Pagó eólica 65 mdp por licencia de construcción
Pese a que el proyecto de la empresa española Eólica del Sur está bajo proceso judicial, municipio de Juchitán aprobó el cambio de uso de suelo
La empresa española Eólica del Sur pagó al Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza 65 millones de pesos por concepto de cambio de uso de suelo y licencia de construcción para un nuevo parque eólico, cuya instalación está bajo un proceso judicial y la solicitud de amparo fue atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como respuesta a una solicitud de transparencia, el Ayuntamiento de Juchitán confirmó el pago de los 65 millones por parte de la empresa española, pero aseguró que los recursos no se entregaron, por la construcción del proyecto y la instalación de los aerogeneradores.
Pese a esa explicación, las autoridades de Juchitán se negaron a responder en qué rubros se invertirá el dinero que fue cobrado a Eólica del Sur, por el cambio de uso de suelo y licencias de construcción.
Este cobro fue denunciado el 24 de agosto de 2017, cuando la síndica hacendaria de Juchitán de Zaragoza, María Cruz Vásquez, aseguró que el cobro de 65 millones de pesos se realizó “en lo oscurito” y que fue un pacto sólo entre las autoridades municipales y la compañía energética, en el que no se tomó en cuenta a los pobladores.
Fallo histórico
En enero pasado, se dio a conocer que la SCJN, en un fallo que se consideró inédito a favor de pueblos indígenas, atrajo el amparo promovido por zapotecas de Juchitán en contra del proyecto Eólica del Sur, tras una solicitud de organizaciones civiles nacionales e internacionales.
En su fallo consideró que se violaron los derechos a la libre determinación, al territorio, la consulta y el consentimiento libre e informado, y porque el proyecto eólico podría producir afectaciones ambientales en su comunidad.
Dicho amparo fue presentado en contra de los permisos otorgados por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), contra el proyecto Eólica del Sur.
Dicho proyecto se desarrolla actualmente en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, del Istmo de Tehuantepec.
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (Apoyo) sostiene que se interpuso el amparo colectivo 454/2015 en septiembre de 2015, “por violar el derecho del pueblo indígena Binizá a la consulta previa”.
Desde entonces ese amparo se encontraba en análisis para su atracción ante la SCJN.
“Rechazamos enérgicamente la construcción del parque de Eólica del Sur y repudiamos la actitud servil del gobierno federal, estatal y municipal ante las empresas e inversionistas”, sostiene la organización Apoyo.
Permisos anticipados
El pasado 22 de noviembre la organización Apoyo acusó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, junto a empresarios e inversionistas, de colocar “la primera piedra” y con ello permitir la construcción del parque de Eólica del Sur.
También destaca que se anunció un avance de 22% en las obras, “sin importarles que aún existe un proceso legal pendiente en la Suprema Corte de Justicia”.
De acuerdo con la organización, faltó información a las comunidades indígenas, que los permisos entregados a la empresa se realizaron de manera anticipada y que la consulta indígena que se realizó no se llevó a cabo conforme lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, de manera “libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe”.
De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, el proyecto de energía Eólica del Sur, que se realiza en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, contempla una inversión superior a los 21 mil millones de pesos para la construcción de los 132 aerogeneradores que incluye el proyecto y que producirán 396 megawatts de energía limpia.
La empresa, por su parte, sostuvo en un comunicado que este es el primer proyecto que se realiza con la aprobación de las comunidades involucradas, después de una consulta indígena, “cumpliendo así con los tratados internacionales que buscan garantizar los derechos de los pueblos originarios”.
Uno de los beneficios de este proyecto, agregó, “es que a la fecha ha permitido generar más de 600 empleos directos que han beneficiado a los habitantes de la región”.
