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La mayoría de las amenazas fueron recibidas a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto a sus celulares; en otros casos, particularmente el de la candidata a diputada local por el Partido Social Demócrata (PSD) en el distrito de Santa Lucía del Camino, un sujeto encañonó con un arma de fuego a su hermano cuando realizaba actividades de campaña.
En 20 de las agresiones fueron contra opositores del partido gobernante y 11 del partido gobernante.
Durante el periodo del 8 de septiembre de 2017 al 8 de mayo de 2018 contabilizó en el estado 16 asesinatos de políticos, uno de ellos candidato y el otro precandidato, nueve casos de intimidaciones y amenazas, un caso de agresión de arma de fuego, un herido por arma de fuego, dos agresiones físicas y dos atentados contra familiares de políticos.
“Lo que los candidatos han hecho y a veces auspiciados por nosotros mismos para que tengamos la capacidad de actuar como Fiscalía es presentar sus denuncias y abrir las carpetas, para primero dar con los responsables, primero, y segundo, para propiciar una medida de protección y en 10 carpetas nosotros hemos dictado medidas de protección”.
Estas medidas de protección consisten en vigilancia perimetral o en el lugar en que realizan sus actos de campaña, y en vigilancia personal.
“En virtud de la medida de protección dictada por el Ministerio Público, quien dicta la medida de protección es el MP y quien ejecuta a través de sus elementos es la Secretaría de Seguridad Pública”.
Sin embargo, asegura, que los niveles de riesgo que han detectado no son mayúsculos y agrega que ningún candidato ha manifestado hasta el momento, después del análisis efectuado para dictar las medidas de protección, un riesgo grande como para ser afectada su vida. “Hasta este momento por lo menos”, dice.
Manuel Pérez Morales, presidente del Comité Directivo Estatal del PSD, precisó que entre ellos se encuentran los candidatos de San Bartolomé Ayautla, Santa María Tonameca, Putla Villa de Guerrero, Santa Lucía del Camino y Santa María Huatulco.
Las agresiones y amenazas, aseguró, provienen de militantes o representantes de los partidos Nueva Alianza (PNA), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Revolucionario Institucional (PRI).
La presidente del PMR, Guadalupe Díaz Pantoja, informó que su partido solicitó medidas de protección para cinco de sus candidatos que se encuentran bajo algún tipo de amenazas en Putla Villa de Guerrero, Salina Cruz y San Juan Bautista Tuxtepec, entre otros.
No obstante, denunció que el gobierno de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) han sido omisos para dar cauce a las medidas de seguridad que se solicitaron para los candidatos.
Por su parte, el presidente del PSD informó que solicitarán medidas de protección o seguridad para sus candidatos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado a brindar seguridad e investigar las amenazas de muerte.
A estas declaraciones, el fiscal Rubén Vasconcelos respondió que la Fiscalía actúa sólo cuando hay una denuncia o se inicia una carpeta de investigación abierta.
“Nosotros no podemos intervenir en ningún caso si no hay denuncia o bien la apertura de una carpeta de investigación que puede ser incluso de oficio. En el caso del PSD yo mismo atendí a la candidata de Santa Lucía del Camino, porque sufrió una amenaza; ya vino a interponer su denuncia y ya dictamos para ella una medida de protección.
“Desconozco, además porque yo hablé con Manuel esa misma tarde que sucedieron los hechos, desconozco si hay otros cuatro casos, o no los ha denunciado. En el caso del PMR, lo mismo. Es decir, a lo mejor ha hecho alguna denuncia en otro ámbito pero no en la Fiscalía”.
Rubén Vasconcelos insistió en que para que se activen los servicios de la Fiscalía y se dicten medidas de protección, debe haber una denuncia; explicó que es el Ministerio Pública que dicta estas medidas y la Secretaría de Seguridad Pública está obligado a cumplirlas.
