En 2011, un grupo de trabajadores municipales de Loma Bonita, en la Cuenca del Papaloapan, comenzó una batalla por la defensa de sus derechos laborales, luego de ser despedidos por la autoridad.
Para 2014, el caso llegó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por violaciones al acceso a la justicia, la seguridad jurídica y al trabajo, pues, aunque la Junta de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado determinó despido injustificado, la autoridad municipal se negó a pagar el daño, por lo que se emitió la recomendación número DDHPO/020/RCP/(26)/OAX/2014, que el ayuntamiento no aceptó.
Como éste, desde mayo de 2011, existen otros 34 casos de municipios que han recibido recomendaciones por parte de la DDHPO por violentar derechos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal, a la legalidad, la igualdad, al trato digno, a la seguridad personal, a la libertad de privacidad, a la de culto y hasta a la vida y acceso al agua potable.
Los señalamientos emitidos a las autoridades municipales de Oaxaca representan 31% de las 112 recomendaciones que la defensoría ha emitido desde la pasada administración y en los 21 meses de la actual.
De los 35 casos, donde se señala a los ayuntamientos como la principal autoridad violatoria, sólo en cuatro casos los ayuntamientos han cumplido lo recomendado; en 25 casos fueron aceptadas, pero siguen en proceso de concretar las medidas para resarcir el daño a los agraviados y en cuatro expedientes más han rechazado las medidas. Se trata de los municipios de San Juan Mazatlán Mixe, en la Sierra Norte; Loma Bonita, en la Cuenca, y Oaxaca de Juárez y San Sebastián Tutla, en los Valles Centrales.
En los dos casos de este año, autoridades no ha determinado si aceptan o no la recomendación.
2011, año con más incidencias
Fue en 2011, al inicio de la administración de Gabino Cué, cuando la DDHPO emitió el mayor número de recomendaciones: 10, seguido de 2014 con seis, mientras que en 2012 y 2013 fueron cinco; tres en 2016; en 2017 y 2018 dos respectivamente.
El director de Quejas y Seguimiento a Recomendaciones de la DDHPO, Adán Ojeda Alcalá, señala que la disminución de estos procedimientos se debe a que el organismo defensor ahora busca los mecanismos necesarios para resolver los conflictos entre los agraviados y las autoridades antes de emitir una recomendación.
Apunta que, aunque el número de casos en cumplimiento es reducido frente al total de quejas, acatar las recomendaciones recurrentemente no es posible para los ayuntamientos por factores ajenos a ellos, como la reparación de daño económica, pues se excusan en la falta de ingresos.
Para el coordinador de Visitadores, Juan Rodríguez Ramos, el panorama respecto al tipo de autoridades señaladas como violatorias de derechos humanos no ha cambiado, pues en cada año se ha emitido una recomendación para los ayuntamientos.
Agrega que en algunos casos, los ayuntamientos, como el de Oaxaca de Juárez, han acumulado hasta siete recomendaciones, sin que ninguna sea cumplida. Incluso, este municipio no aceptó una y fue por orden de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que el caso concluyó a favor de la víctima. Otro ejemplo es el de Santa Cruz Xoxocotlán, que ha recibido tres recomendaciones, ninguna cumplida.
Rodríguez Ramos atribuye la reincidencia a que son municipios donde la gente tiene más acceso a la información sobre sus derechos, al igual que facilidad para acudir a las instancias de gobierno a defenderlos.
De las 112 recomendaciones emitidas por la DDHPO, el resto lo concentran tres dependencias: la Fiscalía General con 26, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) con 21, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) con 19 y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) con 12.
Del total de señalamientos emitidos desde 2011, sólo ocho han concluido, el resto se cumplimiento a través de la intervención de la DDHPO.