudió a ordeñar a sus vacas la mañana del 10 de julio. Preguntó a los ganaderos vecinos y, entre todos, confirmaron que se trataba de un derrame de gasolina producido por una toma clandestina en uno de los poliductos de Pemex que atraviesa el Corredor Transístmico, desde Veracruz, al puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
El derrame del combustible había alcanzado los pastizales donde comían sus 100 cabezas de ganado bovino, así como las aguas del arroyo El Sesenta donde bebían agua, tal y como ya había sucedido en 2015. Por toda esa contaminación Eleazar, junto con Jaime García, otro ganadero afectado, demandó a Pemex el pago por las afectaciones ambientales. No hubo respuesta.
En consecuencia, ganaderos y campesinos del poblado Tolosita, que pertenece al municipio de Matías Romero, bloquearon la carretera federal Transístmica por cuatro días. “La gente se cansó ante la insensibilidad de los funcionarios de Pemex”, señala el agente municipal de la comunidad, Gabriel López Rosado.
Tras la presión de los pobladores, Pemex pagó los daños ocasionados en ese mismo arroyo y áreas de pastizales, pero sólo los de 2015 y dejó pendiente la indemnización de las afectaciones causadas por el derrame de combustible de julio de este año, acusa el agente municipal.
Al igual que los ganaderos, pobladores de comunidades como Estación Sarabia, Paso Real y Mogoñé Viejo, del municipio de San Juan Guichicovi, también esperan la respuesta de la petrolera sobre la contaminación que el huachicol ha dejado en su territorio y la falta de respuesta ha detonado en bloqueos y manifestaciones.
Entre el lunes 10 y el viernes 13 de diciembre, campesinos y ganaderos de comunidades de San Juan Guichicovi mantuvieron cerrado el paso vehicular en la carretera Transístmica, bloqueando la circulación entre el Istmo oaxaqueño con las poblaciones del sur de Veracruz. La causa fue de nuevo el reclamo a Pemex por los daños ambientales que deja el huachicol.
Raynel Ramírez Mijangos, presidente electo de San Juan Guichicovi, quien asumirá el cargo el próximo 1 de enero, exigió a los funcionarios del área de ductos de Pemex que atiendan los reclamos de los campesinos y ganaderos de la región que demandan el pago de afectaciones por la contaminación de sus arroyos y áreas de pastizales, producidas desde 2015.
La preocupación de los habitantes está justificada si se considera que se trata de un problema que crece, pues hasta septiembre de este año eran mil 636 las tomas clandestinas localizadas en Oaxaca, de acuerdo con el reporte que Pemex emite mensualmente.
En el caso del Istmo de Tehuantepec, el robo de combustible registra un incremento constante. Mientras en 2017 la empresa petrolera informó sobre la detección de 69 tomas clandestinas, hasta septiembre de este año se contabilizaban 113, lo que ha dejado una estela de protestas sociales derivadas de los daños ambientales.
“Lamentablemente, el robo de gasolinas va en aumento ante la falta de vigilancia por parte de Pemex, y con ello crecen los reclamos de los campesinos y ganaderos que tienen afectaciones en sus cultivos de maíz y en sus potreros”, señala el asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres.
El dirigente también alerta que está creciendo el nivel de inseguridad por la disputa violenta entre los huachicoleros, principalmente en municipios como Matías Romero, El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa y en San Juan Guichicovi.
Tore Knape Macías, especialista en protección civil y rescate, explica que además de problemas ambientales y sociales, en la zona norte del Istmo el huachicol trae complicaciones como el desabasto de combustible. Desde el miércoles, por ejemplo, la gasolinera de Palomares se quedó sin gasolina Magna ni Premium porque las pipas no lograron pasar.
Beas Torres, el asesor de Ucizoni, está de acuerdo y agrega que el problema se agrava porque el gobierno de Oaxaca y los diputados locales y federales de la entidad “no tienen la fuerza para sentar a Pemex en una mesa de diálogo para que atienda las exigencias de los afectados por los derrames producidos por el robo de combustible”.
Acusa que la situación tampoco es atendida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), instancia encargada de estar al pendiente este tipo de contingencias y que dispone de protocolos para intervenir frente derrames, pero que en el Istmo no tiene oficinas ni personal.
Tras bloqueos, en una mesa de negociación el viernes, Pemex se comprometió a pagar por los daños que dejó el huachicol entre 2015 y 2017. Los afectados de este año tendrán que seguir esperando.
